El ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO

Hay palabras que parecen demasiado inocentes para ser políticas. Familia es una de ellas, la  pronunciamos para nombrar el lugar del cuidado, del afecto, de la protección, la invocamos cuando hablamos de infancia y la convertimos fácilmente en sinónimo de aquello que debe preservarse, que debe construirse. Pero quizá convenga detenernos un instante antes de asumir que la familia es una realidad natural, eterna y políticamente neutral. ¿Qué llamamos familia cuando una niña violada es obligada a continuar un embarazo? ¿Qué significa proteger a la familia cuando se niega a los niños y adolescentes una educación capaz de enseñarles a reconocer la violencia, nombrarla y pedir ayuda?

Hace casi ciento cincuenta años, Friedrich Engels escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El título sigue siendo incómodamente contemporáneo. No porque debamos aceptar sin reservas todas las hipótesis antropológicas de Engels (quien escribía en 1884 y buena parte de la antropología de la que partía ha sido posteriormente revisada), sino porque su intuición política conserva una fuerza difícil de ignorar y es que las formas familiares no existen fuera de la historia, porque están relacionadas con formas de propiedad, de producción, de autoridad y de reproducción social. La familia, como institución, también puede ser un lugar donde se organiza el poder. Y quizá por eso el título de Engels sirve hoy como una metáfora particularmente incómoda para hablar de la educación sexual en el Perú.

La palabra familia, de hecho, tiene una historia menos tierna de lo que solemos imaginar y que he de confesar, desconocía. En el texto antes mencionado Engels escribe: En su origen, la palabra familia no significa el ideal, mezcla de sentimentalismos y de disensiones domésticas, del filisteo de nuestra época; al principio, entre los romanos, ni siquiera se aplica a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre. (1070, pág. 23). Incluso recoge la expresión romana familia, id est patrimonium es decir, la familia como patrimonio, como aquello que podía transmitirse hereditariamente (1970). La familia romana que Engels reconstruye comprendía bajo la autoridad del pater familias a la mujer, los hijos y los esclavos.  Y añade un pasaje de Marx La familia moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus), sino también la servidumbre, y desde el comienzo mismo guarda relación con las cargas en la agricultura. Encierra, in miniature, todos los antagonismos que se desarrollan más adelante en la sociedad y en su Estado, (pág. 23)

Conviene hacer aquí la precisión de que la etimología que vincula directamente familia con famulus ha sido discutida por los estudios filológicos posteriores. Un antiguo diccionario de antigüedades grecorromanas señala que esa derivación no es aceptada de manera unánime y que familia designaba originalmente al conjunto de personas pertenecientes a una casa, aunque posteriormente incluyó aquello sometido al poder del paterfamilias (Smith, Wayte & Marindin, 1890). Pero la cuestión filosóficamente relevante permanece en la historia romana, la familia llegó a abarcar no solamente relaciones de parentesco, sino también personas y bienes sometidos a una autoridad doméstica. Sea como fuere, no se trata, entonces, de decir que familia significa esclavitud como si hubiéramos descubierto una definición secreta escondida en el latín, es reconocer que la historia de la familia revela que los vínculos de parentesco nunca han estado completamente separados de las relaciones materiales de poder.

Engels lo formula con mayor contundencia al señalar que la familia moderna contiene en germen, no sólo la esclavitud (servitus), sino también la servidumbre de la gleba (1970). Y, más adelante, relaciona la familia monogámica con la supremacía masculina y con la familia individual como unidad económica de la sociedad. La tesis central no es que toda familia sea una forma de esclavitud, sino que las instituciones de la vida privada tienen también una historia económica y política. Por eso resulta tan extraña y tan reveladora la manera en que cierta política contemporánea utiliza la palabra familia como si fuese una entidad sagrada situada por encima de la historia.

En el Perú, una de las principales protagonistas de esta disputa es María de los Milagros Jáuregui de Aguayo, quien en su biografía oficial del Congreso puede leerse: Desde hace más de treinta años trabajo incansablemente por LA VIDA, LA FAMILIA y LOS MÁS VULNERABLES. Mi objetivo principal es generar conciencia sobre la importancia de la familia y de cada uno de sus miembros (Congreso de la República del Perú). La frase resulta particularmente reveladora porque la congresista fue una de las impulsoras de la Ley 32535, norma que eliminó las referencias a la Educación Sexual Integral y ordenó sustituirla por una educación sexual con base científica, biológica y ética. En mayo de 2026, el Ministerio de Educación hizo efectiva esa sustitución al derogar la Resolución Viceministerial 169-2021-MINEDU, que contenía los lineamientos de ESI. La ironía no está en que exista una nueva política de educación sexual, la educación sexual, naturalmente, debe ser científica. La ironía está en llamar ideología a un enfoque que incluía precisamente la prevención de la violencia sexual, la prevención del embarazo adolescente y de las uniones tempranas, los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y el reconocimiento de la violencia de género. Eso es exactamente lo que contemplaban los lineamientos de ESI aprobados en 2021 (Ministerio de Educación, 2021). Y resulta todavía más extraño cuando la sustitución se sostiene sobre afirmaciones que no describen aquello que realmente decía la ESI.

Jáuregui ha llegado a afirmar públicamente que la educación sexual obligaba a niños de cinco años a pintarse las uñas, maquillarse y vestirse de mujeres aunque lloraran, y ha sostenido también que la ESI enseñaba que el semen tiene nutrientes. Aquello constituye una caricatura construida para producir miedo. La educación sexual integral, según la Organización Mundial de la Salud, comprende información científicamente rigurosa y adecuada a la edad sobre el cuerpo, las relaciones, el consentimiento, la autonomía corporal, la prevención del abuso, el embarazo, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La evidencia disponible no muestra que la ESI incremente la actividad sexual, por el contrario, los programas de calidad pueden retrasar el inicio de las relaciones sexuales y reducir conductas de riesgo (OMS, 2026).

Pero aquí aparece una paradoja que me interesa más que la falsedad de una afirmación concreta. Se acusa a la ESI de introducir ideología, mientras Jáuregui introduce una educación sexual definida explícitamente desde valores morales, una determinada concepción de la familia y una comprensión binaria de la sexualidad. Es decir que se pretende expulsar la política de la educación sexual mientras se instala otra política en su lugar. No es, como plantea Jáuregui y quienes la apoyan, educación sin ideología, es nada más que otra ideología. Una ideología de fe. Porque Jáuregui no es solamente congresista, es pastora evangélica. Y ojo, no hay nada que objetar a que una persona tenga una fe religiosa, no quiero prestarme a malos entendidos, el problema comienza cuando una convicción religiosa particular pretende presentarse como criterio universal para legislar sobre cuerpos que pertenecen a ciudadanos con convicciones distintas. La cuestión aquí es la transformación de una moral religiosa en política pública obligatoria, no las afecciones privadas de fe que cada uno posee. La contradicción se vuelve todavía más brutal cuando observamos qué ocurre con las niñas que esa misma política dice proteger.

En febrero de este año se hicieron públicas imágenes de niñas víctimas de violación, algunas de entre 10 y 13 años, pertenecientes al refugio La Casa del Padre, fundado por Jáuregui. Las menores aparecían junto a sus hijos recién nacidos en una actividad vinculada al albergue. La congresista ha negado haber publicado las fotografías y ha afirmado que dejó la dirección del refugio años atrás, posteriormente, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar sobre el centro, y fuera de lo perturbador de tal fotografía es la idea política que la sostiene. Jáuregui ha defendido públicamente la continuidad de los embarazos de niñas víctimas de violación atendidas en ese contexto y ha descrito al bebé producto de la violación como la verdadera víctima. En otras palabras, el cuerpo de una niña de diez, once, doce o trece años puede ser convertido en territorio de una moral reproductiva que decide por ella.

Regreso a la misma pregunta, ¿De qué familia estamos hablando? Porque mientras se pronuncia la palabra familia con mayúsculas, en otro lugar del Perú hay niñas para quienes la familia, la escuela y el Estado han fallado simultáneamente, en Amazonas, Condorcanqui, El Cenepa, Awajún, Wampís. Allí la palabra protección debería adquirir un peso completamente distinto.

Las denuncias de violencia sexual contra niñas awajún y wampís no comenzaron en 2024. Las dirigentes indígenas venían denunciándolas desde mucho antes. Un análisis del IDEHPUCP documentó denuncias de violaciones sexuales perpetradas por docentes desde comienzos de los años 2000 y señaló que, desde 2004, ya se abrían procesos administrativos contra docentes acusados de violación en perjuicio de alumnas indígenas en Bagua. En 2024, las denuncias presentadas por organizaciones de mujeres awajún y wampís registraban al menos 524 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes vinculados a docentes en distintas zonas amazónicas. Los datos nefastos demuestran que estamos hablando de una estructura, y dentro de esa estructura hay otra epidemia. En las familias awajún del distrito de El Cenepa, los primeros rumores sobre una enfermedad llamada sida comenzaron a circular, según los testimonios recogidos por María Ximena Flores Rojas, desde 2002. Entre 2010 y junio de 2018, se diagnosticaron 196 casos de VIH en El Cenepa; la autora señala que eso equivalía aproximadamente al 1,9 % de la población del distrito, mientras que en algunas comunidades la proporción alcanzaba el 4,6 % e incluso el 7% (Flores Rojas, 2020).

La historia del VIH en la Amazonía no puede reducirse, sin embargo, a una lista de porcentajes. Flores Rojas muestra cómo las comunidades awajún incorporaron la enfermedad dentro de sus propias categorías de cuerpo, enfermedad y daño. Pero también muestra que las enfermedades asociadas al contacto con poblaciones no indígenas llegaron a territorios que ya estaban atravesados por desigualdades, relaciones de explotación, migración, precariedad sanitaria y violencia estructural. La autora recuerda, además, que para muchas familias awajún la llegada de comerciantes, misioneros y otros agentes no indígenas estuvo históricamente acompañada por nuevas enfermedades. En sus testimonios, el VIH aparece como parte de esa memoria de contacto, veinte años después de aquellos primeros rumores, la epidemia no pertenece al pasado.

Entre 2019 y 2023 se registraron 721 nuevos casos de VIH en menores de edad en Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, lo que equivale al 40 % del total nacional de casos de niños y adolescentes registrados en ese período. Amazonas ocupó el segundo lugar del país, con 272 casos. Condorcanqui, precisamente donde se concentran numerosas denuncias de violencia sexual contra escolares awajún, aparece entre los territorios más afectados (OjoPúblico, 2024).

Lo dantesco es que el Estado no padece de ceguera, conoce el problema desde hace años y, aun así, sus respuestas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud y persistencia de la violencia y la epidemia, en septiembre de 2024, el Ministerio de Salud informó que había tamizado a más de 6000 personas en Bagua y Condorcanqui y que se estaban desplegando brigadas móviles, técnicos indígenas, pruebas rápidas y tratamiento antirretroviral. En 2025 y 2026 el propio Minsa continuó organizando intervenciones interculturales y brigadas móviles para llegar a las comunidades. Pero si conocemos el problema desde hace dos décadas, si sabemos que existe violencia sexual contra niñas, si sabemos que existen infecciones de transmisión sexual, si sabemos que hay adolescentes que viven en internados rurales aislados, si sabemos que existen dificultades de acceso a salud y justicia, entonces, más allá de cuestionar qué hace el Estado para tratar el VIH, la pregunta que debe incomodarnos es por qué seguimos llegando cuando el cuerpo ya fue violentado. Porque una educación sexual integral no es una clase sobre sexo, lo que hace es intervenir sobre algunas de las condiciones materiales de supervivencia.

Es darle a una niña herramientas para defender la autonomía de su propio cuerpo frente a un profesor, a un familiar, a un adulto, a una pareja o a una institución. Significa dotarla de un lenguaje para nombrar el abuso y destrozar la noción de que un secreto basado en el miedo constituye una obligación moral,  Significa trazar la línea infranqueable del consentimiento. Implementar esta política es hablar del VIH antes de que llegue el diagnóstico, y de preservativos antes del contagio, es la certeza de que una violación jamás es responsabilidad de la víctima. En contextos de abandono, la educación sexual es la arquitectura de una red de reconocimiento, una herramienta capaz de intervenir antes de que la violencia se convierta en embarazo, infección, deserción escolar o muerte.

Y eso no es destruir a la familia, es arrancar el velo de impunidad que la protege cuando se convierte en un calabozo. 

Siguiendo la lucidez materialista de Engels, la institución familiar no es un santuario idílico de afectos, sino una estructura histórica moldeada por relaciones de propiedad y subordinación. Las pensadoras marxistas lo llevaron al extremo mostrando que la reproducción de la vida como parir, criar, cuidar, alimentar, sostener cuerpos lejos de ser un asunto privado separado de la economía, es una condición fundamental para la reproducción de la sociedad misma (Federici, 2012). Por eso, confinar el cuerpo de una niña, su violación, su embarazo forzado o su diagnóstico de VIH al ámbito doméstico es una coartada política. Lo que el Estado llama privacidad familiar es, en la Amazonía, la privatización del horror, los cuerpos no representan dramas familiares de páginas de sucesos, son el territorio donde se disputa el derecho a no ser sacrificada en nombre del silencio, ahí radica la soberanía más elemental. Son asuntos políticos porque comprometen la reproducción de la vida social, la distribución del poder y la posibilidad misma de que una persona pueda decidir sobre su propio cuerpo.

Y entonces podemos volver a la frase de Jáuregui: la vida, la familia y los más vulnerables. Solo que después de todo lo anterior esas palabras ya no pueden permanecer intactas. La pregunta no es si ella defiende o no a la familia, sino qué entiende por familia y qué entiende por vulnerabilidad. Porque una niña de diez años embarazada como consecuencia de una violación es, indudablemente, vulnerable. Pero reconocer su vulnerabilidad no significa convertirla en instrumento de una idea religiosa sobre la maternidad, una niña que necesita protección no necesita que otra persona decida que su cuerpo debe convertirse en prueba de una doctrina, y hay algo profundamente violento en decir que se protege la vida cuando aquello que se protege es una idea abstracta de la vida que exige a una niña poner su cuerpo al servicio de ella. Si de verdad hablamos de proteger a los vulnerables, entonces hay que empezar por aquello que su vulnerabilidad exige: atención sanitaria, justicia, educación, acompañamiento psicológico, protección frente al agresor y capacidad efectiva de participar en las decisiones que conciernen a su propia existencia, dentro de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico. 

Esto adquiere una dimensión todavía más brutal en Condorcanqui. No podemos hablar de familia mientras las niñas en internados rurales quedan desprotegidas, mientras docentes acusados de violencia sexual permanecen blindados por el sistema educativo, y mientras las denuncias prescriben ante la indolencia de un Estado que llega tarde, mal y con recursos insuficientes. Este desastre no se resuelve folklorizando la violencia ni usando la cultura como atenuante, señalar la responsabilidad del Estado no resta un gramo de peso a la criminalidad de los agresores dentro de las comunidades, la violación en la Amazonía y en cualquier parte del mundo, es un delito. Lo potente de la lucha de las lideresas awajún es que combaten en dos frentes simultáneos: exigen el fin de la impunidad para los violadores de su entorno y desmantelan el racismo de un aparato estatal que prefiere abandonar la región antes que garantizar justicia. 

No es casual, entonces, que una determinada concepción estatal de la familia pueda terminar protegiendo la abstracción de su unidad antes que las condiciones concretas de vida de las niñas y niños, como advirtió Engels, la institución familiar no nació como un refugio moral de afectos, sino como un dispositivo jurídico de patrimonio, autoridad y subordinación, por ello, la familia que los sectores conservadores invocan hoy como pilar del Estado no es una reserva de valores neutrales. Bajo la retórica del afecto se esconde un mecanismo ideológico diseñado para sustraer los cuerpos de su propia autonomía, silenciar la violencia territorial y preservar las jerarquías del poder. La familia, cuando es instrumentalizada por el Estado resguarda la impunidad, no protege la vida. Lo verdaderamente político, entonces, no es decidir si la palabra “familia” nos gusta o nos disgusta, es negarnos a que esa palabra funcione como una coartada para retirar determinados cuerpos del campo de la justicia. Cuando se elimina un enfoque educativo que enseña consentimiento, autonomía corporal, prevención de la violencia, salud sexual y reproductiva y prevención del VIH, no se está sacando a la política de las aulas. Se está decidiendo políticamente qué puede saber un niño sobre su propio cuerpo, qué puede reconocer una adolescente como violencia y hasta dónde puede llegar la autoridad de los adultos sobre ellos.

Por eso resulta tan extraño que quienes hablan constantemente de proteger a los niños desconfíen de enseñarles precisamente aquello que puede permitirles reconocer a quien los amenaza. Y resulta todavía más extraño que quienes invocan la familia como núcleo moral de la sociedad quieran sustraer de la discusión pública las relaciones de autoridad, dependencia y poder que también existen dentro de ella. Una sociedad que enseña a sus niñas y niños a callar para conservar la apariencia de una familia intacta no está protegiendo a la familia, está protegiendo el silencio que permite que ciertas violencias permanezcan ocultas. Aquí la disputa por la Educación Sexual Integral deja de ser una discusión sobre contenidos escolares y vuelve a su dimensión política fundamental: una disputa por el poder de nombrar, conocer y decidir sobre los cuerpos. ¿Quién tiene derecho a nombrar el cuerpo de una niña? ¿Quién decide qué debe saber sobre él? ¿Quién establece los límites de la autoridad de los adultos? ¿Qué vidas se consideran dignas de protección y cuáles quedan expuestas en nombre de una determinada idea de familia? La respuesta, sin embargo, nunca puede recaer únicamente sobre la capacidad individual de una niña para defenderse, nadie se emancipa de una estructura de violencia solamente mediante la voluntad. Hace falta disponer de palabras para reconocerla, de instituciones que crean en quien denuncia, de adultos capaces de intervenir, de servicios de salud que lleguen a tiempo y de un Estado que no convierta la distancia territorial en distancia política. Por eso la Educación Sexual Integral no sustituye a la justicia, a la salud ni a la protección institucional, pero forma parte de las condiciones materiales que permiten que esas respuestas existan y lleguen antes de que el daño se vuelva irreversible.

Quizá por eso el título de Engels siga siendo incómodamente contemporáneo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado no nos obliga a aceptar intacta la antropología del siglo XIX, pero conserva la pregunta materialista que continúa siendo fértil ¿qué relaciones históricas de poder se esconden detrás de aquello que una sociedad presenta como natural, eterno o intocable? La familia tiene una historia, también la tienen las formas de autoridad, la maternidad, la infancia, la sexualidad y las maneras en que una sociedad organiza la reproducción de la vida. Si el Estado utiliza la palabra familia como un calabozo de impunidad jurídica, la filosofía y el territorio nos obligan a volver a Engels, no para repetirlo como dogma, sino para recuperar esa sospecha, porque allí donde una institución aparece como natural, conviene preguntar qué relaciones de poder la han producido, qué cuerpos quedan sometidos a ella y quién posee la autoridad para definir sus límites.

Desde ahí, la disputa por la Educación Sexual Integral adquiere otra dimensión. Enseñar a una niña que su cuerpo puede ser nombrado, reconocido y defendido significa intervenir en una relación de poder concreta, negarle esas herramientas también es una decisión política. Al final, lo que está en juego alrededor de la palabra “familia” excede su definición moral, está en juego quién puede decidir sobre los cuerpos que la familia, la sociedad y el Estado dicen proteger, qué vidas reciben las condiciones materiales para defenderse y qué formas de violencia estamos dispuestos a llamar normales cuando proteger la apariencia de la norma resulta más importante que proteger a quienes viven dentro de ella.

Sintonía 📻 

Hay canciones que llegan a una columna porque comparten con ella una palabra; otras, porque comparten una pregunta. Esta vez, ambas cosas ocurren con Silvio Rodríguez. Para una militancia de la palabra, la música no es un adorno estético ni una evasión lírica, sino la banda sonora de nuestras contradicciones materiales.

• La familia, la propiedad privada y el amor apareció en Al final de este viaje, publicado en 1978, y su propio título parece establecer una conversación inmediata con Engels, pero Silvio parodia la tríada de Engels para desnudar cómo las estructuras de la propiedad privada colonizan los afectos, convirtiendo la monogamia burguesa y el espacio doméstico en contratos de posesión. Escucharla después de esta columna es volver a mirar la familia fuera del lugar de inocencia en el que solemos colocarla.
• Playa Girón, escrita por Silvio en 1973 y publicada en Días y flores (1975), nace de la correspondencia del trovador con pescadores cubanos que habían participado en la defensa de Cuba durante la invasión de Bahía de Cochinos. 

Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto ¿Qué debiera decir?¿Qué fronteras debo respetar?

Romper el silencio institucional en la amazonía no es un ejercicio de iluminación teórica, es asumir la verdad implacable y poner la palabra al servicio de quienes hoy disputan su propia supervivencia en el territorio. Ambas recuerdan, desde la música, que ninguna palabra es completamente inocente cuando organiza la vida de otros. 

Breves citas

Congreso de la República del Perú. (s. f.). María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo: Periodo parlamentario 2021-2026. https://congreso.gob.pe 

Engels, F. (1970). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Editorial Progreso. 

Federici, S. (2012). Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de Sueños.

Flores Rojas, M. X. (2020). «VIH/sida awajún»: Nociones y experiencias de enfermedad y daño en un contexto de epidemia en la Amazonía peruana. Anthropologica, 38(44), 235–266. https://doi.org 

Ministerio de Educación del Perú. (2021). Resolución Viceministerial N.º 169-2021-MINEDU: Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica.

Ministerio de Educación del Perú. (2026). Resolución Viceministerial N.º 085-2026-MINEDU: Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética.

OjoPúblico. (2024, 22 de junio). Emergencia y desamparo: Amazonía peruana concentra al 40% de menores diagnosticados con VIH desde 2019. https://ojo-publico.com 

Organización Mundial de la Salud. (2026). Educación sexual integral. https://who.int 

Villasante, M. (2024). Las violaciones de niñas wampís y awajún: Injusticia 

comunitaria y ordinaria e impunidad. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP). https://pucp.edu.pe