Antijuridicidad

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La antijuridicidad, haciendo alusión a que lo correcto es antijuridicidad y no antijuricidad, dado que de acuerdo con el español, si dijéramos antijuricidad podríamos entender que la conducta es antijurica (SIC), y que eso no es correcto, es antijuridica, implica que una conducta sea contraria al sistema jurídico o a la norma, es decir, que el sistema jurídico no permita al sujeto activo del delito actuar como esta actuando, es decir, que hay ocasiones en que nuestra propia norma permite a la persona realizar una conducta tipificada como delito.

En este sentido, el elemento negativo es indispensable para entender la antijuridicidad, el cual consiste en las causas de justificación que precisamente se encuentran dentro de nuestro Código Penal para el Estado de México en su artículo 15, entre los cuales encontramos la defensa legitima, consentimiento del titular de un bien jurídico (disponible), el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber.

En cuando a la defensa legitima, también encuentra un error en su concepción, dado que no se dice legitima defensa sino defensa legitima de acuerdo con las reglas del español, siendo un error recurrente incluso en la ley, situación que se desprende de la traducción que se hizo del derecho anglosajón “self defense”, donde se cambia el orden de las palabras. Esta consiste en repeler una agresión inmediata e inminente, es decir, cuando una persona combate un agente externo que le quiere hacer daño a un bien jurídico propio o de un tercero.

Sin embargo, esta defensa legitima no debe de excederse dado que eso ya constituye un delito, es decir, si una persona busca atacar a otra y esta le dispara 6 veces, se entiende que ya no se trataba de una agresión inmediata e inminente. En este sentido, también es una causa de justificación el consentimiento del titular de un derecho, es decir, no se podrá meter a la cárcel a alguien por robo si el dueño de los bienes, supuestamente robados, estuvo de acuerdo en que lo desapoderaran de ellos.

El estado de necesidad, implica que el Estado no pueda juzgar a una persona que comete una conducta por proteger otro bien jurídico, es decir, si una persona roba porque tiene hambre (que no pueda saciar por sí mismo), entonces el Estado no podrá enjuiciarlo. En el caso del cumplimiento de un deber, va muy de la mano de la defensa legitima, pues implica, por ejemplo, el caso de los policías, es decir, si un policía se encuentra dentro de una balacera y le dispara a un delincuente, en ese caso, aunque está cometiendo una conducta típica (privar de la vida a otro), no se le puede enjuiciar, dado que esta actuando en cumplimiento de un deber, el de seguridad. Caso parecido es el de un médico que provoca una lesión a otro por salvarle la vida, como esta actuando en cumplimiento de un deber no se le puede enjuiciar por ello.