+¿Dónde quedaron los resultados de la evaluación de jefes policíacos que supuestamente realizó el Ejecutivo del Estado de México?; ¿Derogar o no derogar el Decreto Presidencial 104?, esa es la cuestión

La frase:

Como quien dice, al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hugo Aguilar Ortiz, si le hizo justicia la revolución zapatista, pero no la de Emiliano sin hora de…

EL SUBCOMANDANTE MARCOS

Y los jefes policiacos municipales, ¿pasaron la prueba del añejo?

Al principio de las actuales administraciones municipales, incluso antes, se supone que los alcaldes del Estado de México sometieron a consideración del Poder Ejecutivo del Estado de México sus propuestas de quienes ocuparían los cargos de directores de Seguridad Pública, o como se les llame en cada caso. De ese análisis, no se sabe nada acerca de los resultados, nunca se dijo quién sí había superado la evaluación y menos los métodos con los que éstos fueron revisados en su confiabilidad y capacidad.

El presunto responsable de esa evaluación fue el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, pero ni él ni el secretario de Seguridad Pública –por lo menos el actual— Cristóbal Castañera Camarillo, han dado cuentas sobre los resultados de las supuestas evaluaciones. Lo único que se conoce sobre ese tema es que, los que supone pasaron pruebas y lograron la confianza de la titular del Ejecutivo del Estado de México ya están en funciones, que son los responsables de lo que está sucediendo en la entidad mexiquense en materia de seguridad, con lo plausible o no, que puedan ser los resultados cosechados hasta el momento.

En el Centro Estatal de Control de Confianza se sigue la política del silencio absoluto. Atrás quedaron los tiempos en que se hacía caso a la Ley de Transparencia –ahora en peligro de extinción— y se daba cuenta de manera mensual sobre cuántos elementos de las diferentes policías del Estado de México se presentaban a evaluación, cuántos de ellos aprobaban, cuántos eran rechazados e incluso las razones y el seguimiento que se daba a cada uno de los uniformados.

Porque hay que recordar que no todos los que son rechazados en las llamadas pruebas de control de confianza son reprobados por corruptos, por tener antecedentes penales o porque algo no funciona bien en sus cabezas e incluso son potencialmente peligrosos para desempeñar el cargo de policías, también hay causas atribuibles incluso al estado de salud de las personas que les imposibilitan seguir portando un uniforme y un arma de cargo.

Por ejemplo, parte fundamental de las pruebas de aptitud policiaca es el estado general de salud de las personas; es decir, si alguno supera los niveles de glucosa en sangre o registra una arritmia cardiaca, automáticamente debe darse de baja de las labores de calle de la policía y ser reasignado a un trabajo de oficina, en el cual tendrá un plazo perentorio para corregir su salud, ya sea por dieta y ejercicio o incluso someterse a un tratamiento médico más elaborado que le permita eventualmente recuperar su físico y entonces sí ejercer el cargo.

Pero aquí la pregunta clave es ¿cuántos de todos los que se supone se pusieron a consideración del Ejecutivo estatal aprobaron esas pruebas de control de confianza? ¿Cuántos en realidad no pudieran calificar para la plaza que buscaban por razones como la corrupción o la vinculación a alguna actividad delictiva?

Esos datos nunca nos los van a dar, ni el jefe de la policía del Estado de México ni mucho menos el brillante equipo de comunicadores que rodean a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y al secretario General de Gobierno, quien fue, como ya se dijo, el responsable de sacar adelante ese proyecto inicial de saneamiento de los cuerpos de seguridad pública de esta entidad.

Luego entonces, no todos los que integran las policías municipales y estatales en el Estado de México cuentan con alguna certificación que nos garantice a los mexicanos que verdaderamente podemos confiar en ellos para protegernos, tanto en lo personal como en lo material

¿Cuántos de nuestros policías son verdaderamente dignos de confianza para desempeñar el cargo? No lo sabemos, decir que todos, sería muy ambicioso, decir que ninguno también sería una forma de discriminación y, sobre todo, de menosprecio de la tarea que algunos sí llevan a cabo de manera acertada y responsable.

El problema en materia de seguridad, como hoy lo es a nivel estatal e incluso a nivel nacional, es la falta de transparencia, esa opacidad con la que se mueven las cosas en el gobierno mexiquense, donde parece ser un pecado que la gente sepa bien a bien qué se hace con el dinero que contribuyen vía impuestos a la administración pública.

Hoy no sabemos nada de nada de lo que sucede o se hace en los gobiernos estatal o federal, porque el proyecto de desaparecer los organismos responsables de transparentar la vida pública sigue en proceso, y los que todavía legalmente existen lamentablemente están en manos de personas que prefieren vivir en una vacaciones eternas, a costa del presupuesto, que cumplir con su responsabilidad y dar respuesta a aquello que muchos preguntamos, pero a la cual el sector público prefiere callar, ocultar, mimetizar en boletines triunfalistas del supuesto quehacer de la administración pública.

Derogar o no derogar el Decreto Presidencial 104, esa es la cuestión

En un capítulo más de la tragicomedia titulada La Tremenda Corte, que hoy protagonizan nuestras autoridades federales, entró a discusión la derogación del Decreto 104 del Gobierno de la República, el cual fue expedido en 1941 por el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho. ¿Pero qué dice el Decreto Presidencial 104?

En el Artículo 1 se señala que es obligatorio el uso de toga por los ministros, mientras que el Artículo 2 describe sus características físicas. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y no ha sido derogado ni reformado, por lo que mantiene vigencia legal como acto administrativo del Poder Ejecutivo federal.

Sin embargo, nuestros brillantes diputados federales, encabezados por los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, pretenden derogar este Decreto Presidencial para que quienes imparten justicia puedan presentarse a trabajar en pantalones de mezclilla, en bermudas o en cualquier ropa, de modo de quitarle –dicen ellos—lo estirado al ejercicio de la ley.

La consulta de su estatus actual en el Diario Oficial de la Federación confirma su validez jurídica. Esto implica que la toga no es opcional, sino un requerimiento normativo vigente.

La pregunta es: ¿Es un acto simbólico o de insubordinación?

No, usar la toga puede tener efectos simbólicos dentro del Poder Judicial y hacia la ciudadanía. Podría generar una percepción de desdén hacia las normas históricas del tribunal constitucional.

¿Quién puede modificar o derogar el decreto 104?

El presidente de la SCJN no puede modificar ni derogar el decreto 104, ya que carece de facultades legislativas o ejecutivas. Sólo la presidenta de la República puede hacerlo mediante un nuevo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Existen dos vías para su modificación:

Opción 1: Decreto presidencial. El Ejecutivo puede emitir un nuevo decreto que derogue, reforme o transfiera esta decisión al Poder Judicial

Opción 2: Acción legal indirecta. Se podría intentar impugnar el decreto por la vía del amparo indirecto, pero es improbable que prospere por falta de afectación directa a derechos fundamentales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría promover un exhorto formal al Ejecutivo o un acuerdo interno del Pleno solicitando la revisión del decreto, pero carecería de efectos jurídicos vinculantes.

Luego entonces, en los próximos días veremos cómo las fuerzas políticas nacionales, representadas prioritariamente en las cámaras de diputados y de senadores del país pierden el tiempo en discutir si los de la Suprema Corte deben ir vestidos de alguna manera más cómoda al ejercicio de sus funciones, o simplemente mantener la toga como un elemento fundamental a la hora de impartir justicia.

Es cierto que el hábito no hace al monje, pero en una función tan específica como la es la que desempeñan los ministros de la Corte bien debería respetarse la formalidad y todo lo que en el imaginario colectivo significa hasta nuestros días el uso de ese disfraz para la impartición de justicia, pero viniendo de donde viene la propuesta de derogar el Decreto Presidencial 104 ya nada nos espanta…

¿Se imagina usted a los nuevos magistrados sin toga, a los sacerdotes sin sotana, a los médicos sin su estetoscopio, a los ingenieros sin teodolito y a los dentistas sin el taladro correspondiente?

¿Se imagina usted a la jefa de gobierno en la ciudad de México, Clara Brugada en el personaje de Nananina, al senador Gerardo Fernández Noroña como José Candelario Tres Patines, a Hugo Aguilar Ortiz y que dicen será presidente de la Suprema Corte, en el papel de El Tremendo Juez, a Alfonso Cepeda Salas actual líder del SNTE como Simplicio Bobadilla y Comejaibas y que cuando sesione la Suprema Corte llame a cuentas a tres patines y este diga: ¡a la reja!… Por lo menos los cubanos nos divertían.