La muerte del nosotros

En el Perú ya no atravesamos una crisis política, sino un desgaste más profundo, el agotamiento del sentido mismo de lo democrático. Las instituciones continúan operando, pero como ritual vacío, no como pacto con la ciudadanía. El poder ha dejado de justificarse y solo procura conservarse.

 

La reciente vacancia presidencial no expresa una voluntad de justicia, sino un cálculo entre los mismos actores que sostuvieron el régimen hasta que dejó de serles funcional. No asistimos a una transición, sino a la perpetuación de un orden que ya no gobierna, tan solo administra los restos de un país fracturado.

El pasado jueves 09 de octubre por unanimidad del congreso, la ex presidenta del Perú: Dina Boluarte fue destituida Y la madrugada del viernes (el día siguiente) juró el cargo por sucesión constitucional José Jeri.

La caída –si  es que acaso pudiera llamarse así– de Dina Boluarte no irrumpe como un acto de justicia, sino como el cambio de cálculo dentro de una maquinaria que jamás se detuvo. No existe redención en este movimiento. Ninguno de los crímenes, cómo los muertos del sur, los ojos vaciados en Juliaca, los cuerpos levantados en Ayacucho, y todos los transportistas que han sido asesinados y que a pesar del paro que hicieron se ignoró; ha sido deliberado en conciencia. No es el remordimiento lo que destituye, o algo que hizo derramar el vaso sino la utilidad. Es decir, cuando una figura deja de servir a los pactos entre poderes fácticos, ya sea congreso, élites económicas, medios aliados, es expulsada como un resto inconveniente. El Estado peruano no opera con voluntad nacional, sino con una fría técnica de administración.

Así se consuma la farsa, aquello que la multitud exigió en las calles se realiza sin la multitud.  El Congreso, ese órgano que se erige como soberano absoluto, no actúa en nombre del pueblo, sino sobre él. No es el pueblo quien destituye, es el mismo bloque que la sostuvo quien hoy la aparta para salvar sus alianzas. Se rota una pieza, pero el engranaje permanece intacto. En esa continuidad es menester señalar el rostro del relevo: José Enrique Jerí Oré. No como esperanza, sino como síntoma. Un nombre atravesado por denuncias de violencia sexual, redes clientelares y silencios complacientes. 

No es un accidente, es un mensaje claro y fuerte: el poder ha perdido toda vergüenza. 

Si un Estado puede colocar en la presidencia a un hombre señalado por violación, no es por desconocimiento; es porque ya no reconoce límites éticos. Como diría Arendt, el horror no se intensifica con el estruendo, sino con la banalidad, cuando lo inadmisible se vuelve trámite.

¿Quién es José Enrique Jerí Oré?

Es un abogado limeño que a inicios del próximo mes cumplirá 39 años. Es el tercer presidente más joven (después de Felipe Salaverry y de Alan García). Además de convirtió en el séptimo mandatario nombrado en Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

 

Nació en Jesús María, en Lima y estudió derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Jerí Oré se afilió al partido derechista democrático Somos Perú en (de la Bancada: SOMOS PERÚ) y desde entonces ocupó varios cargos en esa formación política.

En julio pasado, Jerí Oré fue elegido titular de la Mesa Directiva del Congreso, precisamente con el apoyo de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP), que, durante los últimos tres años, sostuvieron al Gobierno de Dina Boluarte: ambos partidos la protegieron frente a siete mociones de vacancia. El jueves, sin embargo, tras la presión ciudadana, votaron a favor de su destitución y apoyaron el nombramiento de Jerí.

Así como despegó su carrera política, también lo hizo su patrimonio. En los últimos 11 años, José Jerí registró un aumento patrimonial de S/1’154.008: pasó de declarar algo menos de S/100.000, en 2021, a S/1,26 millones en 2024. A detalle, el valor de sus bienes se multiplicó por 14.” 

La complicidad y delito: breve laguna de José Jerí

En su cargo como congresista, respaldó una serie de leyes que perjudicaron la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. Es decir fue uno de todos los congresistas que rieron y votaron a favor de distintas leyes mientras Dina fue presidenta. Votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y otra contra la extinción de dominio. 

Lo mismo hizo con la ley sobre retorno de la inmunidad parlamentaria, además de la ley 26479 que es de amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos –sobre la columna que escribí el pasado dos de septiembre–; la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales.

 

Sobre su delito, es un hecho inconcebible y gravísimo a más no poder. Creo que es buen sabido ahora que la candidatura de Jerí Oré a la Mesa Directiva, sobretodo en julio de 2025, estuvo plagada de cuestionamientos –aunque esa plaga no hay servido de barra para ahora mismo sea el presidente– hasta entonces, era investigado por presunto (digo presunto no por negarle su realidad y hecho fáctico sino porque es así como el caso de archivó) abuso sexual. Las agrupaciones políticas que lo respaldan pasaron por alto la imputación y poco después, el 8 de agosto, el ahora fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez, archivó el caso tras ser reincorporado al Ministerio Público. 

Nada de esto es nuevo. Desde 2018, el Perú ha transitado por una secuencia de vacancias, renuncias y sucesiones que simulan inestabilidad, pero, paradójicamente, garantizan continuidad. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, diferentes rostros, una misma estructura. Se nos hizo creer que asistíamos a crisis de liderazgo, cuando en realidad presenciábamos el perfeccionamiento de un régimen parlamentario informal, donde el Ejecutivo se volvió reemplazable y el Congreso, definitivo. La vacancia no es herramienta de control, sino de captura, porque ya no se destituye para proteger la república, sino para asegurar que nada cambie. Como ya advirtia Foucault, el poder no necesita ocultarse, necesita normalizarse. Y en el Perú, la normalización ha consistido en acostumbrarnos al absurdo, un país donde pueden gobernar los responsables de masacres, pero no los pueblos que las sufren.

Porque los nombres que arden están enraizados en todo el Perú. Están en Lima, en el sur, Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas, Cusco, Apurímac. Lugares donde el Estado no debate, ignora, dispara. En diciembre de 2022 y enero de 2023, más de 60 personas fueron asesinadas en protestas. La mayoría, campesinos, jóvenes, estudiantes. No hubo enfrentamiento, hubo represión. Rivera Cusicanqui lo dijo desde Bolivia: el Estado colonial no teme matar, teme que los muertos hablen.

Pero los muertos hablan. Exigen verdad. La CIDH lo consigna, la Defensoría lo registra, el Poder Judicial lo archiva. Ningún ministro ha sido sentenciado. Ningún general ha respondido. El discurso oficial buscó convertir a los ciudadanos en enemigos. Ese es el colonialismo interno: cuando el Estado trata a sus propios pueblos como extranjeros peligrosos. Mientras tanto, la geopolítica aplaude el orden. Los mercados celebran la continuidad. Las potencias extranjeras no piden justicia, piden estabilidad. El FMI no exige memoria, exige garantía contractual. Porque la república peruana ya no pertenece a sus ciudadanos, sino a sus acreedores.

Por eso, como diría Dussel, la ética no puede fundarse en el centro, sino en la periferia herida. Ya no es tiempo de preguntarnos qué gobierno queremos, sino a quién sirve el que tenemos. Y aquí radica el deber filosófico. Pensar no es contemplar, es tomar partido. Arendt advertía que la mayor tragedia de un siglo no es el crimen, sino el abandono del juicio. Callar hoy no es neutralidad, es complicidad. Aceptar este relevo como rito democrático es admitir que la impunidad puede gobernar si viste traje.

El Perú ha entrado en una fase donde el Congreso no sólo sustituye presidentes, sino que erige figuras denunciadas como José Enrique Jerí Oré, enviando un mensaje de desdén hacia las mujeres y hacia las víctimas de violencia, directamente-. Porque cuando el poder legitima liderazgos con ese perfil, confirma que la impunidad no es excepción, sino norma. El trasfondo económico agudiza el colapso. Perú se encamina a incumplir la regla del déficit fiscal por tercer año consecutivo, según el Banco Central de Reserva. Esto significa tasas de interés más altas, menor crecimiento económico, recorte de recursos públicos y aumento del riesgo inflacionario. No es solo una crisis política: es un dispositivo económico que garantiza sacrificio social para asegurar estabilidad financiera.

Perú es hoy un laboratorio de democracia amputada, donde el Congreso decapita presidentes mientras se blindan bancadas con procesos penales. Donde se cambia la cabeza del Ejecutivo sin que cambie una sola ley contra la minería ilegal, los monopolios farmacéuticos o las mafias regionales. Donde se reprime, se controla y se premia a los verdugos. Y aun así, desde el extranjero, algunos gobiernos seguirán hablando del Perú como una democracia en transición. No es transición. Es administración del derrumbe. Con esta vacancia es claro verlo, porque lo que se exigía hace meses se hizo ahora, sólo demostrando que el poder solo está en sus manos, no en la supuesta democracia, en realidad, no tenemos voz.

Y sin embargo incluso en medio de este derrumbe administrado, permanece una pregunta que ya no es solo política, sino profundamente filosófica, ¿qué significa ejercer ciudadanía cuando el poder se ha emancipado del juicio? Arendt advirtió que el mal puede prosperar no por el odio, sino por la renuncia a pensar. En el Perú, el poder ya no teme ser cuestionado; teme que la memoria piense por sí misma. El peor miedo de todos los fascistas.

Porque pensar (como tal vez exigía Dussel) no es interpretar los hechos desde el centro, sino desde el lugar de la herida. Desde la realidad misma, desde las víctimas y esto advierto no es moralismo, es acaso el último resguardo de lo humano frente al dispositivo de la impunidad. Allí donde el Estado repite que no hay responsables, debemos repetir que no hay olvido.

Lo que está en juego, entonces, no es un gobierno, sino la posibilidad misma de una comunidad política. Ya no se trata de preguntar quién nos gobierna, sino si aún hay un nosotros capaz de reconocerse como pueblo o cómo ciudadanos individuales. Un país no muere cuando callan sus instituciones, sino cuando sus ciudadanos renuncian a distinguir entre legalidad y justicia. La razón de Estado puede archivar crímenes, pero no puede absolverlos ante la conciencia de cada uno de nosotros.

Por eso este no es el tiempo del consenso, sino del juicio. No el juicio jurídico (que siempre llega tarde o no llega), sino ese juicio íntimo que inaugura toda política digna. Resistir no es un gesto heroico, es un deber de lucidez. Como escribió Simone Weil, la obediencia a la verdad es la única negativa que no destruye.

Perú, mi país de máscaras, vuelve a exhibir el rostro del régimen, violencia sin responsabilidad, poder sin vergüenza, democracia sin pueblo. Pero hay algo que el cálculo no puede administrar, el retorno de los nombres, el peso de los muertos, la insistencia del recuerdo. Mientras exista una palabra que no acepte esta farsa como destino, aún no han vencido.

Porque en este país no nada más se matan cuerpos, se matan significados. Y allí está la tragedia, no es el fin de la república, es el fin del relato humano que la sostenía.

La pregunta ya no es quién gobierna, sino si aún existimos como comunidad o si solo habitamos una ficción en ruinas. Tal vez por eso pensar es hoy el último acto insurrecto: nombrar lo que el poder intenta

No hay nada que celebrar. Pero tampoco hay nada que nos obligue a aceptar este derrumbe como gobierno. Que la indignación no se vuelva costumbre; que el pensamiento no se vuelva rebaño. Porque incluso en la intemperie, pensar juntos sigue siendo el último acto de República.