Impuesto a los videojuegos
En múltiples columnas publicadas, me he posicionado a favor de la política fiscal como un mecanismo de solución a diversos problemas que aquejan el país tales como los problemas medioambientales, problemas económicos o incluso, la política fiscal pudiera servir como un mecanismo para impulsar la participación social en unas elecciones, esto así estableciendo diversos impuestos o en su caso beneficios para quienes contribuyan a solucionar dichos problemas desde la industria o bien el sector privado.
De tal suerte, que en los últimos meses este tema ha tomado relevancia por la cuestión de la incorporación de los videojuegos violentos al listado de productos y servicios que generan un impuesto especial (IEPS), de tal suerte que dicha situación apertura el debate de como pudiera la política fiscal apoyar a frenar la situación de violencia que aqueja el país y en sí, si dicha imposición realmente podría ayudar a la prevención de violencia en el país.
De tal suerte que si bien, la política fiscal es de ayuda para obtener objetivos sociales, no se debe de perder de vista que la violencia en México es un problema muy complejo, que tiene varias causas y efectos, por lo que resulta una generalización apresurada decir que toda la violencia deviene de los videojuegos o el ejemplo de los corridos. De tal suerte que el decir que la violencia se va a acabar con una imposición a dichos productos es algo apresurado.
Los delitos son fenómenos multifactoriales, es decir, hay muchas cosas que llevan a una persona a cometer un delito y no específicamente el haber jugado un videojuego o escuchar un corrido, no obstante, al ser multifactoriales, significa que varios factores en su conjunto llevan al sujeto activo a cometer una conducta delictuosa, es decir, los videojuegos en sí no tienen el efecto de causar un delito, pero un videojuego o un corrido puede coadyuvar a generar conductas delictivas en personas que ya tienen cuestiones criminológicas que los pueden hacer delinquir.
De tal suerte, dicho material en si no es peligroso, pero en manos de una persona que quizás tiene problemas familiares, situaciones económicas, traumas psicológicos o padecimientos psiquiátricos, problemas hormonales, rasgos de psicosis, adicciones, padecimientos médicos, o cualquier otro factor criminológico claro que podría propiciar la comisión de un delito.
En este sentido, se puede entender que si bien, productos como los videojuegos o los corridos no causan delitos, si deben ser más controlados para que sean consumidos por un publico en un ámbito de seguridad, aclarando que también hay otras cosas que deberían tener más controles como ciertas sustancias, contenido no apto para menores, algunos programas o películas, etc.
Con dicho argumento, la posición no es la de la prohibición y se espera que el lector no lo tome así, sino que debería haber más controles para ciertas cosas a efecto de que se puedan disfrutar de manera segura. De tal guisa que, regresando al tema de la política fiscal, resulta falso que este impuesto sea con la finalidad de corregir la problemática de la violencia, dado que el imponer una contribución a tales productos sin más políticas de seguridad no serviría absolutamente de nada. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿Por qué con los videojuegos sí y con otros productos no?
Existen otros productos como la pornografía, las películas violentas, algunos otros productos que causan adicciones, o incluso productos que realmente se encuentran ligados con el crimen como son en muchos casos las autopartes, la venta de armas, entre otras. Dicho lo anterior, claro que la política fiscal serviría, pero debe ser parte de una política de seguridad más amplia y no solamente para recaudar más.
No obstante, llama mucho la atención dicho impuesto, pero no se toman en cuenta otros con menos justificación como las nuevas contribuciones a las entradas a museos, lo cual si no tiene ninguna justificación.