JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ES UN CENTRO DE ATENCIÓN: ENRIQUE VEGA GÓMEZ

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Juzgar con perspectiva de género es un deber, no es opcional, y es que a pesar de que existen avances al respecto, con la creación de leyes, planes y programas gubernamentales que dan mayor participación a las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, aun así, esto no ha sido suficiente. De ahí que las instituciones como en el caso de las jurisdiccionales, están obligadas a actuar con alta sensibilidad y compromiso social.

Así lo manifestaron expertos que participaron en la Mesa de Diálogo “La Justicia con Perspectiva de Género”, evento que se llevó a cabo como parte de la Semana de la Cultura Jurídica, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, consejero de la Judicatura del Estado de México, refirió que juzgar con perspectiva de género “es un tema que se ha convertido en centro de atención vinculado con lo establecido en el artículo 1º Constitucional en materia de Derechos Humanos, razón más que suficiente para que los impartidores de justicia atendamos este rubro con mayor consciencia, a fin de reivindicar la equidad de género de las mujeres mediante la aplicación justa de la Ley que tanto está pidiendo la sociedad”.

En este sentido, destacó que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México ha realizado capacitaciones muy profundas en torno a la perspectiva de género, “qué es, cómo se debe aplicar la justicia en este tema y sobre todo, acendrar en nuestros servidores públicos esa convicción por la perspectiva de género y la igualdad”.

Y es que advirtió que contar con leyes, normas y reglamentos resulta insuficiente “si no se aplican como deben de ser, o no hay voluntad para aplicarlos.

Por su parte, Leticia Victoria Tavira, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, aseguró que es importante sensibilizar a los juzgadores y la sociedad en general para evitar los estereotipos de género, “porque en la medida que desde lo más simple vayamos comprendiendo e interiorizando la problemática, reduciremos la posibilidad de minimizarlos o bien de pasarlos desapercibidos”.

Señaló que los estereotipos de género incluso en ocasiones se encuentran reflejados en las leyes como ocurría, por ejemplo, en el  Código Civil del Estado de México, donde se establecía en su artículo 2.14 que en el registro de las personas resultaba obligatoria la preminencia del partido paterno sobre el materno sin que existiera una razón válida para que el apellido del papá tuviera que ser el primero de los hijos e hijas, situación que fue subsanada con la reforma del artículo en el año de 2015.

Por su parte, Erika Icela Castillo Vega, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, señaló que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres frente al Estado como impartición dejusticia “constituye al mismo tiempo un desafío y una aspiración de cualquier sistema jurídico humanista”.

Refirió que el sistema jurídico mexicano dio un gran paso en beneficio de las mujeres con la reforma de este año a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reforma que tiene como eje central las órdenes de protección y el seguimiento que los órganos jurisdiccionales deben dar a las mismas para constatar su eficacia.

Entre los cambios, señaló que las órdenes de protección no se extienden solamente a petición de parte, sino que, al evidenciarse la existencia de alguna categoría sospechosa, serán de oficio, es decir, “cuando se tenga conocimiento de algún hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad física de mujeres o niñas, estas medidas deberán decretarse en todo momento, evitando que la persona agresora directamente o a través de terceros, tenga cualquier tipo de contacto con la víctima”

Además, estas medidas se tienen que dictar dentro de las 4 horas siguientes que el órgano jurisdiccional tenga conocimiento de los hechos constitutivos de violencia, cuando anteriormente el periodo era de 24 horas. Asimismo, se otorga a las mujeres un límite temporal mayor de vigencia de las medidas de protección, 60 días prorrogables por otros 30 días y en todo caso, hasta en tanto cese la situación de riesgo para la víctima.

“En concreto, a quienes tenemos el honor de ejercer la función jurisdiccional nos impone la obligación, ya no es un simple deber, de que los asuntos en que tengamos conocimiento de la existencia de violencia, debemos dar vista a la Fiscalía, con la finalidad de que esta inicie la investigación correspondiente, so pena de incurrir en responsabilidad”, explicó.

“La justicia con perspectiva de género es un compromiso de todos, no es exclusivo de los operadores judiciales, si queremos que realmente transitemos hacia un camino de igualdad y colaboración, debemos trabajar en equipo”, afirmó.

Juan Manuel Téllez Martínez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, coincidió en que juzgar con perspectiva de género es una obligación, pero aclaró: “No en todos los casos se presenta la situación asimétrica entre las partes; tenemos que verificar que no existe un equilibrio entre ambas partes contendientes por lo cual es  necesario la función de juzgador de distinguir esas asimetrías y poner en un grado de equilibrio a ambos contendientes para que podamos juzgar con justicia. Y no solamente se da en material familiar, sino en ámbitos como el electoral, mercantil, civil y laboral”, subrayó.

Por eso, subrayó, los juzgadores “tenemos que ser más sensibles y estar atentos si estamos en presencia o no de una cuestión de género que esté provocando la desventaja a alguna de las partes y con base en ello, juzgar, tratando de ser lo más justo posibles, tratando de usar un lenguaje incluyente y accesible para los mismos justiciables, para que no estemos revictimizando a las personas que de por sí estén sufriendo este tipo de prejuicios y estereotipos”.