Elecciones del 2024 son las más violentas a nivel nacional, según informe de “Votar entre balas”
De 2018 al 13 de mayo de 2024 se han registrado en México mil 836 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno y de partidos políticos, por parte de grupos de la delincuencia organizada, según reportó el informe “Votar entre balas”, elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político.
Estas amenazan se dan antes, durante y después de procesos electorales, con la finalidad de tener el control de la jornada electoral, las instituciones y de los recursos públicos, situación que la organización denomina “violencia político-criminal”.
Esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios, amenazando a la democracia mexicana.
Al respecto, Itxaro Arteta, encargada del manejo de comunicación y prensa de la organización Data Cívica, expuso que en lo que va del 2024, se han registrado 19 personas precandidatas y candidatas asesinadas, mientras que 14 personas precandidatas y candidatas han sufrido otros tipos de ataques como amenazas, 5 ataques armados, 8 atentados 9 secuestro, pero no se reportan desapariciones.
En lo que respecta a la violencia político-criminal por entidades, Guerrero lidera la lista con más ataques, con el 11.3 por ciento, seguido de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que en conjunto representan el 37.7 por ciento de todas las víctimas registradas.
El Estado de México reporta 4.38 por ciento de las víctimas del país con 77 víctimas de asesinato, ataque armado, amenaza, atentado, secuestro a candidatas o candidatos, integrantes de partido, autoridades de elección popular, funcionarias y funcionarios, familiares, fuerzas de seguridad fuera de combate, en el periodo del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2024.
En tanto, refirió que en abril el número de agresiones en contra de personas vinculadas a la política en el marco del actual proceso electoral aumentaron 63 por ciento, comparado con marzo.
De acuerdo con el informe, el mes pasado se registraron 70 eventos vinculados con la “violencia político-criminal” en el país, con lo que a menos de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio, el 77 por ciento corresponden a puestos municipales, lo que muestra el interés del crimen organizado por tener injerencia a nivel local para construir el control territorial, iniciando por localidades para luego controlar regiones más grandes.
Advirtió del riesgo de la violencia político- criminal para la democracia y la seguridad del país, pues explicó que reduce la participación ciudadana, con lo que “el crimen organizado tiene más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes”.
Ante ello, Data Cívica emite las siguientes recomendaciones de una política pública: 1) fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; 2) desde las autoridades judiciales dar puntual seguimiento a la investigación y sanción para dar una señal clara del compromisos de proteger a autoridades vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; 3), desde los partidos políticos asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuya trayectoria y vínculos abonan a procesos de violencia, solución e impunidad y 4), desde las autoridades locales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidaturas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán.
“Los ataques contra personas funcionarias y candidatas son la cara más visible de la gobernanza criminal, pero es solo una dimensión de este fenómeno, es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país”, advirtió.
De 2018 al 13 de mayo de 2024 se han registrado en México mil 836 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno y de partidos políticos, por parte de grupos de la delincuencia organizada, según reportó el informe “Votar entre balas”, elaborado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político.
Estas amenazan se dan antes, durante y después de procesos electorales, con la finalidad de tener el control de la jornada electoral, las instituciones y de los recursos públicos, situación que la organización denomina “violencia político-criminal”.
Esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios, amenazando a la democracia mexicana.
Al respecto, Itxaro Arteta, encargada del manejo de comunicación y prensa de la organización Data Cívica, expuso que en lo que va del 2024, se han registrado 19 personas precandidatas y candidatas asesinadas, mientras que 14 personas precandidatas y candidatas han sufrido otros tipos de ataques como amenazas, 5 ataques armados, 8 atentados 9 secuestro, pero no se reportan desapariciones.
En lo que respecta a la violencia político-criminal por entidades, Guerrero lidera la lista con más ataques, con el 11.3 por ciento, seguido de Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que en conjunto representan el 37.7 por ciento de todas las víctimas registradas.
El Estado de México reporta 4.38 por ciento de las víctimas del país con 77 víctimas de asesinato, ataque armado, amenaza, atentado, secuestro a candidatas o candidatos, integrantes de partido, autoridades de elección popular, funcionarias y funcionarios, familiares, fuerzas de seguridad fuera de combate, en el periodo del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2024.
En tanto, refirió que en abril el número de agresiones en contra de personas vinculadas a la política en el marco del actual proceso electoral aumentaron 63 por ciento, comparado con marzo.
De acuerdo con el informe, el mes pasado se registraron 70 eventos vinculados con la “violencia político-criminal” en el país, con lo que a menos de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio, el 77 por ciento corresponden a puestos municipales, lo que muestra el interés del crimen organizado por tener injerencia a nivel local para construir el control territorial, iniciando por localidades para luego controlar regiones más grandes.
Advirtió del riesgo de la violencia político- criminal para la democracia y la seguridad del país, pues explicó que reduce la participación ciudadana, con lo que “el crimen organizado tiene más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes”.
Ante ello, Data Cívica emite las siguientes recomendaciones de una política pública: 1) fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; 2) desde las autoridades judiciales dar puntual seguimiento a la investigación y sanción para dar una señal clara del compromisos de proteger a autoridades vulnerables y desmantelar redes de protección existentes; 3), desde los partidos políticos asumir su responsabilidad en el proceso de postulación de candidaturas, dejando de lado perfiles cuya trayectoria y vínculos abonan a procesos de violencia, solución e impunidad y 4), desde las autoridades locales, elaborar planes de prevención y protección para las personas candidaturas en las entidades con mayor incidencia conforme a sus propias tendencias: Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco y Michoacán.
“Los ataques contra personas funcionarias y candidatas son la cara más visible de la gobernanza criminal, pero es solo una dimensión de este fenómeno, es probable que otros controles económicos y sociales estén en marcha o se produzcan en forma paralela. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal del país”, advirtió.