Canapat alerta, el uso de motocicletas genera riesgos viales, inseguridad y abusos

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El crecimiento acelerado en el uso de motocicletas en el Estado de México ha encendido las alarmas del sector transportista, debido al aumento de percances viales, altercados en las calles y su presunta utilización en actividades ilícitas, manifestó Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), quien advirtió que la circulación de estas unidades representa actualmente un foco de preocupación para quienes operan en la entidad.

De acuerdo con el representante empresarial, la presencia de motociclistas ha registrado un incremento exponencial en los últimos 15 años. Si bien reconoció que este medio de transporte ofrece una alternativa de movilidad para la ciudadanía, subrayó la urgencia de que las autoridades implementen mecanismos de control más estrictos, verificando que los conductores cuenten con la capacitación necesaria y el equipo de seguridad reglamentario. Asimismo, alertó sobre el presunto empleo de estas unidades para cometer asaltos, homicidios y delitos vinculados al narcomenudeo.

En el ámbito vial, López Nava detalló que las fricciones entre motociclistas y automovilistas suelen intensificarse los fines de semana, especialmente en arterias como la avenida Las Torres y otros puntos estratégicos del estado. Estos conflictos han escalado al grado de dejar vehículos particulares severamente dañados tras riñas en la vía pública, denunció.

A este panorama se suman las presuntas irregularidades en el actuar de algunos elementos de tránsito, por lo que el delegado consideró indispensable profesionalizar a los agentes para que apliquen los protocolos correctamente y no perjudiquen de manera injustificada a los ciudadanos ni a los choferes.

Para ilustrar esta situación, recordó un episodio ocurrido en septiembre pasado, cuando operadores del transporte público fueron esposados y presentados ante el Ministerio Público por llevar una copia simple de la tarjeta de circulación.

Aunque la autoridad determinó posteriormente que no se había configurado ningún delito, el incidente generó severas afectaciones laborales y económicas, ya que liberar cada unidad del corralón tras dos días de retención implicó un desembolso de 30 mil pesos.

Destacó que los transportistas ya han solicitado una reunión con el presidente municipal de Toluca para exponer estas problemáticas.