Explica Fiscal Rodrigo Archundia Las causas de la corrupción oficial
Por Fátima Chávez
Durante la sesión del consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Valle de Toluca, el presidente del organismo empresarial, Fernando Reyes Muñoz, y el Fiscal de Combate a la Corrupción del Estado de México, Rodrigo Archundia Barrientos, acordaron establecer canales de comunicación directos para brindar asesoría y canalizar denuncias del sector privado frente a actos de corrupción.
Reyes Muñoz destacó la necesidad de orientar a los empresarios sobre los procedimientos legales a seguir en caso de ser víctimas de estas conductas, asegurando el acompañamiento de la representación empresarial.
En su intervención, Archundia Barrientos advirtió que la colusión entre servidores públicos y particulares representan el principal detonante de la corrupción, manifestada comúnmente en la manipulación de licitaciones públicas, trámites irregulares para la obtención de licencias administrativas y la comisión de delitos económicos como el lavado de dinero, el tráfico de influencias, así como la evasión y elusión fiscal.
El fiscal estatal recordó que el Título Sexto del Código Penal del Estado de México contempla doce delitos por hechos de corrupción, a los que se suma el cohecho contemplado en el artículo 222 del Código Penal Federal, sancionado tanto para quien ofrece como para quien recibe el soborno y las faltas administrativas graves estipuladas en la Ley de Responsabilidades, las cuales contemplan penas de hasta cuatro años de prisión por el uso indebido de la función pública.
Dentro de los tipos penales expuestos por la representación social se incluyeron el abuso de autoridad en modalidades como remisiones injustificadas de vehículos al corralón o el cobro indebido de rentas municipales que no ingresan a la tesorería, además de delitos como peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, abandono de cargo y coalición.
Para combatir la reincidencia, la fiscalía especializada ha implementado la imputación de delitos conexos con sanciones corporales severas.
Entre ellos figura el secuestro exprés, contemplado en la Ley General en la materia con penas de 40 a 80 años de prisión y multas de mil a 4,000 días cuando corporaciones policiales privan de la libertad a personas para exigir dinero o cometen robos contra choferes de carga.
Asimismo, el delito de extorsión agravado por la calidad de servidor público alcanza penas de 15 a 25 años de prisión, más un incremento de 7 a 17 años adicionales y multas de 30 a 500 UMAs.
Para el combate al enriquecimiento ilícito y el seguimiento de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, la fiscalía mexiquense mantiene esquemas de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la red nacional de fiscalías anticorrupción y agencias internacionales como Homeland Security Investigations (HSI), a fin de consultar la lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense e identificar movimientos inusuales de activos en el extranjero.
El funcionario estatal reveló que en el último año se registraron 2 mil 534 denuncias por posibles actos de corrupción en la entidad. El delito con mayor incidencia fue el abuso de autoridad, concentrando el 45 por ciento del total con mil 151 carpetas, seguido por la categoría general de denuncias de hechos con mil 77 casos.
Archundia Barrientos concluyó que la denuncia ciudadana es la herramienta indispensable para erradicar la impunidad, aunque reconoció que el avance procedimental enfrenta obstáculos como el desistimiento de las víctimas tras obtener la reparación del daño y los diferimientos constantes de las audiencias de imputación derivados de la saturación de trabajo en los juzgados.