Exhiben posible conflicto de interés en caso de la alcaldesa de Tenancingo
Una nueva polémica surgió en el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco.
Luego de que el juez de control, Edgar Garay Vilchis vinculará a proceso a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, y decretará la suspensión condicional del proceso por seis meses, se exhibieron presuntos vínculos familiares y laborales entre el juez de control el gobierno de dicho municipio, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso judicial.
Tras casi 12 horas de una audiencia inicial —que se llevó a cabo a puerta cerrada por solicitud de la defensa—, el juez Edgar Garay Vilchis determinó, entre las medidas cautelares, la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de acercarse al testigo relacionado con la investigación, así como residir en el lugar señalado en la dirección de la constancia domiciliaria, prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, y presentarse a firmar de manera trimestral ante el juzgado los primeros cinco días del mes.
La resolución ha desatado críticas públicas sobre un aparente conflicto de interés en el Poder Judicial.
El abogado y periodista Ramón Castañeda Mondragón, uno de los cuatro comunicadores demandados por la alcaldesa por ejercer críticas sobre su administración, denunció que el juzgador debió haberse excusado de conocer el caso por la relación directa que existe entre su familia y el Ayuntamiento.
El principal señalamiento radica en que el coordinador de Gobernación de Tenancingo es Edgar Garay Jiménez, hijo del juez. Además, Castañeda Mondragón expuso que Garay Jiménez es pareja de la hija de Guillermina Cruz Cortéz, directora de gobernación y funcionaria del primer círculo de la alcaldesa, quien además, es señalada por comerciantes locales por implementar medidas que han perjudicado su actividad económica.
Esta red de dependencias laborales y personales apunta a un conflicto de interés, ya que el hijo del juzgador se desempeña como subordinado directo de funcionarios muy cercanos a la imputada, persona a la que el juez Edgar Garay Vilchis favoreció con la suspensión condicional.
Castañeda Mondragón enfatizó que el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios constitucionales de imparcialidad y objetividad mandatan que los jueces deben excusarse de cualquier asunto donde existan lazos familiares, laborales o de dependencia que comprometan su independencia.
El comunicador subrayó que un proceso judicial no solo debe ser imparcial, sino también parecerlo ante la ciudadanía. Por ello, consideró que la relación de subordinación directa entre el hijo del juzgador y la administración de la imputada vulnera la confianza pública en el sistema de justicia del Estado de México.
También afirmó que medidas de transparencia y el cumplimiento estricto de las reglas de conflicto de interés son indispensables para que la justicia deje de ser un espectáculo y se convierta en una realidad para los mexiquenses.