Gobernanza digital

La sociedad mexiquense, en sintonía con la población mundial, experimenta una transformación social sin precedentes; a manera de referencia, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2020 se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0% de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019, que era del 70.1%; así mismo, se indica que 71.3% del total de mujeres y 72.7% de los hombres son población usuaria de internet; datos que también revelan la brecha existente en nuestro país.

Sin embargo, como ya se avizoraba desde poco más de un lustro, la tecnología se ha vuelto más accesible, y con ella, se ha democratizado su uso al punto en el que es posible acceder a internet desde la palma de nuestra mano, lo cual, queda reconocido en la Encuesta citada, en la que se observa que el principal dispositivo de acceso es el teléfono inteligente o smartphone, siendo el 96% de las personas usuarias en 2020, aumentando la tendencia en casi un punto porcentual, a diferencia de los demás dispositivos de conexión como las computadoras portátiles y de escritorio que muestran un decremento en su uso.

Datos que a su vez son reveladores, puesto que las medidas de confinamiento por la crisis sanitaria han acelerado la digitalización de nuestras interacciones, como el trabajo a distancia, la educación, el comercio y los servicios bancarios a través de las aplicaciones, trayendo consigo nuevos retos ante la proliferación del uso de herramientas y plataformas en línea, de las cuales la administración pública no es ajena, que nos han permitido continuar con nuestras actividades económicas, laborales, académicas y sociales; resultado de vital importancia en este contexto la garantía del derecho humano a la protección de datos personales de los usuarios en Internet, para que la transformación digital pueda generar efectos positivos en las personas usuarias.

La transformación digital impulsa a su vez una nueva dinámica social que, también, explora nuevas formas de gobierno, participación y comunicación a partir del uso de tecnologías y redes sociales, fenómeno que ha provocado en la última década una serie de movimientos atípicos vinculados con la participación a través de las tecnologías que inciden en la elección de los representantes de los gobiernos, lo cual, requiere que las administraciones públicas actuales deben ajustarse y ser resilientes para mantenerse dentro de la preferencia de la ciudadanía y se promueva una adecuada gobernanza política.

En ese sentido, los organismos autónomos y ciudadanos han adquirido una mayor relevancia puesto que su diseño institucional favorece la atención técnica de los asuntos de su especialidad, y con ello, se sitúan estratégicamente como puentes y facilitadores de las relaciones entre ciudadanía y gobierno, siendo en este caso relevante el crecimiento que ha tenido la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en nuestro país y su aceptación social. Así como en el sector privado y tecnológico la protección de la privacidad se convierte en un factor central a preservar por las empresas; cada vez más el sector público se encuentra exigido para adoptar esquemas de gobierno electrónico y gobierno abierto, por lo que las herramientas que brindan la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales representan presupuestos básicos de la optimización de la gestión, que a su vez generan confianza dentro de las instituciones.

El esquema político – social de la gobernanza colaborativa nos espera a la vuelta de la esquina, ya que la ciudadanía ha fijado su postura hacia la distribución y la descentralización a través del uso de la tecnología reorganizando las formas de sus interacciones, tal como ha acreditado a través de los modelos de asociación privados que han sustituido las actividades de interés público en los supuestos como en el transporte privado de pasajeros y alojamiento, a través de plataformas digitales.

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas ha orientado el Norte de su brújula hacia el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, pasando de la teoría a la acción a través de la planeación estratégica como herramienta para garantizar el bienestar y la dignidad de las personas, pero que se mantiene como una estrategia limitada si su implementación queda únicamente en mano de los gobiernos.

En medio de esas dos perspectivas, surgió una convergencia necesaria a partir de la Alianza Global para el Gobierno Abierto que tiene como objetivo promover un modelo de gobernanza más abierta y horizontal a fin de generar una nueva lógica de colaboración entre ciudadanos y autoridades públicas, a través los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.

Sin embargo, la brecha entre estos tres esquemas no se ha reducido y pareciera que siguen un rumbo independiente como iniciativas diversas, que deberían encontrarse a la brevedad a fin de evitar una alerta en materia de gobernanza que pudiese convertirse en crisis.

Para muchas sociedades, el cambio digital todavía no es opción o inclusive pudiera ser postergado en función de las características de una población que estiman, todavía no alcanza un grado de digitalización suficiente o de empoderamiento eficaz, y por ende, consideran que todavía es posible mantener los esquemas de gobernanza basados en patrones obsoletos, que tarde o temprano, podrán provocar que las administraciones públicas puedan dejar de ser opción para la ciudadanía, y por ende, el pueblo en su eterna juventud soberana, representada en medios digitales, estará en posibilidad de señalar quiénes serán las mejores opciones y medios para su representación, y por ello, en el ámbito político social, no apostarle a la construcción de ciudadanía y a un gobierno de datos, sería equiparable al suicidio y a condenar a sus representados al subdesarrollo, no así, al vasallaje como posteriormente analizaremos.

A manera de ejemplo, podríamos observar el reconocimiento del derecho a la portabilidad de datos personales, un derecho digital que requiere para su infraestructura modelos de gobierno de datos para una gobernanza de datos eficaz, y que, ha sido objeto de una serie de señalamientos a partir de su reconocimiento en el ámbito europeo, por considerarse que pudiera constituir un derecho aspiracional al no contar con un esquema digital que permita su ejercicio de manera generalizada, lo cual, cuando se traslada al caso de países con niveles menores de digitalización, pudieran provocar que el reconocimiento de dichos derechos como iniciativas fútiles, debido a que su materialización pudiera resultar de difícil o imposible garantía en el corto o mediano plazo.

Sin embargo, dicha perspectiva no toma en cuenta que para poder ejercer el derecho de portabilidad se requiere un escenario ordenado de tratamiento de datos personales para el desarrollo, que a su vez, sea compartido por los diversos actores en un sector particular, por lo que, de no existir el reconocimiento de un derecho como la portabilidad, a partir del cual pueden avizorarse los beneficios y resultados de los procesos de digitalización, provoca que los diversos actores trabajen de manera separada, con lo que difícilmente podrán lograr un marco de gobernanza, a diferencia de quienes sí cuentan con su reconocimiento, que cuentan con directrices definidas, que a su vez, puedan ser impulsadas por la ciudadanía a través de los canales institucionales, con lo cual, se lograría un esquema de gobernanza eficaz, al generarse una sinergia de los tres escenarios previamente identificados, en los que gobierno y sociedad trabajan de manera coordinada para la construcción de un mejor futuro.  Hasta la próxima.