LA ECONOMÍA DE LOS ANTOJOS… NUESTRAS DECISIONES ALIMENTARIAS AFECTAN A LA ECONOMÍA
“Lo que comemos es más una decisión política que una elección individual.”
Marion Nestle
NO ENGORDARÁS: Cuando el gobierno decidió prohibir las papas fritas en las escuelas, no hubo debate pedagógico ni argumentos de salud: hubo una rebelión. Un niño —con espíritu revolucionario y salsa Valentina en los dedos— organizó una huelga de recreo y gritó con convicción: “¡Sin papas no hay patria!”. Al día siguiente, su mamá apareció en la escuela exigiendo el derecho constitucional a que su hijo comiera lo que quisiera… aunque fuera diario, aunque fuera con chile, aunque fuera puro aire con colorante, es un derecho, decía la mamá y dicen ahora muchas más.
La llamada comida chatarra —ese conjunto de productos ultraprocesados ricos en azúcares, grasas y sodio— ha conquistado no solo los estómagos del mundo, sino también una porción significativa del mercado alimentario global. Aunque en muchos casos se defiende su consumo apelando a la libertad individual o a su valor económico, los efectos colaterales de este tipo de alimentos comienzan a revelarse como una carga millonaria para los sistemas de salud pública y la economía de los países.
Esto parece correcto y hasta indispensable, solo qué… la comida chatarra no actúa sola: su impacto se potencia por hábitos sedentarios, desinformación nutricional, políticas públicas laxas y un entorno social que favorece el consumo fácil y rápido por encima del bienestar. Muchos de los diputados que votaron por esta medida manifiestan una obesidad chatarrera significante.
En México, el mercado de la comida chatarra, que no son solo las papas fritas, supera los 20 mil millones de dólares al año, con empresas como Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo dominando la oferta. El consumo per cápita de refrescos en el país es uno de los más altos del mundo, alcanzando los 163 litros por persona al año. Esto ubica a México en el primer lugar mundial, superando incluso al consumista país Trumpero.
A escala global, el sector de ultraprocesados y snacks representa una industria de más de 1.5 billones de dólares, un poco más que todo el PIB anual de México, con tasas de crecimiento constantes, especialmente en países en vías de o sin desarrollo, donde las regulaciones son más permisivas y la publicidad más agresiva.
Aparentemente, solo aparentemente, conste, el costo de esta industria recae en las finanzas públicas. En México, el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades asociadas (como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer) le cuestan al país más de 240 mil millones de pesos al año. Esto equivale a cerca del 9% del presupuesto nacional en salud. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los sistemas de salud pierden entre el 2% y el 4% del PIB debido a enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de comida chatarra.
En Estados Unidos, el costo económico directo de la obesidad se estima en más de 190 mil millones de dólares anuales, lo que representa no solo atención médica sino también, como aquí, pérdida de productividad, ausentismo laboral y muerte prematura.
Aunque suele responsabilizarse al individuo por sus elecciones alimenticias, este enfoque es simplista y engañoso. En realidad, la comida chatarra prolifera en un entorno obesogénico, es decir, un ambiente donde las opciones no saludables son las más baratas, accesibles y socialmente promovidas. Basta observar los precios: mientras una hamburguesa con papas y refresco puede costar 80 pesos, una ensalada con proteína ronda los 130. Esta distorsión económica favorece al ultraprocesada y penaliza lo saludable.
AH, LAS CONTRADICCIONES: Señalar únicamente a la comida chatarra como culpable de la epidemia de obesidad es un argumento sesgado. La falta de actividad física es otro factor determinante. La urbanización mal planificada, la inseguridad en espacios públicos y los estilos de vida laborales cada vez más sedentarios han reducido drásticamente el gasto energético de la población. En este contexto, incluso una alimentación moderadamente calórica puede llevar, y lleva, al aumento de peso.
El ejercicio, ignorado en las políticas públicas, y ausente incluso en las cámaras del poder legislativo, ayuda en alto grado a compensar una mala dieta. Un combo de comida rápida puede aportar más de 1,200 calorías, lo cual requeriría más de dos horas de ejercicio intenso para ser contrarrestado, un estudiante promedio utiliza su celular 6 horas diarias. Por lo tanto, hay que conjugar el combate al sedentarismo con la prevención de la alimentación.
El gobierno mexicano, desde “antes”, ha lanzado campañas para reducir el consumo de comida chatarra, ha etiquetado productos con advertencias y ha establecido impuestos especiales; todo eso parece correcto, solo que… basta asistir a un mitin, feria o evento masivo para ver la contradicción: ahí, las bolsas con pan de caja, galletas, refrescos y pastelitos son parte del “paquete ciudadano”.
La política de salud queda en pausa cada vez que hay un evento público. La comida chatarra, prohibida en las escuelas, se reparte sin pudor desde camionetas oficiales. Se etiqueta con sellos negros… y se distribuye con moños de partidista color, lo peor es que, alegremente, descaradamente, se hace pasar por “ayuda social”.
Esto no es un error, dicen, es estrategia. La comida ultraprocesada es barata, popular, fácil de repartir y genera simpatía. En lugar de invertir en comedores saludables o educación alimentaria, nuestros ínclitos candiles de la calle prefieren la inmediatez del azúcar y el logotipo. Porque una coca y una torta aún pesan más que una clase de nutrición.
Mientras se prohíbe el consumo en el aula, se promueve en la plaza. Y así, la salud pública se vuelve el discurso o la licitación manipulada, mientras la práctica sigue siendo electoral.
Los impuestos a bebidas azucaradas y etiquetados frontales en México han sido pasos importantes, pero insuficientes si no se acompañan de educación nutricional, regulación publicitaria y promoción real del ejercicio y la cocina saludable. Se requiere una política integral que reconozca que el problema no es solo médico, sino también económico y cultural.
El impuesto, promovido por Julio Frenk, fue creado con la promesa de destinar lo recaudado a programas de salud, educación nutricional y prevención de enfermedades. Peeero… en la práctica, ese dinero va a la bolsa general de la SHCP (Tesorería) y no está etiquetado específicamente. Es decir: entra como ingreso general y puede gastarse en cualquier rubro, desde salud… hasta bacheo o “viajes culturales” en primera clase.
En 2023 se recaudaron más de 32 mil millones de pesos por impuestos a bebidas azucaradas y comida chatarra. Solo una fracción mínima se destinó a campañas de salud, comedores escolares o programas nutricionales. Si se prohíbe y se castiga el consumo (las escuelas están “decomisando este tipo de productos), se debería de quitar el gravamen que, por sí mismo, ya era punitivo, sin causa no hay efecto dice el Filósofo de Güémez.
DE FONDO: Y como no estamos en Dinamarca, muchos pequeños comerciantes escolares dependen de la venta de papas, dulces y refrescos. Prohibir estos productos sin dar opciones afecta sus ingresos. En cuanto a las familias, la comida chatarra suele percibirse como barata, Un combo de papas y refresco puede costar $30, relativamente barato, la opción de pan y agua no parece ser la mejor en términos de nutrición. El problema es más de tiempo, acceso e información que de precio.
DE FORMA: Prohibir la venta de comida chatarra en escuelas pareciera un paso sensato. Pero ahora el debate se traslada a una zona más espinosa: no se vulnera un derecho humano si la medida busca proteger el interés superior del menor, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Nadie dice que el niño no pueda comerse una dona… solo que no lo haga durante clases ni en un entorno donde se promueve la salud.
Ahora bien, si la prohibición del consumo se aplica sin educación, sin empatía y con castigos absurdos, como está ocurriendo, se corre el riesgo de volver la medida contraproducente. Confiscar un refrigerio enviado por los padres o avergonzar al niño por llevar galletas es una pésima pedagogía. Lo importante no es castigar al niño por llevar papitas, sino enseñarle por qué quizá no debería quererlas todos los días.
DEFORME: La comida chatarra representa uno de los desafíos más complejos para la economía y la salud pública del siglo XXI. Aunque es una industria poderosa y generadora de empleo, sus efectos colaterales tienen un costo social enorme. Sin embargo, no es el único enemigo, hay que entender que este fenómeno es el resultado de múltiples factores: alimentación desequilibrada, sedentarismo, cultura del consumo rápido, desigualdad económica y un entorno que normaliza lo insano. Junto con la prohibición de la comida chatarra, se debería de prohibir el uso de celulares en horas de clase y de actividad física. Resolver el problema exige una mirada amplia, acciones coordinadas y voluntad política. La medida populista no basta…