EL VOTO TAMBIÉN PROTEGE A LA EMPRESA

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Para algunos empresarios, la política parece un asunto completamente ajeno a sus negocios. En reuniones sociales, encuentros de exalumnos o conversaciones entre amigos, los temas fluyen en un ambiente cordial hasta que alguien menciona las próximas elecciones o cuestiona el desempeño de las autoridades.

Entonces aparece el punto de quiebre: molestia, rechazo o apatía frente a asuntos que, aunque parezcan distantes, inciden directamente en la vida económica de cualquier empresa.

Conviene decirlo con claridad: las elecciones no son un espectáculo ajeno al sector productivo. En ellas se define quién establecerá y aplicará las reglas relacionadas con la seguridad, los permisos, los impuestos, la infraestructura, la movilidad, la energía, la justicia y la confianza pública.

El empresario que se desentiende de la política no se mantiene al margen de sus efectos. Simplemente renuncia a influir en las decisiones que pueden favorecer o perjudicar su negocio.

Permítanme una metáfora. El ajedrez representa la disputa por el poder: existen múltiples movimientos, posibilidades e imprevistos. El dominó, en cambio, muestra mejor las consecuencias. Las fichas son limitadas, cada jugada modifica la partida y una pieza puede provocar la caída de las siguientes.

Así ocurre con las decisiones públicas. Una mala elección puede desencadenar problemas de seguridad, deterioro urbano, mayores costos logísticos, pérdida de inversión y menor generación de empleos. Cada decisión institucional puede convertirse en una ficha que derriba a las demás.

Hace poco supe del caso de un amigo emprendedor que, pocos meses después de incursionar en el negocio de la paquetería, tuvo que cerrar su empresa y negociar la venta de sus activos con una de las grandes compañías del sector. Su negocio estaba ubicado en uno de los municipios conurbados de la Ciudad de México.

La causa principal fue el incremento de los costos de operación, hasta volver inviable el proyecto. Las calles llenas de baches provocaron daños constantes en sus camionetas: ponchaduras, cambios de llantas, reparaciones de suspensión y accidentes derivados de las maniobras necesarias para esquivar los hoyos.

Sus vehículos, de fabricación china, no estaban diseñados para soportar las condiciones de esas vialidades. Lo que parecía un problema urbano terminó convirtiéndose en un problema empresarial. El deterioro de la infraestructura redujo la productividad, elevó los gastos y terminó comprometiendo la permanencia del negocio.

Este ejemplo demuestra que una decisión municipal sobre mantenimiento de calles puede tener consecuencias directas en la rentabilidad de una empresa. Para quien administra una flotilla, cada bache representa tiempo perdido, combustible adicional, desgaste, reparaciones y riesgos para los trabajadores. La política pública se transforma, así, en un costo concreto.

Votar no significa entregar la conciencia a un partido ni convertirse en militante o simpatizante. Significa defender, con información y responsabilidad, las condiciones que permiten invertir, producir, generar empleos y crecer.

La abstención también es una decisión. Cuando los empresarios no participan, otros grupos deciden por ellos y establecen las prioridades públicas. Después, quienes se retiraron de la discusión sólo pueden padecer las consecuencias.

¿Cómo involucrar a los empresarios?

La comunicación debe plantearse en términos empresariales: certidumbre, costos, riesgos, inversión, empleo, infraestructura y continuidad. No se trata de imponer una preferencia partidista, sino de analizar qué candidaturas ofrecen mejores condiciones de gobierno y qué propuestas pueden sostenerse con resultados verificables.

También es necesario organizar conversaciones sectoriales. Las cámaras, asociaciones y grupos empresariales pueden identificar problemas comunes, comparar propuestas y formular compromisos públicos. La participación no debe terminar el día de la elección: votar debe ser el inicio de un ejercicio permanente de seguimiento y exigencia de cuentas.

Debe explicarse, además, el costo de la abstención. Si los empresarios se retiran, otros grupos definirán las autoridades, los presupuestos y las políticas públicas que afectan la actividad económica. La ausencia empresarial no elimina sus intereses; únicamente los deja sin representación activa.

La participación debe ser legal, transparente y responsable: votar, dialogar, observar, exigir información y denunciar irregularidades, sin condicionar empleos ni presionar a subordinados para apoyar una opción política.

La idea central puede resumirse así: el empresario que no participa en las elecciones no se mantiene al margen de la política; renuncia a influir en las reglas que afectan su empresa.

La indiferencia ciudadana también debilita el equilibrio de poderes, facilita la captura de las instituciones y permite que problemas excepcionales —como la inseguridad, la corrupción o la falta de infraestructura— se conviertan en condiciones permanentes. Cuando la sociedad deja de vigilar, otros ocupan ese espacio y toman decisiones sin suficiente control.

Por eso, votar no es únicamente ejercer un derecho político. Para el empresario, también puede ser una forma de proteger la inversión, reducir riesgos y defender las condiciones que hacen posible la actividad productiva.

En el dominó de la vida pública, ninguna ficha cae sola. Una decisión electoral puede modificar la seguridad, la movilidad, la infraestructura y los costos de operación de una región entera. Participar no garantiza que todas las decisiones serán correctas, pero abstenerse garantiza que otros decidirán por nosotros.

El voto también protege a la empresa