+ La devastación ambiental que hoy enfrenta Valle de Bravo trasciende cualquier debate político
La frase:
Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos.
RABINDRANATH TAGORE
La devastación ambiental que hoy enfrenta Valle de Bravo trasciende cualquier debate político. Lo que las autoridades federales encontraron durante el operativo realizado en este municipio exhibe un problema de gran dimensión: cambio ilegal de uso de suelo, afectaciones a zonas de preservación ecológica, construcciones que continuaban levantándose pese a contar con sellos de clausura y daños a áreas fundamentales para la captación de agua.
No se trata de una irregularidad menor, sino de un fenómeno que pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del Estado de México y que obliga a revisar el papel que desempeñaron las autoridades responsables de vigilar el cumplimiento de la ley.
Durante la conferencia matutina realizada en las instalaciones del C5 del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue cuestionada sobre estos hechos. En su respuesta señaló que su administración trabaja de manera coordinada con las autoridades federales para atender las denuncias relacionadas con delitos ambientales en municipios como Ocuilan, Xatlaco, Ocoyoacac y Valle de Bravo.
También afirmó que nadie puede estar por encima de la ley y que las investigaciones deberán llegar hasta sus últimas consecuencias para deslindar responsabilidades. Sin embargo, para diversos observadores, la respuesta dejó más dudas que certezas.
El mensaje careció de precisión respecto a las acciones concretas que emprendió el gobierno estatal antes de la intervención federal y no explicó por qué el problema alcanzó tal magnitud sin una actuación oportuna de las autoridades locales.
Esa falta de claridad adquiere mayor relevancia cuando se recuerda que fueron la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional las instituciones que finalmente encabezaron las acciones para detener la devastación ambiental.
Si bien la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es indispensable, el hecho de que las autoridades federales hayan tenido que intervenir para frenar construcciones ilegales y violaciones reiteradas a sellos de clausura plantea preguntas legítimas sobre la eficacia de los mecanismos estatales y municipales de supervisión.
Las afectaciones documentadas impactan directamente en las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, zonas estratégicas para la recarga de mantos acuíferos y la conservación del equilibrio ecológico de la región.
La pérdida de cobertura forestal y la modificación ilegal del uso de suelo generan consecuencias que van mucho más allá del paisaje. Se compromete la disponibilidad de agua, aumenta la erosión, se altera la biodiversidad y se incrementa la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos. Son daños cuya reparación puede tomar décadas y que, en algunos casos, podrían resultar irreversibles.
Especial preocupación genera el hecho de que doce construcciones continuaron edificándose pese a contar con sellos oficiales de clausura. La violación de una medida de esta naturaleza no sólo constituye un incumplimiento por parte de los responsables de las obras; también evidencia deficiencias en los sistemas de inspección y vigilancia.
Un sello de clausura pierde toda fuerza cuando puede ser ignorado sin consecuencias inmediatas. Resulta inevitable preguntarse quién supervisó esas obras, quién permitió que continuaran y por qué las medidas impuestas no fueron suficientes para detenerlas.
En este escenario, la administración municipal encabezada por Michelle Núñez enfrenta cuestionamientos sobre la actuación de las áreas responsables del desarrollo urbano y la vigilancia del territorio.
El crecimiento de construcciones en zonas ambientalmente protegidas difícilmente puede considerarse un fenómeno invisible dentro de un municipio cuya vocación turística depende precisamente de la conservación de sus bosques, montañas y cuerpos de agua.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si existieron omisiones administrativas, falta de vigilancia o cualquier otra circunstancia que permitiera el avance de estas obras.
Las declaraciones de la gobernadora representan un posicionamiento institucional, pero la sociedad espera algo más que compromisos expresados en una conferencia de prensa.
La protección ambiental exige acciones preventivas, inspecciones permanentes y sanciones ejemplares para quienes infringen la ley, pero también para los servidores públicos que, por acción u omisión, permiten que estas violaciones ocurran.
De poco sirve afirmar que nadie está por encima de la ley si los hechos demuestran que durante meses se desarrollaron obras ilegales en zonas protegidas sin que existiera una respuesta eficaz.
El caso de Valle de Bravo también obliga a mirar hacia otros municipios donde existen denuncias similares relacionadas con tala clandestina, invasión de áreas forestales y cambios ilegales de uso de suelo.
Ocuilan, Xalatlaco y Ocoyoacac también son parte de esta problemática, lo que confirma que el deterioro ambiental no es exclusivo de una sola región.
El reto para las autoridades consiste en impedir que estos casos se repitan mediante una estrategia integral de vigilancia y aplicación de la ley, antes de que la intervención federal vuelva a ser la única alternativa.
La defensa del patrimonio natural no admite discursos ambiguos ni respuestas generales. Los bosques, las cuencas y las áreas protegidas constituyen bienes públicos cuya conservación es indispensable para garantizar agua, biodiversidad y calidad de vida para millones de mexiquenses.
Valle de Bravo representa hoy una advertencia sobre lo que ocurre cuando la vigilancia institucional falla o resulta insuficiente. La sociedad merece conocer toda la verdad, que se finquen las responsabilidades correspondientes y que este episodio marque un precedente para que ningún interés particular vuelva a imponerse sobre el interés colectivo de preservar el medio ambiente.