+La presión norteamericana sobre el gobierno de México; indolencia de autoridades con los mexiquenses desaparecidos en Sinaloa
La frase:
Una presidencia entra verdaderamente en crisis cuando deja de escoger entre alternativas y empieza simplemente a escoger qué costo pagar primero.
ANÁLISIS POLÍTICO
La crisis de Sheinbaum con Washington
En un documento de Análisis Estratégico sobre la presión que los últimos meses ha ejercido el gobierno norteamericano contra actores de morena en México, se desprende lo siguiente
La crisis México-Estados Unidos ya no debe leerse como una tensión diplomática ordinaria ni como una sucesión de escándalos separados. La secuencia formada por el indictment contra Rubén Rocha Moya, la cancelación de visa a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, la presión pública de la DEA sobre el gobierno mexicano, el elogio selectivo a Omar García Harfuch en Buenos Aires y la información sobre Marina del Pilar sugiere un cambio de fase: Washington está operando con instrumentos legales de bajo costo que producen daños políticos desproporcionados al interior de Morena.
La hipótesis central de este documento es que Sheinbaum no está ganando tiempo para ejecutar una salida estratégica. Está retrasando por temor un reloj político que avanza con independencia de sus costos internos. Washington, en cambio, opera con una matriz más fría: si el apego formal a la ley, el discurso de cooperación y los instrumentos administrativos exhiben contradicciones del régimen mexicano, el incentivo racional es continuar.
Estos hechos, sostienen el cambio de fase:
Rocha: El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios o ex funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico y armas, alegando una conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
Andy: La revocación de visa a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán polarizó a Morena y permitió convertir una medida administrativa estadounidense en un asunto de soberanía, intervención y defensa del núcleo obradorista.
DEA: Terrance Cole acusó semanas antes una “conexión mortal” entre gobierno mexicano y cárteles; posteriormente elogió públicamente a Harfuch como socio confiable en una cumbre internacional de la DEA.
Harfuch: La señal de Buenos Aires exhibe cooperación operativa intensa, pero no resuelve la imposibilidad institucional de la SSPC para judicializar casos políticos: la FGR, el Poder Judicial y la Presidencia conservan el cuello de botella.
Marina del Pilar: La información sobre una posible judicialización en días, aún no pública y por tanto tratada como hipótesis, aceleraría la transición de casos aislados a patrón de presión contra gobernadores de Morena.
Mexiquenses desaparecidos en Sinaloa
La desaparición de cuatro jóvenes mexiquenses en Sinaloa vuelve a exhibir una realidad que lastima, indigna y obliga a preguntar hasta dónde puede llegar la indolencia de las autoridades estatales y federales cuando una familia lleva seis meses buscando a sus seres queridos sin obtener una respuesta clara.
Con más de 72 horas, familiares y amigos de Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, originarios de Ixtlahuaca, así como de Óscar García Hernández, de Jiquipilco, encabezados por Verónica Sabino Contreras, madre de algunos de los desaparecidos, tomaron la caseta de El Dorado, en Almoloya de Juárez. Permitieron el paso libre de vehículos en ambos sentidos, con dirección a Toluca y Atlacomulco, como una nueva medida de presión para exigir algo que debería ser una prioridad para cualquier institución de seguridad y justicia: saber dónde están.
Lo más preocupante no es sólo el tiempo transcurrido, sino la falta de resultados. Después de una reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, los familiares aseguran haber salido nuevamente con más preguntas que respuestas.

Según denunciaron, las propias autoridades reconocieron que no cuentan con una línea de investigación definida ni con información suficiente para establecer el paradero de los cuatro jóvenes.
¿Cómo explicar que después de seis meses todavía no exista certeza sobre lo ocurrido? ¿Cómo pedirle a una madre que tenga paciencia cuando cada día que pasa representa una nueva jornada de angustia?
El caso no es menor. Hay más de diez personas detenidas y se han realizado cateos por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, autoridades federales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Sin embargo, para las familias, ninguna de estas acciones se ha traducido en lo fundamental: encontrar a Omar Alexis, Javier, Gregorio y Óscar.
Los cuatro fueron vistos por última vez el 3 de febrero, durante un viaje de vacaciones a Sinaloa. Se desplazaban en vehículos tipo Razer que posteriormente fueron encontrados abandonados. Con ellos viajaban una mujer y una niña de nueve años, quienes fueron localizadas con vida horas después. Desde entonces, el silencio se ha convertido en una condena para sus familias.
Verónica Sabino Contreras, madre de tres de los jóvenes desaparecidos, ha encabezado buena parte de las movilizaciones y ha llevado su exigencia a distintos puntos del Estado de México, Sinaloa y la Ciudad de México. No está pidiendo privilegios ni favores.
Está exigiendo que las autoridades hagan su trabajo y que una investigación que involucra a cuatro jóvenes no termine sepultada entre expedientes, declaraciones y trámites burocráticos.
La toma de la caseta no debe analizarse únicamente como una afectación al tránsito o como una protesta más. Detrás de esa acción hay familias desesperadas que sienten que las instituciones no están avanzando al ritmo que exige el caso.

Cuando una familia tiene que salir a las carreteras, bloquear casetas y exponerse públicamente para conseguir atención, algo está fallando.
Las autoridades podrán informar sobre operativos, detenciones, cateos y reuniones, pero mientras no exista una respuesta sobre el paradero de los cuatro jóvenes, el resultado seguirá siendo insuficiente.
La desaparición de una persona no puede convertirse en un expediente que pierde prioridad con el paso de los meses. Mucho menos cuando son cuatro jóvenes de una misma región y sus familias continúan movilizándose para mantener vigente su búsqueda.
Omar Alexis, Javier, Gregorio y Óscar no pueden convertirse en una cifra más. Sus nombres tienen rostro, tienen familia y tienen personas que siguen esperando su regreso. Y mientras ellos no aparezcan, cualquier discurso de eficacia institucional quedará incompleto.
Seis meses después, las familias siguen preguntando lo mismo: ¿dónde están? La pregunta permanece en las carreteras, en las protestas y frente a las oficinas de gobierno. Lo que sigue sin aparecer es una respuesta.
Y esa ausencia de respuesta también habla de las autoridades.
Porque cuando una madre tiene que tomar una caseta para ser escuchada, el problema ya no es sólo la desaparición de sus hijos. También es la indolencia de un sistema que parece haberse acostumbrado a que las familias tengan que luchar solas para encontrar a quienes aman.


