¿Cómo Atender los Retos de la Transparencia en los Municipios?
Frente a los datos ofrecidos por los censos de gobierno sobre la función de control interno de los gobiernos municipales, es posible decir que las estructuras en esa materia no están en condiciones de cumplir con las obligaciones que ya tienen, mucho menos con las funciones de los órganos de transparencia destruidos, reconoce Jaime Hernández Colorado, es director general de Nosotrxs.
En los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales se señala que, a diciembre de 2022, las administraciones públicas municipales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1,122 órganos internos de control (OIC) u homólogos.
Como parte del ejercicio de la función de control interno, en 2022 se aplicaron 24,054 auditorías a los 2,469 gobiernos municipales mexicanos. Sin embargo, de ese total, sólo 3,443 fueron hechas por OIC; del resto, 15,902 por contraloría interna, 3,022 por entidad de fiscalización superior, 854 por Auditoría Superior de la Federación, 427 por secretaría de la contraloría estatal, 130 por Secretaría de la Función Pública y 276 por “otra autoridad”. Si se tiene en cuenta como referencia el número de 1,122 OIC municipales, se puede observar que estos hicieron, en promedio, 3.06 auditorías cada uno en el período anual de 2022, es decir, un resultado magro respecto del volumen de gasto público y mandatos que entrañan las administraciones municipales en conjunto.
Otro enfoque de análisis de los datos de auditorías a las administraciones municipales es el de su direccionamiento. Por ejemplo, de las 24,054 auditorías hechas en total, 18,769 se concentraron en instituciones de la administración pública. En este caso, una de las hipótesis posibles es que ese número se integró en gran medida por auditorías de cumplimiento financiero que, como se sabe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “revisan que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero haya sido correcto”. Es decir, no tienen que ver con la vigilancia del desempeño. Del resto de las auditorías, únicamente 3,118 fueron a obra pública y 1,348 a fondos y subsidios federales. Los 716 restantes se concentraron en “otros rubros”.
Conforme al Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023, actualizado al 27 de noviembre de 2023, los gobiernos estatales tuvieron 906 OIC en 2022, una disminución de 4.6 % frente a los datos de 2021 (950). Esos OIC de las administraciones estatales tuvieron 4,217 personas servidoras públicas adscritas en 2022, 38.2 % menos que en 2021. Por lo que hace a la integración que establece la LGRA, en 2022 hubo: 2,230 personas servidoras públicas en áreas de investigación —contra 2,403 en 2021—, 707 en sustanciación —frente a 513 en 2021— y 583 en resolución o sanción —ante 364 de 2021.
En el caso del ámbito estatal, durante 2022 se hicieron 6,923 auditorías, lo que significó una disminución de 31.9 % respecto de 2021, en que se hicieron 10,159. De esas 6,923, 3,444 fueron hechas por los OIC, 1,128 por las secretarías de contraloría, 1,059 por la Auditoría Superior de la Federación, 1,016 por entidades de fiscalización superior, 145 por la Secretaría de la Función Pública y 131 por “otra autoridad”.
En términos de la función de control interno en el gobierno federal, el Censo Nacional de Gobierno Federal 2023, actualizado al 21 de marzo de 2024, señala que la Administración Pública Federal (APF) tuvo 206 OIC en 2022, es decir, una disminución de 3.7 % respecto de 2021. El número de personas servidoras públicas adscritas a los OIC disminuyó, frente a los datos de 2021, en 47 %. En relación con la integración de los OIC: 1723 personas en áreas de investigación (1738 en 2021), 1003 personas en áreas de sustanciación (785 en 2021) y 11 en resolución o sanción (frente a 523 en 2021).
*Licenciado y Maestro en Periodismo
lurame_3@hotmail.com @luciorm