Ascusan a José Alberto Ramírez, Director de Seguridad de Lerma, de presunto abuso de autoridad
Por Fátima Chávez
La titular de la Oficialía de Partes del municipio de Lerma, Xóchitl Flores, denunció públicamente un presunto acto de abuso de autoridad luego de que la semana pasada, ella y el personal a su cargo fueran desalojados de las oficinas donde desempeñaban sus funciones, sin que recibieran previamente una notificación formal que explicara los motivos o el procedimiento.
A través de un video difundido en redes sociales, Flores documentó el momento en que personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, cuyo titular es José Alberto Ramírez Pérez, acudió al inmueble para llevar a cabo el desalojo.
En las imágenes se observa a elementos dando indicaciones sobre la forma en que se realizaría el retiro y sobre la entrega de las instalaciones, relacionadas con áreas de juzgados cívicos y seguridad.
La funcionaria señaló que tanto ella como sus colaboradores fueron retirados del inmueble sin haber sido informados previamente por escrito o mediante algún otro medio oficial.
Explicó que en el edificio también se encuentran los juzgados cívicos y cuestionó el procedimiento mediante el cual se determinó la entrega de las oficinas.
“Me están desalojando de la oficina como tal, es un acto de arbitrariedad”, manifestó durante la grabación, mientras mostraba parte de las acciones que se desarrollaban en el lugar.
Flores sostuvo que el procedimiento se llevó a cabo sin que se le permitiera conocer formalmente las razones de la decisión, por lo que anunció que recurriría ante las autoridades correspondientes para denunciar los hechos y solicitar que se revise lo ocurrido.
En su mensaje también pidió respaldo para que su caso sea atendido y se respeten sus derechos como trabajadora y como mujer. Afirmó que situaciones de este tipo no solamente afectan a la ciudadanía, sino también a servidores públicos que, dijo, pueden enfrentar actos de intimidación cuando intentan ejercer sus funciones o defender sus derechos.
La servidora pública hizo un llamado a compartir el material difundido para visibilizar su denuncia y exigir que las autoridades correspondientes conozcan el caso y determinen si existieron irregularidades en el procedimiento de desalojo.
Será responsabilidad de las instancias competentes determinar las circunstancias en que ocurrió el retiro de las oficinas, así como si existió alguna notificación o procedimiento administrativo previo.