PIDEN COMERCIANTES AL AYUNTAMIENTO SUSPENDER EL COBRO DE 61% POR AGUAS RESIDUALES
Organismos empresariales del Valle de Toluca exigieron al Ayuntamiento y al Organismo Agua y Saneamiento local suspender el incremento de hasta 61% en el cobro por recepción y saneamiento de aguas residuales, y advirtieron que la medida carece de criterios técnicos, afecta a las Pymes y fomenta la competencia desleal frente al comercio informal.
En conferencia de prensa conjunta, líderes de la CANACO-SERVyTUR, COPARMEX, CONCAEM, Patronato Pro Centro Histórico y la Unión de Estacionamientos respaldaron las acciones ambientales y de infraestructura, pero exigieron reglas transparentes y tarifas diferenciadas según el giro comercial.
Los empresarios subrayaron que el posicionamiento no busca confrontar al gobierno municipal, sino hacer un llamado a construir acuerdos para lograr el objetivo de proteger el medio ambiente, pero sin comprometer la estabilidad del comercio formal, el empleo y la competitividad económica en Toluca.
El presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, James Edward Marín Noriega, advirtió que este incremento representa un fuerte golpe para los comercios, restaurantes, espacios culturales y prestadores de servicios del primer cuadro de la ciudad. Señaló que no hay claridad sobre la metodología de cálculo ni sobre quién pagará la tarifa máxima, lo que genera injusticias al tratar igual a un negocio familiar que a una industria altamente contaminante.
Rechazó la intención de aplicar este cobro con carácter retroactivo desde 2025, e hizo un llamado para que el comercio informal también asuma estas obligaciones y costos, ya que actualmente utilizan la infraestructura pública sin sujetarse a las mismas regulaciones ni fiscalizaciones que enfrenta el comercio formal.
En tanto, el presidente de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, Julián Niembro Rivera, reforzó la postura del sector privado al señalar que el cobro afecta gravemente a los pequeños negocios.
Los empresarios insistieron en la instalación inmediata de mesas de diálogo con las autoridades municipales para revisar a fondo este esquema de cobro y evitar daños irreparables a la economía local.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, representante de En representación de la CANACO-SERVyTUR y de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México, expuso que la Ley de Cámaras Empresariales establece la obligación de consultar previamente a los organismos empresariales cuando una disposición afecta directamente a sus afiliados.
Señaló que es necesario abrir un proceso formal de consulta, establecer mesas técnicas con el Organismo de Agua y definir con precisión la clasificación de usuarios. Pedraza Navarrete también cuestionó cómo se aplicará el cobro en plazas comerciales, inmuebles con captación pluvial, negocios abastecidos mediante pipas y establecimientos ubicados en delegaciones del municipio.
Asimismo, refirió que es deber de la autoridad garantizar condiciones de competencia equitativas frente al comercio informal, pues éste también descarga aguas residuales sin estar sujeto a los mismos controles administrativos.
Norma Rodríguez, delegada del Centro Histórico de Toluca se sumó al pronunciamiento y refirió que los comerciantes no buscan privilegios, sino justicia y reglas claras. Destacó que los locatarios cumplen con licencias, impuestos y obligaciones legales, por lo que cualquier ajuste tarifario debe ser resultado del consenso.
En este sentido, dijo que la delegación ha recibido constantes quejas de empresarios que reportan una disminución en sus ventas y preocupación por nuevos incrementos en sus costos de operación.
Por otro lado, la presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, Thelma Sánchez expuso que el sector atraviesa desde hace meses una etapa económica complicada, por lo que el incremento por recepción y saneamiento de aguas residuales tal como se plantea, pondría en riesgo la operación de numerosos negocios.
Advirtió que empresarios no se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero solicitaron sensibilidad por parte de las autoridades para establecer cobros acordes con la realidad económica de cada actividad.
Verónica Valdés, vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), recordó que en administraciones anteriores, el sector ha impulsado mesas de trabajo para precisar el alcance de los artículos 129 y 137 del Código Financiero, pero su redacción continúa siendo ambigua respecto al cobro por descargas residuales.
Aseguró que el comercio formal ya cubre diversos conceptos relacionados con agua, drenaje, permisos y análisis de descargas, por lo que aplicar además un incremento de hasta 61% generaría una pérdida de competitividad frente a municipios vecinos como Metepec.
Así, consideró que el problema ambiental también incluye establecimientos irregulares y comercio informal que descargan residuos sin supervisión.