Llaman a evitar que agresores de mujeres se “cuelen” como candidatos
Por: José Contreras Contreras
Promotoras de la Ley Sabina hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para que intervenga y se deje de encubrir a quienes agreden a las mujeres y luego se ocultan detrás del poder público, como los actuales presidentes municipales de Toluca, Tianguistenco y Almoloya de Juárez.
En conferencia encabezada por la exesposa del alcalde de Almoloya de Juárez, Ileana Villagómez Gutiérrez, quien tiene demandado a Oscar Sánchez García por violencia familia e incumplimiento en el pago de pensión alimenticia para sus hijos, las activistas alertaron que detrás del poder político se ocultan cientos de casos de maltrato familiar.
Llamaron a las autoridades electorales y judiciales del Estado de México a no permitir que en la próxima elección de senadores, diputados federales, legisladores locales y presidentes municipales participen hombres que están demandados por mujeres por agresiones y delitos mayores como violación.
Señalaron que los presidentes municipales de Toluca, Tianguistenco y Almoloya de Juárez deben responder ante la autoridad ministerial por sus conductas y dejar de “torcer” la ley para evadir sus responsabilidades.

Villagómez Gutiérrez cuestionó la honorabilidad del juez que concedió un amparo al presidente municipal de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García, para que se presentara a rendir su segundo informe de labores y no fuera detenido, cuando existe una orden de presentación y la instrucción para que pague con arresto administrativo de 8 horas.
“Un arresto administrativo de 8 horas es una verdadera burla para castigar a quien ha faltado a sus responsabilidades con su familia, sobre todo con sus hijos, y ahora hasta le conceden un amparo para no ser detenido y que se luzca en su segundo informe de labores, cuando es público que existe una orden de presentación para que cumpla con el arresto”, opinó la ex esposa del munícipe de Almoloya de Juárez.
Las activistas indicaron que las autoridades ministerial y judicial han sido sumamente laxas con este tipo de violentadores, a pesar de todas las reformas legales promovidas y aprobadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia.
“Estos tres señores son delincuentes, son agresores, son violentadores, son hombres que ocupando sus cargos de poder violentan y revictimizan a las mujeres, a las madres, usando tráfico de influencias”, concluyeron.

