+ Las observaciones de la consejera Karina Ivonne Vaquera Montoya sobre la designación de Jesús Filiberto Trinidad Pérez, nuevo titular de la unidad de comunicación social del IEEM
La frase
¿Quién es la mano que mece la cuna, detrás del IEEM?
ES PREGUNTA
La fortaleza de una institución democrática no comienza el día de la elección, sino mucho antes, en la manera en que toma sus propias decisiones. La confianza ciudadana se construye con procedimientos transparentes, reglas claras y procesos que no dejen margen para la sospecha.
Por ello, las observaciones realizadas por la consejera electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya sobre la designación de Jesús Filiberto Trinidad Pérez como titular de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no pueden minimizarse como una simple diferencia de criterios.
Lo que está en juego es la credibilidad de un organismo responsable de organizar las elecciones del padrón electoral más grande del país, con más de 13 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal.
El voto en contra de la consejera estuvo acompañado de una serie de señalamientos que dibujan un proceso cuestionable. Entre ellos destacan una convocatoria difundida únicamente a través de redes sociales, sin la amplitud que habría permitido una mayor participación de perfiles externos; la entrega tardía de expedientes a las consejerías, lo que limitó una revisión exhaustiva de los aspirantes; criterios de evaluación poco claros; y la ausencia de transparencia sobre las calificaciones obtenidas durante cada etapa del procedimiento.
Uno de los aspectos más delicados es el relacionado con la experiencia profesional del ahora titular de la Unidad de Comunicación Social. Según Vaquera, dentro de la evaluación curricular se le reconoció experiencia equivalente a haber encabezado formalmente el área, cuando en realidad desempeñaba funciones como encargado de despacho. Esa valoración, sostiene, habría significado una ventaja frente a otros aspirantes que sí acreditaban experiencia en cargos directivos.
A ello se suman cuestionamientos sobre entrevistas con preguntas ajenas a la comunicación institucional y criterios que, en los hechos, favorecían a quienes ya formaban parte de la estructura interna del Instituto.
Las dudas sobre este proceso inevitablemente remiten a otros episodios recientes en la entidad, como la renovación de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), donde también surgieron voces que denunciaron convocatorias con resultados aparentemente definidos de antemano.
En ambos casos, el problema no radica únicamente en el cumplimiento formal de una convocatoria, sino en la percepción de que los procedimientos pueden convertirse en una simulación destinada a legitimar decisiones previamente tomadas.
Esa comparación resulta inevitable porque las instituciones no solo deben actuar conforme a la ley; también deben demostrar que sus decisiones resisten el escrutinio público. Cuando una convocatoria genera la impresión de favorecer a un perfil determinado o cuando los criterios de evaluación permanecen poco claros, la confianza comienza a erosionarse, aunque jurídicamente el procedimiento pueda sostenerse.
El IEEM enfrenta además un contexto particularmente sensible. Los organismos electorales viven bajo constante observación y son objeto de cuestionamientos permanentes sobre su independencia e imparcialidad.
Precisamente por ello, cada decisión administrativa adquiere una dimensión política e institucional. Si la autoridad encargada de garantizar elecciones transparentes no logra disipar las dudas sobre sus propios procesos internos, inevitablemente se abre la puerta a que la ciudadanía cuestione su capacidad para ofrecer certeza en procesos mucho más complejos.
La propia consejera Vaquera hizo un llamado para que la Unidad de Comunicación Social mantenga una visión institucional, sin sesgos, con apertura hacia todos los medios de comunicación del Estado de México y con una estrategia regional que fortalezca el vínculo entre el Instituto y la sociedad.
Ese planteamiento va más allá de la persona designada: recuerda que la comunicación pública de un órgano electoral debe servir para informar, no para construir narrativas de conveniencia.
La confianza democrática no se decreta ni se presume; se gana con hechos. La transparencia no consiste únicamente en publicar convocatorias o cumplir formalidades administrativas, sino en garantizar igualdad de condiciones, máxima publicidad de los criterios de selección y absoluta claridad sobre las razones que justifican cada decisión.
Porque cuando las instituciones encargadas de cuidar la democracia generan dudas sobre la forma en que eligen a sus propios funcionarios, el problema deja de ser un nombramiento. Lo que comienza a desgastarse es el activo más valioso que posee cualquier autoridad electoral: la credibilidad.