MASIVA PROTESTA DE CIENTOS DE PROPIETARIOS Y EMPLEADOS DE CENTROS DE REHABILITACIÓN

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Por Fátima Chávez

La Plaza de los Mártires se convirtió en el punto de encuentro para cientos de propietarios y trabajadores de centros de rehabilitación y anexos, quienes, provenientes de diversos rincones del país, alzaron la voz para exigir una transformación profunda en el marco legal que rige su labor a través de una marcha pacífica.

La marcha del Aguila de Colón hasta el centro de Toluca, derivó del operativo que realizó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en los municipios de Ecatepec y Naucalpan que dejó como saldo el aseguramiento de 53 Centros de Rehabilitación y ocho personas detenidas por el supuesto delito de trata de personas y privación ilegal de la libertad.

«Las personas detenidas fueron privadas de su libertad en el Reclusoriode Barrientos señaladas por dos delitos sin que hubiera carpetas de investigación, las cuales tuvieron que haberse integrado desde el aseguramiento de los centros de rehabilitación» aseguró Ismael Rodriguez, Representante de Fuerza Nacional en el Estado de México

En una movilización que partió con rumbo a la glorieta de Colón y el primer cuadro de la ciudad, los manifestantes de estados tan distantes como las dos Baja Californias, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y diversos municipios del Valle de Toluca, buscaron visibilizar una realidad que, aseguran, ha sido ignorada por las autoridades sanitarias.

La demanda central de este movimiento es una reforma integral a la Ley de Salud que otorgue un reconocimiento formal a su trabajo. Entre las propuestas más destacadas, los colectivos plantean la creación de un apartado legal que permita la intervención de pacientes con adicciones no funcionales a través de la figura de un tutor, permitiendo así una atención necesaria cuando el individuo ha perdido la capacidad de decidir por sí mismo debido a su consumo.

«Estamos solicitando que a través del tamizaje se pueda diagnosticar el tratamiento particular para cada persona, ya sea de manera ambulatoria o residencial, es decir que sean anexados» apuntó el psicólogo Rodríguez.

Además, insistieron en la necesidad de que el gobierno autorice periodos mínimos de tratamiento de cuatro meses, argumentando que existe evidencia y testimonios de éxito que respaldan que este tiempo es el adecuado para una recuperación genuina.

«Hay centros que necesitan áreas de oportunidad para regularse, no nos negamos porque hay lugares que les hace falta acta constitutiva, aviso de funcionamiento, psicólogos y médicos, sin embargo algunos otros cumplen con todo, por ello nosotros podemos asesorarlos para su funcionamiento» destacó el representante de la Fuerza Nacional.

A pesar de la firmeza de sus reclamos, los representantes del movimiento aclararon que su intención no es evadir el orden, sino todo lo contrario: están a favor de una regulación justa pero exigen el cese de la criminalización. «No somos delincuentes», fue el sentimiento compartido entre quienes señalaron que la ley se aplica de manera desigual dependiendo del estado, lo que genera incertidumbre jurídica para quienes operan estos espacios.

La presencia de figuras mediáticas como Jesús Ozuna, conocido popularmente como «El Chiquitín» de la Patrulla Espiritual, reforzó el mensaje de la marcha, aportando un rostro reconocido a la difusión de la labor social que realizan estos centros.

Con la esperanza puesta en la sensibilidad política, los manifestantes indicaron que la gobernadora Delfina Gómez ya tiene conocimiento de sus peticiones. Confían en que su administración pueda ser el motor de cambio y el «parteaguas» que necesitan para que su actividad deje de ser perseguida y pase a ser integrada formalmente en el sistema de salud pública del país.

Aseguró que los costos para rehabilitarse son accesibles ya que van de los mil 200  a los mil 500 pesos, por lo que urgieron como necesarios para alejar a hombres y mujeres de las adicciones, pues a pesar de que hay centro de rehabilitación municipales y estatales no se dan abasto.