Uso de IA contra la corrupción requiere supervisión humana
El combate a la corrupción en la administración pública exige la adopción de análisis predictivo e inteligencia artificial, respaldados por supervisión humana y principios éticos, toda vez que la IA puede detectar patrones, pero las decisiones corresponden a las personas. Esta fue la conclusión principal del ciclo «Voces Anticorrupción» en el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios (IAPEM), organizado por la por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción mexiquense (SESAEMM).
Durante el encuentro, los especialistas de la UNAM, la UNED y la Universidad de La Rioja analizaron los desafíos que enfrenta el combate a la corrupción, así como las consecuencias que este fenómeno puede tener sobre las instituciones, la economía y la confianza de la sociedad, y coincidieron en que enfrentar la corrupción requiere algo más que incorporar nuevas plataformas o sistemas tecnológicos. El desafío implica fortalecer las capacidades de las instituciones, establecer controles adecuados y mantener una responsabilidad clara sobre las decisiones que se toman.
Durante su ponencia “IA, corrupción y ética”, el doctor Jaime Rodríguez Alba explicó que las herramientas de Inteligencia Artificial tienen capacidad para procesar grandes volúmenes de información y encontrar patrones que podrían pasar inadvertidos mediante métodos convencionales.
El procesamiento masivo, explicó, permite el análisis de contrataciones públicas para detectar concentraciones inusuales, posibles conflictos de interés, redes de intermediarios o prácticas como el fraccionamiento irregular de contratos, como se ha visto en países como Colombia y España, donde este tipo de tecnologías se ha utilizado para examinar información relacionada con contrataciones y posibles vínculos entre funcionarios, empresas y particulares.
Sin embargo, advirtió que identificar una anomalía mediante un sistema tecnológico no equivale a demostrar la existencia de un acto de corrupción, pues la interpretación de los datos y las decisiones posteriores requieren intervención humana, además de criterios jurídicos, políticos y éticos, entonces, la última decisión sobre una investigación o sanción debe recaer siempre en personas, con responsabilidades jurídicas claras, además de que expuso la urgencia de blindar los sistemas contra sesgos algorítmicos, proteger la privacidad y garantizar la rendición de cuentas.
Por su parte, el doctor Ricardo Uvalle Berrones, investigador emérito de la UNAM, destacó que el daño de la corrupción va más allá de lo económico. Señaló que este problema erosiona el Estado de derecho, fomenta redes de complicidad y destruye la legitimidad del poder público.
Detalló que en el ámbito político, las prácticas corruptas pueden debilitar el cumplimiento de la ley, favorecer relaciones basadas en privilegios e intercambio de favores y propiciar condiciones de mayor opacidad en el ejercicio del poder, mientras que en lo económico, impactan en sobornos, desfalcos, enriquecimiento indebido, apropiación de bienes públicos y distorsiones que favorecen intereses particulares por encima de criterios institucionales.
Ante este panorama, Uvalle Berrones propuso una estrategia basada en la simplificación de trámites burocráticos, marcos de transparencia activa y una mayor injerencia de la sociedad civil en la vigilancia institucional.
En la sesión estuvo presente el secretario técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado; la magistrada Nancy Flores Mendoza, representante del Poder Judicial ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, e integrantes de Comités de Participación Ciudadana municipales e invitados.
En la apertura del evento, Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado de la Dirección General del IAPEM, señaló que la corrupción no puede atribuirse únicamente a una persona o a un liderazgo, de ahí que es necesario generar acciones institucionales capaces de extenderse hacia la sociedad.