+¿Fue detenida o no Nancy Nápoles? ¿Cuánto tiempo le queda de vida política? Dilema para la gobernadora, por su partido, por sus acciones y sus omisiones
La frase:
Lionel Messi: Gracias por ser como eres y por jugar como juegas.
FELICES 39
La transformación del Estado de México enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: demostrar que el cambio político no solo consiste en ganar elecciones, sino en construir gobiernos honestos, eficientes y cercanos a la gente.
Desde la llegada de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al poder, la entidad ha vivido una reconfiguración política sin precedentes, marcada por el combate a viejas estructuras de poder, la intervención de autoridades señaladas por presuntos vínculos con la delincuencia y una nueva correlación de fuerzas en los municipios.
La detención de exfuncionarios y comisarios investigados por presuntas actividades ilícitas, así como los movimientos políticos que llevaron a varios alcaldes de oposición a sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación, han generado debate entre quienes consideran estos cambios una alineación política necesaria para consolidar la gobernabilidad y quienes los observan como una forma de presión institucional.
Lo cierto es que el fenómeno del llamado chapulineo en municipios como Lerma y Mexicaltzingo, refleja una nueva realidad política donde Morena se ha convertido en el principal polo de atracción del poder local.
Sin embargo, el crecimiento político también implica mayores responsabilidades. El gobierno estatal y la dirigencia morenista no pueden ignorar que algunos de los principales riesgos para el proyecto de transformación provienen desde el interior de sus propias filas.
Cada escándalo de corrupción, abuso de poder, negligencia administrativa o conducta impropia protagonizada por servidores públicos emanados del movimiento representa un desgaste para la imagen de un gobierno que llegó con la bandera de la honestidad y el combate a los privilegios.
La ciudadanía no distingue entre grupos internos, corrientes o colores partidistas cuando evalúa resultados. Para la gente, un alcalde que falla, un funcionario que abusa de su cargo o un servidor público involucrado en polémicas termina impactando directamente en la credibilidad del proyecto político que representan.
Por ello, los casos registrados en diversos municipios gobernados por Morena o por partidos aliados deben verse como señales de alerta y no como asuntos menores.
La Cuarta Transformación ha sostenido desde sus orígenes que nadie debe estar por encima de la ley y que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo.
Bajo esa lógica, cualquier conducta que contradiga esos principios debe investigarse y sancionarse sin distinciones. Proteger a personajes cuestionados o minimizar errores sería repetir las prácticas que durante décadas fueron criticadas por el movimiento.
La gobernadora Delfina Gómez ha construido su liderazgo sobre una imagen de cercanía, austeridad y trabajo. Precisamente por ello, el mayor respaldo a su administración no consiste en ocultar problemas, sino en corregirlos.
El fortalecimiento institucional pasa por exigir resultados a alcaldes, secretarios, directores y representantes populares, independientemente de su peso político o cercanía con determinados grupos.
La transformación del Estado de México sigue siendo una apuesta respaldada por millones de ciudadanos que exigieron un cambio de rumbo. Pero para que ese proyecto conserve legitimidad deberá demostrar que cuenta con la capacidad de corregir desviaciones, castigar irregularidades y mantener la congruencia entre el discurso y los hechos.
El principal reto no está en enfrentar a la oposición, sino en evitar que los errores de algunos actores terminen debilitando una oportunidad histórica de cambio para la entidad.
Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que los gobiernos no se desgastan únicamente por los ataques externos; muchas veces los mayores riesgos provienen de quienes, teniendo la responsabilidad de fortalecer un proyecto, terminan convirtiéndose en su principal obstáculo.
EL CASO DE NANCY NÁPOLES
Según Nancy Nápoles todo tiene fines políticos y que se busca dañar su buen nombre. La pregunta sería ¿cuál buen nombre? Asegura que nadie en su familia está implicado o implicada en esos hechos y que tampoco hay ningún quebranto financiero en la administración pública municipal de Tenancingo. Incluso reta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a intervenir de inmediato para demostrar que hace falta algún dinero de ese gobierno municipal. Por cierto, el OSFEM está más lento que un paquidermo.
Lo que no se entiende, todavía, es cómo Nancy Nápoles Pacheco pudo grabar el video del jueves pasado y dar ese discurso de casi cinco minutos, cuando se supone, según la versión oficial difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ella ya ha sido detenida y que se encuentra en proceso penal en algún centro de prevención y readaptación social del Estado de México.
Evidentemente alguien miente en este asunto, pues o la alcaldesa grabó ese video antes de ser asegurada por la Fiscalía, o simplemente no es cierto que se encuentre en calidad de detenida y mucho menos que esté enfrentando proceso penal.
Parece increíble que algo así esté sucediendo al seno del gobierno de Morena, si es que en realidad la alcaldesa planeó y fingió su secuestro, pues es un grave delito por el que debe ser sancionada, pero si, como ella asegura en el video del que comentamos, existió alguien más en la Secretaría General de Gobierno que planeó todo el show para inculparla, pues sería tanto o más grave, pues eso sería tanto como advertir una descomposición política de tal magnitud que incluya a personal de la dependencia que tiene a su cargo garantizar la estabilidad política del Estado de México.
También a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le tocaría su parte, pues tácitamente Nancy Nápoles Pacheco está acusando a esa institución de prácticamente un montaje sobre el supuesto autosecuestro, y de haber difundido por canales oficiales una versión informativa distinta a la realidad, lo que implicaría que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, es un mentiroso y, sobre todo, incapaz de integrar una carpeta de investigación acerca de esos hechos, por lo que sólo habría hecho uso de los canales institucionales de comunicación para difundir una historia que no sucedió. Sin embargo, ya hay dos implicados sujetos a proceso.
Ahora Nápoles Pacheco se pone justo en medio de un tiroteo que toma tintes político más que judiciales, pues, si se comprueba la versión de la alcaldesa de Tenancingo, tendría que aclararse y procederse sobre quienes desde la Secretaría General de Justicia del Estado de México fueron capaces de operar la historia, pero, al mismo tiempo, también habría que sancionar de manera ejemplar al Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, quien sería el responsable de crear el linchamiento mediático que ha sufrido esta distinguida militante del Movimiento de Regeneración Nacional.
Por donde quiera verse, el asunto ha dejado muy mal parado al Gobierno del Estado de México, desde su titular, maestra Delfina Gómez Álvarez, hasta el menor de los encargados de enviar los boletines de prensa a los medios de comunicación del Estado de México y del país, por parte de la Fiscalía General de Justicia, quienes, en adelante, tendremos que preguntar si está confirmada su información o simplemente envían historias que no tienen respaldo en la realidad.
El golpe deja muy mal parada a una estructura gubernamental que no se ha caracterizado precisamente no por su manejo mediático y mucho menos por su operación política, así es que es un buen momento para que la titular del Ejecutivo del Estado de México revise, valore y haga los ajustes pertinentes a un aparato oficial que, al menos, ha perdido credibilidad.
Así como la presidenta municipal de Tenancingo reta al Órgano Superior de Fiscalización a revisar las finanzas municipales de Tenancingo, los ciudadanos del Estado de México deberíamos de retar a la gobernadora del Estado de México a demostrar quién en realidad está mintiendo y quién es el responsable de esa supuesta estrategia política para desprestigiar a una servidora pública municipal, pues en caso de comprobarse sus señalamientos, lo menos que tendría que haber es un cambio en la Secretaría General del Gobierno mexiquense, y, de paso, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde, se comprobaría, se fabrican culpables.
Ante la pasividad persiste la duda.