+La mujer que se les fugó a Policías de Investigación; El cambio de fecha de la elección judicial. ¿De qué sirve y en que beneficia a los mexicanos?: La modernización de la cúpula empresarial del país
La frase:
Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto.
CLARA CONSECUENCIA
La elección judicial que se prevé para el año próximo, y que ahora se desea vender como una gran idea de trasladarla un año más para adelante; es decir, en el año 2028, no tendrá ninguna diferencia con relación al fracaso que la misma representó el año pasado, cuando, gracias al uso de acordeones, Morena logró acomodar a un séquito de abogadas y abogados en cargos de jueces, magistrados y ministros para su conveniencia, nada que ver con la democracia mexicana y mucho menos con la depuración del aparato de justicia federal y de algunos estados.
El ejercicio ya lo conocimos, sabemos de sus posibilidades y también de sus militantes, ya aprendimos que sí es posible hacer que alguna o algún candidato se imponga aunque en realidad no lo conozca nadie y mucho menos tenga apoyo popular, pues lo único que se requiere para ganar esa elección es dinero y una estructura suficiente para montar una campaña que lo mismo podría promoverse de algún producto de limpieza o una marca de papitas, pues, bajo el esquema ideado por Morena y su aparato promocional, lo mismo da chana que Juana, mientras se tenga lo suficiente para movilizar gente y enseñarles por quién deben votar.
En realidad, lo único que hemos aprendido con esa elección de persona juzgadoras en los Poderes Judiciales es que se trata de enseñar un esquema de aprendizaje, no una conscientización que permita verdaderamente elegir a los más capaces para desempeñar una función tal delicada como lo es formar parte del aparato de justicia del país.
Así es que da lo mismo en realidad si la proyectada elección se lleva a cabo en un año o en otro, pues el esquema será exactamente igual y los resultados también serán similares, ya que los candidatos y candidatas no serán emanados de la capacidad y menos de la experiencia, sino producto de una tendencia de partidos políticos en el que, para no variar, el que tenga más saliva tragará más pinole.
Ahora bien. Que sí podría aportar este ejercicio a la construcción de un espacio más eficiente en el aparato judicial del país, pues podríamos comenzar con profesionalizar y hacer más eficiente las agencias del Ministerio Público del país, pes no debemos olvidar que para que un caso llegue y se resuelva en alguna sala judicial, primero debe construirse como caso en una agencia del Ministerio Público, y éstas siguen estando bajo la jurisdicción de las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades del país, y, por más que se les haya querido dar la figura de autonomía desde hace algunos años, lo cierto es que siguen siendo oficinas de trámite de los gobiernos de los estados, con todo y sus lamentables errores y problemas.
En los últimos meses hemos escuchado asombrados como representantes de esas Fiscalías se han visto involucrados en lamentables casos que ponen al descubierto no sólo su falta de capacidad, sino su deseo y disposición por hacer bien su trabajo. Por ejemplo, en el caso de una chica que acudió supuestamente a una cita de trabajo a un viejo edificio de la Ciudad de México y finalmente resultó sin vida y ahora se le echa la culpa a un velador que trabajaba en ese inmueble, ahora se sabe que los elementos de la Fiscalía no quisieron acudir al edificio donde los familiares de la víctima estaban seguros que la joven mujer corría un riesgo fatal. Como ocurrió.
Cuántos y cuántos casos más hay por ahí en todo el país, con víctimas mortales en los que estuvieron involucrados agentes del ministerio público y otros personajes como médicos legistas que simplemente no cumplieron con su obligación de trabajar a favor de la justicia y en apoyo de ciudadanos en diferentes circunstancias, porque –repito— para que un caso judicial llegue a una sala del Tribunal Superior de Justicia o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero debe investigarse, y en ese proceso de investigación es donde están la mayoría de los errores y de las negligencias que terminan siendo causa de muerte para quien busca justicia.
Lo que, en síntesis, demuestra que no se trata de elecciones caras ni plagadas de acordeones para lograr un buen sistema de justicia, sino, entre otras cosas, de una eficiente formación y capacitación de quienes cumplen la delicada tarea de investigar un crimen y de aportar las pruebas suficientes para probar un delito. Ahí es donde el sistema flaquea.
Por eso, ahora que a la presidenta de México se le ocurrió hacer algo bueno y proponer aplazar la elección judicial en beneficio del sistema político del país, deberían ayudarle los Fiscales Generales de los estados del país a fortalecer ese esquema tan débil de justicia e impulsar una conversión general de la forma en cómo se integran las carpetas judiciales, sobre todo en las agencias del Ministerio Público.
Es esta una buena oportunidad para corregir una de las patas de las cuales cojea en realidad nuestro sistema de justicia, y no esperar a echarle la culpa a jueces y magistrados de errores que vienen de fondo, desde mucho antes, y así la justicia podría dar un paso adelante en beneficio de todas y de todos.
EL DESMORONAMIENTO DE LA SEGURIDAD
Lo que ocurrió el pasado 14 de mayo en el Estado de México no es una escena de ficción, sino una alarmante radiografía del cinismo institucional y el desmoronamiento de la seguridad pública estatal.
A través de un video viralizado en redes sociales bajo el hashtag #MéxicoMágico, la ciudadanía atestiguó la profunda incompetencia de la Policía de Investigación (PDI), perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Los hechos se registraron en la carretera federal Toluca-Tenango del Valle, a la altura de la conocida gasolinera Los Carritos, en el municipio de Santa María Rayón, un escenario que desnudó por completo la fragilidad del aparato de justicia mexiquense.
La crónica de la fuga parece un libreto mal ensayado: una mujer detenida logró aventarse de una unidad oficial en movimiento, un automóvil Jetta clásico de color gris, para emprender la huida a pie.
Sorteando los vehículos de la transitada vialidad, la imputada arriesgó su propia vida y la de terceros ante la mirada atónita de dos agentes que evidenciaron una falta absoluta de protocolos elementales de custodia.
Los custodios a cargo eran un oficial de la tercera edad vestido con camisa blanca, quien fue duramente criticado en redes por avanzar en un evidente modo cansado, cansino y distraído, y su compañero, un hombre de aproximadamente 38 años que portaba una chamarra negra con las insignias de la institución. Ambos terminaron improvisando una infructuosa recaptura corriendo detrás de ella.
Este ridículo operativo pone al descubierto graves omisiones tácticas que violan los manuales básicos de detención y traslado. En primer lugar, la sospechosa viajaba con las manos esposadas hacia el frente en lugar de llevarlas a la espalda, lo que le otorgó total libertad para manipular las manijas interiores del automóvil.
Seguramente como no los estaban grabando, no utilizaron los carros blindados y tampoco el despliegue de elementos como lo hacen con ex alcaldes y otros delincuentes importantes.
En segundo lugar, los agentes omitieron activar los seguros para niños en las puertas traseras del vehículo, permitiendo que la mujer abriera la puerta con extrema facilidad.
Estas fallas demuestran que la corporación carece de la capacitación y el equipamiento mínimo indispensable, convirtiendo una tarea de rutina en una irresponsabilidad monumental que expone el nivel de abandono gubernamental.
Ante este panorama, el silencio corporativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no hace más que alimentar la desconfianza de una ciudadanía que exige respuestas claras.
Sin información oficial disponible hasta el momento, la opinión pública se debate legítimamente entre dos preocupantes realidades: si se trató de una negligencia táctica e ineptitud descomunal por parte de los elementos de la PDI, o si en verdad se presenció un teatro fríamente calculado para facilitar un pacto de impunidad disfrazado de torpeza pese a que han difundido con bombo y platillo los Operativos Restitución, Desconexión, Enjambre entre otros.
La modernización de la cúpula empresarial del país
El gobierno actual de nuestro país ha desmembrado las organizaciones gremiales del país. Primero fueron los trabajadores, a los que se les quitó fuerza al cambiarse varias de las cláusulas que regían la vida sindical de la nación, después fueron los campesinos a quienes desarmaron solamente con quitarles las posibilidades de que fueran las organizaciones las que repartieran los programas sociales, las semillas y los fertilizantes, y más recientemente ese modo de operar llegó a las organizaciones empresariales del país, a las que de plano se dejó en el abandono y, entre menos fuerza tengan, ha sido posible para el gobierno de la Cuarta Transformación restarles presencia y capacidad de participar en la toma de decisiones del país y de los estados.
Afortunadamente algunas organizaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, ha procurado no dejarse llevar por esa tendencia nacional, y se mantiene viva a pesar de los embates del oficialismo. Es cierto que es víctima también de las nuevas tendencias políticas, pues nadie puede negar su raíz panista, y después su cercana relación con la que se movió en épocas del priismo.
Pero ahora son otros tiempos y tiene que dar la batalla desde la oposición al régimen de la Cuarta Transformación, por eso fue tan importante la reunión que a nivel nacional tuvo la COPARMEX la semana anterior un una paradisiaca playa del estado de Jalisco, donde sus dirigentes de las delegaciones estatales cerraron líneas y se pronunciaron por mantener una estrecha coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sin perder su capacidad de autonomía y, sobre todo, de crítica constructiva y propositiva.
En ese ambiente, el presidente estatal de la COPARMEX en el Estado de México, Julián Niembro, tuvo una importante participación en la que demostró su experiencia y el colmillo largo y retorcido que le caracteriza. El sector empresarial del país –sostuvo— debe ser el mejor aliado del gobierno mexicano en la lucha que vendrá en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, llámese como se llame.
También dejó claro que las reglas del juego en materia de comercio internacional para el país deben mantenerse pensando siempre en beneficio de todos los mexicanos, anteponiendo los intereses de este país a cualquier tendencia de los Estados Unidos de América o de Canadá.
Y es que si México quiere salir bien librado de esa negociación, nuestro país debe mostrar ante propios y extraños sus fortalezas, sus capacidades y sus virtudes, no flaquear ante las posturas electoreras del presidente estadounidense Donald Trump y, por el contrario, poner como prioridad el futuro de la cadena comercial de esta nación.
Las cosas es México pueden ponerse difíciles en los próximos meses y la única alternativa para sacarlo adelante de este reto es priorizar todo lo bueno que tiene México y no ceder ante presiones externas, vengan de donde vengan.