+El eterno incremento en el precio de las tortillas de cada inicio de año; Las videocámaras de “seguridad” que cada vez son más inseguras

La frase:

Hay tortillas blancas, amarillas, azules, rojas y de otros colores, pero lo cierto es que quienes las producen amenazan con incrementar su precio.

CONSUMIDOR PAGANO

A la ya larga lista de golpes económicos que la mayoría de los mexicanos han enfrentado al inicio del año 2026, habrá que sumar uno más. Este se registrará previsiblemente en uno de los alimentos más importantes para la dieta nacional: las tortillas.

De acuerdo con versiones de integrantes de la Asociación de Industriales de la Masa y las Tortillas, organización que agrupa a la mayoría de los establecimientos en los que se comercializa ese alimento básico, en las próximas semanas el kilogramo de tortillas podría registrar que rondará del 8 al 15 por ciento.

Si usted compra de manera ordinaria este alimento sabrá que el precio realmente ya no está regulado y mucho menos equilibrado. Se pueden ubicar tortillerías donde el kilogramo del producto se vende desde 12 pesos hasta otros donde el mismo producto se encuentra hasta en 22 ó 23 pesos por kilo.

La variación del precio en el mercado local, según explican los propios molineros, tiene mucho que ver con la calidad del maíz que se utiliza, pues quienes emplean harina de ese grano sí están en posibilidad de abatir los costos de producción y ofrecen al público un producto de una calidad medianamente aceptable, pero a un precio accesible.

Quienes prefieren elaborar este tradicional producto mexicano con 100 por ciento de grano de maíz procesado se enfrentan a la necesidad de elevar el precio al público por arriba de los 22 pesos, pero a eso todavía hay que agregar otros costos de producción, principalmente el uso del gas licuado de petróleo, el cual, por si usted no está enterado, tiene un deslizamiento en su precio mes a mes, por lo que se trata de un insumo que no puede controlarse del todo, pues cada inicio de mes se anuncia el precio que regirá en cada zona y a eso tienen que ajustarse quienes producen tortillas.

Pero detrás de toda esta situación hay otra razón que está incidiendo todavía más en el precio al público al que finalmente se ofrece el kilogramo de tortilla, y este tiene que ver con el precio mismo de la tonelada de maíz, que es el insumo básico en la producción del alimento.

Desde finales del año anterior, el país vivió una serie de movilizaciones de productores agrícolas, quienes reclamaron básicamente dos cosas. Por una parte, la regulación de un precio justo para la producción del maíz, y, por otro lado, la seguridad en las carreteras que se ha vuelto muy complicada, pues cada vez son más los asaltos que sufren quienes movilizan ese tipo de cargas desde los centros de producción, principalmente de Jalisco y Sinaloa.

Hoy los introductores de maíz al mercado nacional tienen que enfrentar hasta 20 ó 30 por ciento de sobreprecio como resultado de los constantes ataquen que sus camiones sufren a lo largo de la red carretera nacional para despojarlos del producto. Robos a mano armada se repiten en todo el país y a final de cuentas eso provoca que el producto llegue cada vez en menor cantidad, lo que encarece hacer tortillas.

También hay otras zonas donde directamente los integrantes de grupos de la delincuencia organizada se han convertido en los únicos que establecen precios y condiciones de venta, pues quien desea movilizar una carga de maíz debe cumplir con un pago previo si desea llegar con bien a su destino. Es decir, es una especie de derecho de piso que se tiene que cubrir para llegar con bien a los mercados de consumo.

Y todos esos derechos también impactan en el precio final de quienes venden tortillas. Es una larga cadena en la que de un modo u otro se ve reflejado un incremento en el precio del producto que, finalmente, todos pagamos si queremos llevar a nuestras mesas ese alimento tan mexicano.

Pues todos esos factores, pero con un deslizamiento al alza, ahora se mezclarán para que se registre un nuevo aumento en el precio del kilogramo de las tortillas, pues el precio del gas sigue al alza de manera mensual y aunque sea cuestión de centavos al final de cuentas impacta en el precio al público.

Habría que aclarar que la situación sobre el precio base de la tonelada de maíz es un asunto todavía no resuelto, el Gobierno Federal, que es la instancia responsable, no ha sido capaz de concluir con la negociación con los productores sobre cuánto tienen que cobrar por su producto, como tampoco los productores de maíz no han logrado fijar un precio justo a los molineros.

Es por demás decir que todos esos factores siguen latentes y que los únicos que terminarán pagando por ese desajuste en la relación precio-producto serán los consumidores, por lo que, de no componerse la situación, en unas cuantas semanas podría dejarse sentir, por lo menos en el Valle de Toluca, un nuevo incremento en el precio del kilogramo de tortillas, el cual, como muchos otros, tendrán que enfrentar sobre todo las amas de casa que realmente hacen milagros con el gasto familiar.

Las videocámaras de seguridad, cada vez son más inseguras

El uso de las nuevas tecnologías ha solucionado muchos de los problemas de la vida cotidiana. Un aspecto relevante en ese sentido es la seguridad pública. Las autoridades, pero también los particulares, cada vez utilizan más las cámaras de videovigilancia para inhibir el accionar de la delincuencia y tratar de mantener a salvo su patrimonio personal y material.

Sin embargo, desafortunadamente, no todas las cámaras de video vigilancia que existen en el territorio estatal o nacional son en realidad utilizadas con fines positivos. Hay más cámaras que se emplean con el propósito de cometer delitos que las que son propiedad de los cuerpos de seguridad para evitarlos.

Hoy en día en cualquier calle de las ciudades del país se pueden ver una serie de cámaras que nadie sabe y mucho menos explica en realidad de quién son, quién las adquiere y quién las colocó, y, sobre todo, con qué fin.

No todas las cámaras de videovigilancia cumplen su función a favor de los cuerpos de seguridad. Es cierto que también los particulares emplean cada vez más estos mecanismos para auto protegerse de quienes roban, secuestran o matan.

Sin embargo, en realidad no existe un padrón que pueda decir con certeza quién está detrás de cada cámara que se observa en las calles, y, cada vez es más frecuente que estos sistemas se utilicen para fines delictivos.

Desafortunadamente ni la misma autoridad federal, estatal o municipal tiene capacidad para saber qué cámaras se utilizan con fines positivos y cuáles no. Es todo un misterio.

Hay cámaras de videovigilancia en sitios públicos que no necesariamente están rotuladas y señalizadas como parte de un equipamiento de algún cuerpo de seguridad pública, y de esas nadie sabe nada, nadie sabe quién las colocó ahí, quien las opera, y a quién le llegan las grabaciones que ahí se generan.

Hoy nos hemos enterado que algunos grupos delictivos tienen desplegada una auténtica red de cámaras de videovigilancia para ellos estar enterados de los movimientos de los cuerpos policíacos; es decir, hay quien vigila a los que nos vigilan, lo cual convierte a este asunto en un galimatías muy complicado de resolver.

Así como le gusta a la autoridad federal, estatal o municipal prácticamente obligar a todos los ciudadanos a cumplir con normas y leyes, debería de obligar a que cada cámara de videovigilancia que hay colocada en calles y avenidas del país cumplan con especificaciones y, sobre todo, estén inscritas en un padrón donde se sepa con certeza quién las puso ahí y con qué fin lo hizo.

Parece ridículo, pero no lo es, hay demasiados sistemas de videovigilancia que no están regulados en la vía pública, y es evidente que no todas sirven para bien de la sociedad. Cuidado, más vale pecar de excesos en materia de protección y seguridad pública, a la posibilidad de abrir un nuevo frente para quienes tienen en el delito su principal fuente de ingresos.