Expertos advierten retroceso de diez años en derechos humanos ante pandemia, y acusan silencio de legisladores mexicanos sobre problema

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De acuerdo con diagnósticos recientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se  advierte no solo de una suspensión en el avance, sino francos retrocesos de hasta una década en materia de Derechos Humanos ante la pandemia por Covid-19, lo que representa un fenómeno que preocupa, esto debido a la ineficiencia de los estados para hacer valer éstos en el marco del combate a la crisis sanitaria, ante lo cual los legisladores en México tienen amplias capacidades legales, pero han mostrado un total desinterés sobre el tema.

Expertos en derechos humanos aseguraron que relatorías especiales da la Comisión Interamericana de Derecho Humanos han advertido en resoluciones de estándares de este retraso y del riesgo de una mayor violación a derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de libertad de expresión a partir de la pandemia de la Covid-19.

Así se expuso durante la segunda mesa de conferencias titulada Instituciones protectoras de Derechos Humanos, realizada por convocatoria de MéxicoJusto.org, en donde el punto de debate se centró en La función de las instituciones protectoras de derechos humanos ante las contingencias.

Asimismo, se destacó que el recorte al presupuesto del sector salud, a los Organismos Constitucionales Autónomos y la complicidad de los legisladores a las políticas del ejecutivo podrían afectar seriamente la defensa de los derechos humanos de la población en México.

Cecilia Mora Donatto, investigadora de la UNAM, aseguró que el Congreso debe ser garante y protector de los derechos humanos, en especial en situaciones de pandemia, como se ha hecho en con algunos ejemplos de declaratorias de derechos en naciones europeas.

Explicó que con base en los artículos 29 y 76 de la Constitución Mexicana, los legisladores tienen las facultades de establecer mecanismos de control a las acciones del Poder Ejecutivo frente a la pandemia, ante lo cual han permanecido muy silenciosos al no fomentar la protección de derechos de la ciudadanía e impulsar una mayor relación intergubernamental con medidas temporales.

Acusó la tardía reacción del Estado mexicano para convocar al Consejo Nacional de Salubridad y hacer declaratorias de salud a nivel nacional ante la Covid-19, y el que este organismo no tenga acompañamiento a las decisiones salud pública del país, ya que el Consejo tiene considerables facultades legales para hacer frente a la pandemia.

La especialista hizo un llamado a la sociedad a que analice las capacidades que tienen los legisladores mexicanos para intervenir en casos de esta naturaleza, a exigir a los representantes del congreso una activa participación en beneficio de los derechos humanos y a pensar con seriedad a quiénes se les otorga el voto.

Al respecto Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo.org AC, resaltó igualmente la importancia de razonar el voto otorgado a quienes van por un puesto en el congreso federal y los estatales, en especial, considerar que sea gente que realmente vea por los intereses de sus representados, con independencia.

José Luis Soberanes, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró que este organismo ahora y en el futuro deberá “seguir enfrentando al poder” en beneficio de la población y de los derechos de ésta.

Hizo un detallado recuento del surgimiento de la figura del “ombudsman” a nivel internacional y en México y de la forma en la que en nuestro país se configuró la CNDH y las comisiones estatales, algunas de las cuales no han hecho todo lo necesario para cumplir con sus obligaciones.

Recalcó la importancia de no únicamente trabajar por la defensa de los derechos humanos sino de la promoción de los mismos, por lo cual es fundamental fortalecer a las comisiones y dotarlas con todo lo necesario, ya que son pilares de la democracia en el país.

En tanto, Perla Gómez, ex presidenta de la Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal y catedrática de la Facultad de derecho d le UNAM, destacó la importancia de valorar a los organismos promotores de los derechos humanos y no afectarles “con diagnósticos de ocurrencia” y recortes presupuestales.

Las mejores formas de destruir a los organismos son no darles presupuesto, no otorgarles facultarles y poner al frente de éstos “a alguien a modo para dirigirlos”.

Aseguró que las naciones que previo a la pandemia habían invertido en salud y ciencia son las que mejor han podido enfrentar la contingencia: “le apostaron a invertir, pero la supuesta austeridad de las izquierdas latinoamericanas no lo han entendido, son necesarios ejes rectores de austeridad no de austericidio”.

Finalmente, Juan Carballo, asesor legal de Global Health Advocacy Incubator, hizo un recuento de la forma en la que los estados se basan en declaraciones internacionales de organismos como la OMS o la OPS para promover acciones locales en beneficio de la salud y el cuidado de los derechos humanos.

Es necesario pensar en fortalecer los mecanismos que fomenten la procuración y la defensa de los derechos humanos, en un entorno en donde, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen más posibilidades de tomar decisiones que no sean adecuadas para su salud en comparación con generaciones previas.