+Las empresas “fantasma” del alcalde de Lerma, nada ingresaba a la tesorería; “jardines cheleros” contradicen la versión oficial en Metepec
La frase:
Para vivir el presente hay que beberse el pasado, se lee en un…
CENTRO CHELERO
La situación jurídica de Miguel Ángel Ramírez Ponce, alcalde de Lerma, ha escalado la sospecha administrativa a una causa penal formal que hoy lo mantiene bajo la lupa del Poder Judicial y de los órganos de fiscalización.
El edil enfrenta un proceso por presunta corrupción urbana, tras detectarse un esquema de otorgamiento de licencias de construcción a empresas de reciente creación, carentes de trayectoria y que operan bajo domicilios fiscales compartidos en Toluca.
La gravedad del caso es tal que, tras faltar a su última cita con la justicia, un Juez le ha apercibido formalmente: de no presentarse a la audiencia reprogramada, se dictarán medidas cautelares severas en su contra.
El entramado que señala directamente al alcalde se sostiene en la operación de al menos siete empresas calificadas como fantasmas o fachada.
Según datos obtenidos vía transparencia, estas firmas, vinculadas a prestanombres sin experiencia inmobiliaria, han recibido adjudicaciones directas y permisos de alto impacto con una celeridad inusual, beneficiándose además de reducciones fiscales.
Estas irregularidades no solo apuntan a un posible desvío de recursos o blanqueo de capitales, sino que han generado un caos territorial en Lerma, donde se han emitido licencias en áreas de reserva, predios con disputas agrarias y zonas sin factibilidad de servicios.
Ante este escenario, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha iniciado una auditoría especial que abarca desde enero de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.
Los hallazgos preliminares son alarmantes: los ingresos reportados por la Tesorería Municipal no guardan proporción con el volumen de construcción de lujo en el municipio.
Se sospecha que las aportaciones obligatorias de los desarrolladores para infraestructura urbana nunca ingresaron íntegramente al erario público, dejando a la ciudadanía con viviendas que carecen de agua potable, drenaje y pavimentación básica.
La presión también se siente en el Congreso local, donde los legisladores exigen cuentas claras frente a un alcalde que se limita a defender su gestión como un impulso a la inversión.
Sin embargo, con más de 200 solicitudes de transparencia sin respuesta y al menos ocho denuncias adicionales en la Fiscalía contra su gabinete por delitos relacionados con el uso de suelo y propiedades, el margen de maniobra de Ramírez Ponce se agota.
El desenlace de esta auditoría y de la causa penal vigente definirá si el modelo de crecimiento de Lerma fue una estrategia de desarrollo o simplemente un vehículo de enriquecimiento ilícito a costa del bienestar de sus habitantes.
PROLIFERAN GIROS CLANDESTINOS EN METEPEC
Bajo la sombra de la administración municipal de Metepec, ha crecido una red de impunidad y corrupción que vincula directamente a la Dirección de Gobernación con la proliferación descontrolada de giros negros y establecimientos clandestinos.
La ciudadanía denuncia que el municipio se ha convertido en un territorio donde los jardines cheleros, bares sin licencia y puntos de venta de alcohol a pie de calle operan con total libertad, presuntamente bajo el amparo y protección de Luis Jorge López Arenas, actual Director de Gobernación.
La situación resulta alarmante para los habitantes, quienes cuestionan si el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, ignora deliberadamente esta realidad o si existe una complicidad estructural.
El esquema de operación descrito señala que estos establecimientos carecen de toda documentación legal, incluyendo licencias de funcionamiento, dictámenes de Protección Civil o permisos de COPRISEM.
Además, operan fuera de los horarios establecidos en el Bando Municipal, venden alcohol a menores de edad y carecen de las medidas de seguridad más básicas, instalándose incluso frente a centros escolares.
El mecanismo de extorsión y protección, involucra a verificadores e inspectores municipales, así como a individuos que se identifican falsamente como elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (PDI) o policías municipales fuera de servicio.
Estos sujetos exigen cuotas mensuales que oscilan entre los 3 mil y los 10 mil pesos a cambio de no clausurar los locales y brindarles protección ante cualquier operativo estatal.
Los testimonios coinciden en que los cobradores se presentan a nombre de Jorge Arenas, y que el número telefónico utilizado para coordinar estas acciones coincide con el del titular de Gobernación.
El crecimiento de estos negocios ha sido exponencial, registrando un aumento del 600% en los últimos dos años. Zonas como el circuito del libramiento presentan concentraciones absurdas de hasta diez bares en menos de cien metros.
La eficacia de esta red de protección es tal que, ante la presencia de autoridades estatales como la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía, aparecen de inmediato enlaces municipales que, tras breves llamadas telefónicas, logran que las corporaciones se retiren sin realizar acciones legales, generando cobros extra por dicha gestoría.
Esta permisividad ha derivado en una crisis de seguridad que contradice el discurso oficial del Ayuntamiento. En meses recientes, los bares clandestinos han sido escenario de riñas, venta de sustancias ilícitas, presencia de armas de fuego e incluso hechos de sangre que quedan impunes.
Los propios recaudadores de cuotas aseguran a los locatarios que el dinero recolectado sirve para salpicar a los niveles más altos de la administración municipal, justificando así los montos exigidos. Mientras la seguridad en Metepec se percibe frágil y de cristal, la estructura de Gobernación parece más enfocada en la administración de la ilegalidad que en la aplicación de la ley.