+La reforma electoral que viene. ¿Qué de bueno podemos esperar los mexicanos?

La frase

Si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido.

EDUARDO GALEANO

 

LAS ELECCIONES, LA REFORMA Y LOS RESULTADOS

Se han puesto en marcha los primeros ejercicios de análisis y debate sobre los cuales se construirá la nueva Reforma Electoral, una reforma que tiene un alto nivel de riesgo, sobre todo por la marcada mayoría que detenta el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados, lo que, se teme, podría dar como resultado prácticamente una sola forma de ver el rumbo de la democracia en este país. Es decir, una imposición disfrazada.

Sin lugar a dudas Morena tendrá la oportunidad de pasar solo aquellas medidas dictadas desde La Chingada, ese famoso rancho en Tabasco donde, se supone, descansa el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, algunos dicen, se está convirtiendo en la sede real del poder político de México, pues él es el único que opina y el resto está para respaldar sus designios.

Eso es, sin lugar a duda, un alto riesgo para cualquier modificación constitucional que se teja en el ámbito político del país, pero lo es todavía más en materia electoral, pues nadie tiene la verdad absoluta y, mucho menos, el derecho de apropiarse de la voluntad ciudadana en ese aspecto.

Pero también hay que entender y comprender que la fuerza política mayoritaria tiene todo el derecho a ejercer su peso específico y, aún más, su peso político en la toma de decisiones, pues en democracia ese es el objetivo, hacer lo que la mayoría dicte como conveniente, y si para la mayoría del país eso es lo bueno y conducente, pues ni modo, se tendrá que acatar esa voz popular.

Muchos dirán que en realidad actualmente se tiene una falsa mayoría, pues ni siquiera la Presidenta de México representa a la mayoría del país, pues si se analiza la votación que dio lugar a su elección, pudiera observarse que hay muchas voces no solo que están en contra, sino que hay muchísimas voces que prefirieron no opinar en esa elección.

Pero ahora nos aguantamos, pues en el actual esquema democrático de este país, se debe acatar lo que esa mayoría dictó, tanto en una elección, como en los foros y espacios de debate con los que se construirá la nueva reglamentación electoral.

A lo que sí tenemos derecho el resto de los mexicanos que no estamos cien por ciento de acuerdo con lo que esa mayoría guinda piensa y defiende, es a expresar nuestro punto de vista sobre todos y cada uno de los cambios que se pretenden realizar.

Hay asuntos que destacan en las distintas propuestas que se han hecho para tratar de llegar a una conclusión en materia electoral, las cuales se debe apreciar qué parte de todo puede ser positiva para el país y cuál no lo es.

Por ejemplo, creo que la verdadera mayoría de ciudadanos que integramos México estamos de acuerdo en que el Sistema Político Mexicano es un aparato demasiado caro, pesado y burocrático. Casi todos coincidimos en la necesidad de adelgazarlo, de dinamizarlo, de hacerlo capaz de funcionar sin que eso represente tantos millones de pesos. Ahora el objetivo debería ser encontrar un cómo y hacer que funcione.

Cree usted sinceramente que se necesite en este país órganos electorales que funcionen todos los días del año, aun cuando no hay elecciones. Por supuesto que no. Y ahí precisamente está el primer problema a corregir en esta reforma electoral. Es necesario alinear los muchos ejercicios electorales que existen en este país.

¿Qué pasaría si en lugar de que haya prácticamente elecciones cada año, de distintos niveles, hiciéramos algo porque todas fueran un solo día? Evidentemente esto podría significar un ahorro millonario. Un solo día de elecciones cada tres o seis años reduciría hasta en 75 por ciento lo que actualmente se gasta en diseño, impresión y producción de materiales electorales.

¿Por qué no se ha hecho eso? Es muy simple, las actuales autoridades que están en el ejercicio del poder difícilmente estarían en disposición de acortar los periodos para los cuales fueron electas, lo que se tendría que alcanzar en un plazo medianamente corto, para, a partir de ahí, entonces sí lograr que haya menos elecciones en el calendario electoral, y así se reduzcan los gastos para organizarlas y ejecutarlas.

Otro factor que podría ayudar es incrementar la participación ciudadana real en este tipo de ejercicios electorales. Esto es, que las elecciones queden en manos de verdaderos ciudadanos, lo que se podría garantizar cuando se evite totalmente que se les pague a las autoridades electorales. Imagínese usted cuánto se podría ahorrar el país si no se tuviera que pagar todo el año a los llamados consejeros electorales, personas que en realidad trabajan máximo un mes al año, pero que cobran como si de verdad desquitaron el dinero.

Menos burocracia, mejores resultados. Esa ha sido la línea política que marca el rumbo electoral en naciones altamente desarrolladas. Por ejemplo, en lo que ahora se conoce como Países Bajos, antes Holanda, el órgano electoral únicamente trabaja un mes cada tres años, se encarga de organizar y ejecutar la elección que ya está calendarizada, y, al término del proceso de calificación, una vez que hay coincidencia de que todo se hizo conforme a la ley, con base en la confianza, se disuelve ese órgano electoral y no se vuelven a ver los consejeros electorales hasta dentro de tres años cuando sea la próxima elección.

El resto del tiempo esos ciudadanos se dedican a otras actividades profesionales, y prácticamente no reciben más que una compensación por los gastos logísticos de transportación y de alimentación que se vieron obligados a realizar durante el tiempo en que desempeñaron esa labor.

Por supuesto, los que participan en los órganos electorales tienen dos cualidades: la honradez a toda prueba y una desahogada situación económica que les permite prácticamente servir un mes por amor a su país y no a costa de millonarios salarios, como actualmente ocurre con los consejeros electorales mexicanos, ya sea en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o en los consejos locales que es otra red burocrática que mal funciona en México.

Pero, como ya se dijo, un componente fundamental para alcanzar buenos resultados en la organización electoral es la honestidad de quienes participan en esas tareas y aquí lamentablemente son muy pocos ciudadanos que están en ese nivel de confianza, pues la mayoría están francamente identificados con alguna organización político o simplemente ven en esos cargos que deberían ser honorarios una posibilidad de vivir bien a costa del presupuesto tan alto que actualmente se invierte en la operación electoral.

Otro punto súper importante en esta materia es el dinero del cual dependen los partidos políticos, pues, en esencia, los institutos políticos deberían de vivir de los recursos que sean capaces de generar por ellos mismos. En naciones como los Estados Unidos de América y algunos de Europa, los partidos políticos generan sus propios recursos, ya sea a través de donaciones o técnicamente recurriendo a la mercadotecnia y vendiendo todo tipo de artículos con sus emblemas, logotipos o frases que los distinguen.

Recurrir a ese esquema obligaría a la imaginación y creatividad de los partidos políticos, también motivaría quizás a que hubiera más personas cargando bolsas o mochilas con emblemas como el del Tucán, pero sin que le costara al erario la impresión de esos materiales. Menos dinero y más democracia, sería la esencia de la nueva Reforma Electoral.

Y ya que se habla de dinero, las elecciones en México son demasiado caras porque, al menos por el momento, el Estado Mexicano, llámese gobierno, tiene que dedicar una millonaria cantidad al pago de prerrogativas, que es ese dinero que los partidos políticos reciben y gastan supuestamente en la promoción electoral para evitar –dicen—que el crimen organizado participe en las elecciones financiando campañas.

La realidad supera la fantasía, pues, al menos hoy, todo el mundo sabe que personas y organizaciones de muy poca honradez son las que en realidad financian la actividad de los políticos, y todo el tiempo las organizaciones delictivas están invirtiendo para favorecer a tal o cual candidato. Entonces, ¿no sería mucho mejor que cada quien se rasque con sus propias uñas y que se deje a un lado ese pretexto que, al final de cuentas, está visto que no ha servido de nada para separar la política de la actividad delictiva? Y a quien no lo crea o intente tapar con un dedo lo que es evidente, pues sólo habría que recordarles lo que sucede hoy en el norte del país, llámese Sinaloa, o más el centro, en Michoacán, donde las organizaciones vinculadas al delito pagan abiertamente las campañas electorales de aquellos que les garanticen la continuidad de sus actividades.