+La triple C de Cristóbal Castañeda Camarillo genera resquebrajamiento en la seguridad de nuestro Estado; su presencia genera más preguntas que resultados: los mandos importados de Sinaloa
La frase:
Usted sabe perfectamente quién tiene vínculos con los criminales.
RENÉ TERRÓN ESCOBAR
La crisis de seguridad en el Estado de México ya no puede entenderse únicamente como un problema de violencia, homicidios o expansión territorial del crimen organizado.
Lo que hoy ocurre en la entidad más poblada del país comienza a perfilarse como algo mucho más delicado: una profunda descomposición institucional donde las sospechas de infiltración criminal alcanzan directamente al corazón de la estructura policiaca mexiquense y colocan al gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez frente a uno de los mayores costos políticos de su administración.
El tema dejó de ser únicamente un asunto de percepción pública. Hoy las dudas, los señalamientos y las fracturas internas dentro de la Secretaría de Seguridad estatal comienzan a construir una narrativa sumamente peligrosa para Palacio de Gobierno en Toluca. Y en el centro de esa tormenta aparece el nombre de Cristóbal Castañeda Camarillo.
La llegada del ex mando sinaloense a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el 18 de junio de 2024, fue presentada como una apuesta para fortalecer el combate a la delincuencia. Sin embargo, conforme avanzaron los meses, esa designación empezó a generar más preguntas que resultados.
La violencia no disminuyó. Las ejecuciones continuaron creciendo en distintas regiones del Valle de México y el sur mexiquense. Las extorsiones siguieron ahogando a comerciantes y transportistas.
Los delitos de alto impacto permanecieron golpeando a millones de ciudadanos mientras la percepción de inseguridad se mantenía entre las más altas del país.
Pero paralelamente comenzó a surgir otro fenómeno aún más inquietante: el reacomodo interno de la estructura policiaca mediante la llegada de funcionarios provenientes de Sinaloa, varios de ellos colocados en áreas sensibles de inteligencia, operación territorial y manejo estratégico de información.
El problema no radica únicamente en el origen de esos funcionarios. El verdadero conflicto es el historial de sospechas y versiones que desde hace años acompañan a distintos integrantes de ese grupo policiaco.
Carlos Alberto Hernández Leyva, Víctor Antonio Cisneros Díaz y Jesús Astorga Ríos forman parte de ese bloque de mandos importados desde Sinaloa que hoy ocupa posiciones clave dentro de la seguridad mexiquense. Y desde su llegada comenzaron las alertas dentro de la propia corporación.
Mandos operativos, actores políticos y diversas fuentes internas empezaron a advertir sobre presuntos vínculos de algunos integrantes de ese grupo con estructuras criminales ligadas al Cártel de Sinaloa. Pero lejos de abrir investigaciones públicas o transparentar procesos internos, el gobierno mexiquense optó por cerrar filas alrededor de Cristóbal Castañeda.
Ese respaldo político hoy amenaza con convertirse en una pesada carga para Delfina Gómez. Porque mientras en Estados Unidos avanzan investigaciones y procesos judiciales relacionados con personajes cercanos al círculo político sinaloense, en el Estado de México continúan operando funcionarios cuya trayectoria ha estado permanentemente rodeada por versiones de presunta cercanía con grupos criminales.
La tensión terminó explotando en septiembre de 2025 con el caso de Alejandro Gimare Mendoza, alias El Choko, identificado como líder de La Chokiza. Su captura abrió una grieta interna que exhibió el nivel de confrontación existente dentro de la propia Secretaría de Seguridad estatal.
El enfrentamiento entre Cristóbal Castañeda y René Terrón Escobar no fue un episodio menor. Fue una señal de alarma. Las versiones sobre presunta protección institucional hacia El Choko desde áreas de inteligencia provocaron una crisis interna que terminó con la salida de Terrón Escobar. Pero más allá de la renuncia, lo verdaderamente grave fue la frase que, según versiones cercanas al caso, habría lanzado el ex director de Investigación al propio secretario de Seguridad: Usted sabe perfectamente quién tiene vínculos con los criminales.
La frase cimbró los pasillos de la corporación porque no provenía de un actor político opositor ni de una denuncia mediática externa. Provenía de un funcionario de alto nivel dentro de la propia estructura de inteligencia estatal.
Y desde entonces las sospechas no han dejado de crecer.
Diversas versiones internas sostienen que áreas estratégicas de inteligencia quedaron bajo control absoluto de operadores cercanos a Cristóbal Castañeda, consolidando un esquema de poder que, según señalamientos internos, tendría capacidad para negociar protección, favores y acuerdos con grupos criminales que operan en territorio mexiquense.
El problema para Delfina Gómez es devastador en términos políticos y morales.
Porque mientras miles de familias viven atrapadas por el miedo, las desapariciones, el cobro de piso y la violencia cotidiana, el gobierno estatal mantiene intacta una estructura policiaca públicamente señalada por presuntos nexos criminales.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando el nombre de Cristóbal Castañeda aparece relacionado con investigaciones periodísticas de alto impacto nacional.
Aunque no existen sentencias judiciales en su contra, el daño político de esos señalamientos es enorme, particularmente en un momento donde el gobierno federal y distintos gobiernos estatales enfrentan crecientes cuestionamientos por presuntas infiltraciones criminales.
Además, el pasado de Cristóbal Castañeda continúa persiguiéndolo desde uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el llamado Culiacanazo de octubre de 2019.
Durante aquel fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, el gobierno federal terminó replegándose ante la brutal reacción armada del Cártel de Sinaloa. Y uno de los datos que más llamaron la atención en aquel momento fue que la policía estatal sinaloense encabezada entonces por Castañeda, no participó en el operativo federal.
Las versiones sobre desconfianza por posible infiltración criminal dentro de esa corporación nunca desaparecieron completamente del debate público.
Hoy, esos antecedentes regresan para perseguirlo en el Estado de México.
Y el escenario se vuelve aún más complejo tras las recientes revelaciones relacionadas con ex funcionarios sinaloenses como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes presuntamente se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, aumentando las presiones políticas sobre antiguos integrantes de ese círculo de poder.
El problema para Delfina Gómez es que el desgaste ya comenzó a trasladarse directamente hacia su administración. La gobernadora llegó al poder bajo la narrativa de la transformación, la honestidad y el combate a la corrupción.
Sin embargo, la permanencia de un gabinete de seguridad rodeado de sospechas amenaza con erosionar gravemente esa imagen.
Porque en política no sólo importa la legalidad. También importa la percepción pública, la credibilidad y la confianza ciudadana.
Y hoy millones de mexiquenses observan cómo la inseguridad continúa creciendo mientras las acusaciones sobre presuntos vínculos criminales dentro de la propia Secretaría de Seguridad se acumulan sin respuestas claras, sin investigaciones transparentes y sin deslindes contundentes.
La gran pregunta ya recorre círculos políticos, corporaciones policiacas y mesas de análisis en el Estado de México: ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la seguridad mexiquense?
Pero la interrogante verdaderamente delicada apunta hacia otro sitio: ¿Cuánto tiempo más resistirá políticamente Delfina Gómez cargando el costo de mantener en funciones a funcionarios señalados por presuntos nexos con estructuras criminales mientras el Estado de México continúa hundido en una espiral de violencia, miedo e incertidumbre?