LA RESPONSABILIDAD DE DISENTIR

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En mi entrega anterior abordé la importancia de la sana convivencia ciudadana en un país que se precia de ser democrático. También reflexioné sobre las cualidades que deben reunir quienes reciben la responsabilidad de coordinar los esfuerzos colectivos y conducirnos hacia una sociedad de bienestar integral.

Retomo ahora tres capacidades indispensables para quienes ejercen funciones públicas: inteligencia emocional, inteligencia espiritual e inteligencia social.

La inteligencia emocional permite reconocer y regular las propias emociones, evitar que la ira dicte las decisiones y comprender lo que sienten otras personas. En la vida pública, esta capacidad se expresa en empatía, prudencia y respeto.

La inteligencia espiritual —entendida como la búsqueda de sentido, la actuación conforme a valores y la capacidad de mantener una perspectiva amplia ante la adversidad— ayuda a orientar las decisiones más allá de la conveniencia inmediata.

La inteligencia social completa este triángulo: es la habilidad para comprender las relaciones, colaborar con otros y construir soluciones a los problemas comunes.

Estas capacidades son esenciales para atender los desafíos de Toluca. Pero la coordinación solo genera acuerdos legítimos cuando se construye desde la pluralidad y el respeto a las responsabilidades de cada integrante del gobierno.

La discrepancia razonada no debilita a las instituciones. Al contrario: permite revisar decisiones, advertir errores y dar cauce a las voces de quienes esperan representación en el Cabildo.

Una sindicatura o una regiduría de ninguna manera debieran de ser un espacio de adhesión automática. Son una responsabilidad de representación, deliberación y vigilancia pública. Implica colaborar en la búsqueda de soluciones y también señalar aquello que debe corregirse o transparentarse.

Coordinarse no significa callar. Trabajar en equipo no significa aplaudirlo todo. Gobernar no significa estar exento de cuestionamientos. Y formar parte de un Ayuntamiento no exige renunciar a la propia voz, al criterio ni a la responsabilidad pública.

La transparencia no es una concesión del gobierno: es un derecho ciudadano y una condición para construir confianza pública. Exigirla no es provocar; es ejercer una obligación democrática.

La lealtad a Toluca también se demuestra haciendo preguntas, señalando lo que debe corregirse y defendiendo el derecho de la ciudadanía a saber.

Cierro con estas palabras atribuidas a Benito Juárez: “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.