LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA AGRAVA LA CRISIS CLIMATICA
En un país en el que la mayoría no sabe todavía si sobrevivirá a la pandemia o si tendrá trabajo cuando reabran los negocios, los asuntos de un interruptor parecen lejanos o insignificantes. Pero no son uno ni lo otro. Conviene comprender, porque está a punto de abrirse una cuenta de tamaño histórico que todos podrían terminar pagando.
El pasado martes 2 de marzo, el Senado de la República aprobó por mayoría de votos los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, conocida también como la Ley Combustóleo por la preferencia de uso de este combustible que implica dicha modificación.
Al aprobar esta ley como está, el Senado de la República cometió más de una violación no sólo al proceso legislativo sino también a los derechos humanos. No se escuchó a la ciudadanía ni a las voces expertas. La Ley se aprobó en una reunión convocada de última hora, con esto se dejó fuera la posibilidad de iniciar un Parlamento Abierto para escuchar la opinión de personas expertas, la juventud y la sociedad civil en su conjunto.
Es inverosímil que se tenga una mayor dependencia de energías fósiles, esta Ley llevará a México a un mayor consumo de energías fósiles, como el carbón, el gas natural y el combustóleo para generar electricidad, que dañan de manera severa la salud de la población, el medio ambiente y compromete el futuro de la niñez en México. Esta condición hace a un lado la transición energética justa y con enfoque de derechos humanos por la que nuestro país debería avanzar. También tiene impactos negativos a la salud ya que la Ley alienta el uso de combustóleo; sin embargo, la contaminación por combustóleo producida únicamente por la termoeléctrica de Tula sería responsable de 14 mil muertes prematuras en la ZMVM, de acuerdo con el informe “Modelado de impactos transcuenca en escenarios de cambio de combustible para la generación de energía.
Así mismo estigmatiza a las energías renovables bajo el argumento de que han sido usadas por empresas particulares para defraudar al Estado; el problema no son las energías renovables sino la lógica extractivista en la implementación de los proyectos; este enfoque también puede afectar a proyectos del Estado con energías fósiles.
Evidentemente no contribuye a alcanzar la meta de México en materia de cambio climático, que tal como se comprometió en 2015 en el Acuerdo de París, México se comprometió a que el 35 por ciento de la energía generada para 2024, y el 43 por ciento para 2030, sería limpia; también prometió reducir en un 25 por ciento los Gases de Efecto invernadero de vida corta y en un 51 por ciento las emisiones de carbono negro. Al impulsar una transición energética basada en el mayor uso de combustóleos, el gobierno estaría yendo en sentido contrario al cumplimiento de sus objetivos en materia de cambio climático.
Finalmente, no construye soberanía ya que hoy el 55 por ciento de la electricidad del país se genera con gas, y esto va a crecer. Mientras más electricidad se genere a partir de gas, más necesidad tendremos de gas que se comprará en Texas, lo que generará una dependencia muy peligrosa. Al centrarse cada vez más en los combustibles fósiles (combustóleo, carbón y otros), el sistema nacional de electricidad se vuelve frágil porque no está diversificado el origen de la energía.