Los derechos humanos y su relación con la ética pública

Views: 1088

En esta columna abordaré el tema de los derechos humanos y cómo éstos constituyen un límite en las actuaciones de las autoridades y del gobierno de tal modo que se logra un Estado de derecho. La concepción clásica  de  este tipo de Estado, al cual se debe el  principio de legalidad, ha sido transformada; ya que en la actualidad no es suficiente la existencia de un cuerpo normativo, sino que es fundamental que el sistema jurídico tenga como base determinados valores y principios.

La ética por sí sola se relaciona con la costumbre y la moral, pero cuando ésta se pone en práctica en el servicio público, entonces se habla de la ética pública. De acuerdo con Naessens es aquella “que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio público”.

En la República de Platón se encuentran algunos antecedentes del ideal del servicio público. Desde entonces, se pueden ubicar dos dimensiones del hombre, una en la que se refleja su forma de ser como ser humano y otra relacionada con su esencia como ciudadano, es decir, el papel que desempeña en su entorno social o dentro de una organización política.

La trascendencia de esta disciplina resalta al determinar los parámetros y las directrices que deben regir el actuar de cada servidor público y, por consiguiente, por el efecto que tiene en la actividad estatal y en la calidad de la administración pública. Es, además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público y de combate a la corrupción.

Esto es precisamente lo que encierra la idea de Ferrajoli cuando hace referencia al modelo garantista del Estado constitucional de derecho, y es que, a decir de este autor, para que una norma sea válida además de vigente, no basta que haya emanado de las formas predispuestas para su producción, sino que también es necesario que sus contenidos sustanciales respeten los principios y derechos fundamentales.

Ahora bien, la corrupción en el ámbito público se relaciona con una serie de comportamientos antiéticos que impiden alcanzar las metas de los gobiernos e instituciones. Consecuentemente se pierde la confianza de los ciudadanos en éstos, de ahí que resulte indispensable implementar instrumentos para fomentar los valores y principios en los servidores públicos y, así, prevenir los actos de corrupción.

El fortalecimiento de la ética pública tiene como resultado el aseguramiento del derecho a las buenas prácticas de la administración pública, el cual puede ser definida como el derecho a la consolidación de una Estrategia de Estado dirigida a la mejor satisfacción del interés común; es decir, que las instituciones públicas se conduzcan con una serie de criterios de buen gobierno para satisfacer las necesidades colectivas.

Esta prerrogativa aspira a colocar en el centro del sistema a la persona y a sus derechos fundamentales, a fin de impulsar una trasformación cultural que consolide una visión ética y de valores, así como de principios rectores que orienten el actuar de los servidores públicos.