DENUNCIAN A MAGISTRADO JOSÉ LUIS MAYA POR FRAUDE PROCESAL Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Marina Colín Flores denunció públicamente fraude procesal y tráfico de influencias por parte de José Luis Maya Mendoza, magistrado en funciones de la Sala Colegiada Civil en Tlalnepantla, y de su suegra, Antonia Florencia Flores Reyes, con el fin de despojarla de sus bienes, específicamente, un predio ubicado en el municipio de Acambay.
Ante diferentes irregularidades en el proceso, que acreditó a través de documentos, Marina Colín Flores solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de autoridades competentes para que “se anule el expediente 1330/2022”.
En conferencia de prensa, refirió que este ha sido el modus operandi del magistrado para despojar de propiedades a diferentes personas y que, aprovechando su puesto como servidor público, “ordena a sus subordinados, a jueces y al personal del Poder Judicial de menor rango, para ejecutar acciones completamente ilegales, ficticias, fraudulentas, así como sentencias sin ninguna prueba, todo para que salga favorable” a personas como su suegra, o su esposa, de nombre Eva Colín Flores.
Marina Colín expuso que realizó la compra de un predio ubicado en el municipio de Acambay, que adquirió del señor Ángel Daniel Flores Reyes y con la señora Magali Estrada como testigo, transacción que se realizó a través de un contrato privado de compra venta en julio de 2010. Posteriormente, en septiembre de 2022, la señora Antonia Florencia Flores promovió de manera falsa un juicio de nulidad, presentando un documento apócrifo, con fecha anterior, que contiene firmas falsificadas.
Entre otras irregularidades, los afectados señalan que se realizó un juicio simulado sin notificar legalmente a los afectados; incompetencia territorial, pues el litigio se tramitó en el Juzgado Primero Civil de Jilotepec (Expediente 1330/2022), a pesar de que el predio en disputa se ubica en el municipio de Acambay, Estado de México, y domicilio falso, toda vez que la señora Flores Reyes designó como lugar de notificación la casa del magistrado, ubicada en la Colonia Infonavit Lerma.
Al usar una dirección ajena y operada por los mismos demandantes, las víctimas jamás se enteraron del juicio en su contra. “En este juicio, la suegra del magistrado no ofreció ninguna prueba. El juez designó fecha para el desahogo de dichas pruebas y jamás ofreció prueba alguna; tampoco hubo cuaderno de pruebas. Después, el magistrado José Luis Maya ordena el juez de Jilotepec que emita la sentencia favorable para la parte actora, en este caso su suegra”.
Además, Marina Colín refirió que la ley establece 15 días hábiles para dictar sentencia, sin embargo, “la resolución, increíblemente, salió emitida a los tres días a favor de la parte actora. Así de fraudulento y sin ningún ofrecimiento de desahogo pruebas, me despojaron de mi propiedad ubicada en el municipio de Acambay”.
La denunciante habló de otro intento de despojo a un hombre ex pareja de la suegra del magistrado, con número de expediente 3028/2021, en la que se presentó como domicilio de emplazamiento el referido en Lerma. No obstante, el afectado respondió a la demanda y a través de pruebas periciales, acreditó falsificación de firmas, por lo que no llegó a más.
Por otro lado, refirió que al darse cuenta el magistrado que había sido descubierto “en este fraude, para quererse enjuagar de todas sus marrullerías y tracalerías, promovió un juicio de daño moral”, en contra de Marina Colín, Ángel Daniel Flores y Magali Estrada, “y pide como compensación 7 millones, sabiendo que nosotros somos gente de trabajo, el señor es taxista, la señora es costurera, yo soy empleada. Lo está haciendo para debilitarnos, además de que hemos recibido amenazas”.
No obstante, seguros de que les asiste la razón, los denunciantes buscan se haga justicia. Señalaron que han expuesto el caso al magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo: “Nos atendió en una denuncia ciudadana. Esta situación ya está en el Poder Judicial, ellos ya tienen conocimiento. Pedimos que llegue a oídos de la gobernadora y del licenciado Víctor Leopoldo Delgado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), ya pedimos audiencia con él. Buscamos que se difunda para que si hay más víctimas, se unan a nosotros”, concluyó.