+ Obsesión De Acabar con Máxima Representatividad del Congreso
La frase:
No hay democracia en Morena, es un partido vertical y autoritario.
PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Obsesión De Acabar con Máxima Representatividad del Congreso
El Congreso de la Unión es la máxima representación de la pluralidad política de México y de la democracia de la vida nacional, producto de largas y dolorosas luchas sociales, pero que ahora así, de un plumazo, se busca retornar a la época del centralismo y del autoritarismo presidencial donde la voz del Congreso sea únicamente una réplica de la voz del Ejecutivo.
En su defensa de los diputados plurinominales, quienes son precisamente de todas las voces minoritarias de la nación, el ex consejero electoral, Ciro Murayama, autor de La democracia a prueba, sostiene que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que una de sus iniciativas de Reforma Constitucional consiste en eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado.
De esta manera va desglosando la relevancia del tema y lo peligroso de su ejecución para la vida democrática de nuestra nación: La Cámara de Diputados se integra desde 1988 por 500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. A partir de 1996 la Constitución establece que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios ni un porcentaje de legisladores que sea mayor en ocho puntos a su porcentaje de votación. El Senado, desde el año 2000, se conforma por 128 legisladores: tres por entidad federativa (dos para el partido más votado y uno para el segundo lugar), así como 32 de una lista nacional de representación proporcional.
La inclusión de la representación proporcional fue pieza indispensable del proceso de democratización de México, a grado tal que hizo posible hacia el final del siglo pasado que el partido hegemónico y su líder, el titular del Ejecutivo, perdieran el control del Poder Legislativo, activando así la división de poderes que nuestra Constitución contempló desde 1917, pero que fue papel mojado durante las largas décadas del hiperpresidencialismo.
Gracias a que la representación proporcional dio pie a que las minorías dejaran de ser testimoniales y se convirtieran en auténticos contrapesos legislativos, entre 1997 y 2018 todos los presidentes coexistieron con integraciones de la Cámara de Diputados donde su partido o coalición no tenía la mayoría absoluta y estaban obligados por tanto a negociar con otras fuerzas políticas todas las iniciativas de ley, incluida la aprobación anual del presupuesto de egresos de la federación, así como los cambios constitucionales. Lo mismo ocurrió en el Senado entre el 2000 y 2018.
Aun cuando el presidente López Obrador contaría, de mantenerse la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y con el Verde, con mayoría absoluta de asientos en ambas Cámaras durante todo su sexenio —aunque ni en los comicios de 2018 ni de 2021 sus coaliciones electorales recibieron la mayoría de los votos ciudadanos al Parlamento—, el mandatario propone como prioridad de la segunda mitad de su gobierno alterar la integración del Congreso, eliminando la vía fundamental para la expresión legislativa de la pluralidad política real y, en especial, de las minorías. No se trata, cabe recordarlo, de una iniciativa del todo original: desde hace más de una década otros presidentes han expresado intenciones similares, como Felipe Calderón en 2009 y Enrique Peña Nieto en 2012, venturosamente ambos sin éxito.
La evidencia empírica de nuestra historia política reciente demuestra que, sin la representación proporcional, partidos y gobiernos con apoyo minoritario en las urnas habrían mantenido, a pesar de ello, un amplio control del Congreso. Esos datos duros revelan, también con claridad, los riesgos de prescindir de los plurinominales.
Entre 1997 y 2018, a lo largo de siete legislaturas, México tuvo por mandato popular una Cámara sin mayoría de un solo partido, lo que se conoce como gobierno dividido. Pero si no hubiesen existido los plurinominales, y en la Cámara se eligieran nada más los 300 diputados de mayoría relativa, sólo en las legislaturas que iniciaron en 2000 y 2006 el presidente no habría tenido la mayoría.
Lo anterior, se explica porque en la mayoría relativa basta con tener un voto más que los rivales en un distrito para llevarse al diputado correspondiente, mientras que las otras opciones políticas, se quedan con cero. La mayoría relativa implica anular a nivel de distrito toda representación de las oposiciones, borrando la pluralidad. Así que la fuerza política con mejor presencia territorial, la que gana más distritos, podría controlar la Cámara simplemente con sus victorias de mayoría relativa, aunque no cuente con el sufragio del grueso de los electores del país.
Es claro que la representación proporcional corrige las distorsiones del sistema de mayoría relativa y permite una mejor traducción de votos en escaños en el Parlamento. La intención de abolir la representación proporcional no tiene otro fin que lesionar la representación legislativa formal de la pluralidad política real. Para dar ese regresivo paso se requiere cambiar la Constitución, por lo que la coalición del gobierno necesitaría del apoyo parlamentario de la oposición. Sería un respaldo opositor carente ya no sólo de norte democrático, sino de sentido de supervivencia. Confiemos en que ese grave extremo no se verifique.
Por el contrario, ante el indeclinable pluralismo político de la sociedad mexicana que se hace patente una y otra vez en las urnas, se antoja más atinado dejar atrás las trabas con las que el otrora partido hegemónico buscó garantizarse el control artificial del Congreso —como la cláusula que permite una sobrerrepresentación legislativa del 8 %— y avanzar, al fin, hacia una integración parlamentaria donde cada grupo tenga el peso que los ciudadanos le confieran en las urnas. Los electores tienen la palabra este 2 de junio, ¿no le parece a usted estimado lector?