Programas Sociales: ¿Red de Apoyo o Trampas de Miseria?

“El problema de dar pescado al hambriento no es que se lo coma, sino que después vote por el pescador.”

Basado en una propuesta de Moisés Naím

ESPEJITOS POR VOTOS:  Doña Rosa, una madre soltera de 45 años, un día recibe la noticia de que será beneficiaria de un subsidio mensual. Al principio, la ayuda le parece un salvavidas, puede pagar parte de la renta, comprar despensa básica y darle un respiro a su apretado presupuesto. 

El subsidio que, al principio, llega puntual y se convierte en un ingreso esperado, casi tan seguro como un salario. Nunca se entera de que el recurso nace en la captación fiscal de los impuestos que pagan los ciudadanos productivos o, si no alcanza, de una deuda pública creciente que también pagan todos los ciudadanos.

Con el paso de los meses, Doña Rosa acomoda su vida alrededor de ese dinero. Deja de buscar trabajos adicionales, reduce sus esfuerzos por generar ingresos adicionales y hasta empieza a rechazar algunas oportunidades, convencida de que la ayuda siempre estará ahí. El subsidio, más que un apoyo temporal, se convierte en su nuevo estilo de vida.

Pero un día, (¿verdad, Venezuela?, ¿cierto, Cuba y Nicaragua?) la transferencia deja de llegar. El programa social cambia de reglas, o simplemente desaparece. De pronto, Doña Rosa se encuentra atrapada, sin el ingreso extra y sin las redes productivas que antes la sostenían. El alivio inicial se transforma en angustia, y lo que parecía un puente hacia un futuro mejor, se convierte en una trampa de dependencia y vulnerabilidad.

Cuando se analiza la sostenibilidad de los programas sociales en Venezuela después del impago soberano de 2017, surge un problema clave: la opacidad informativa. El gobierno no publicó cifras completas ni auditadas sobre cierres de misiones (programas) o número de beneficiarios retirados. Por ello, los investigadores y observadores internacionales emplean criterios indirectos para evaluar la continuidad o extinción de estos programas.

CONSECUENCIAS SOCIALES: Así, se ha detectado el cierre físico de instalaciones: hospitales de Barrio Adentro sin médicos, módulos abandonados, locales de Mercal/PDVAL/CLAP clausurados o reconvertidos. También es pública y notoria la caída en la cobertura efectiva. Encuestas como ENCOVI muestran reducción drástica de beneficiarios atendidos o entregas irregulares.

El desfinanciamiento (así le llaman) es evidente es real y medible la reducción del gasto real asignado (erosionado por hiperinflación y falta de divisas). Ahora todo es irregularidad, discontinuidad o la temida respuesta de “no hay, compañero” (sic). Quedan resabios de subsidios convertidos en transferencias ocasionales, sin periodicidad garantizada.

Casi sin darse cuenta, los ciudadanos votantes han visto llegar y padecen el reemplazo simbólico o sin operatividad real de programas que siguieron existiendo ‘en nombre’, pero cuya función social fue absorbida por redes clientelares o por mecanismos alternativos de subsistencia o, ya de plano, desaparecida, según la camarilla en el poder, porque los aportantes iniciales ya no aportan y no aportan implemente porque ya forman parte de la masa receptora al encontrarse más del 90% de la población en pobreza o pobreza extrema.

Para el gobierno no se trata de cierres legales decretados, sino de la pérdida de capacidad operativa y financiera que, en la práctica, equivale a su desaparición.

Nora Lustig, economista y ex-rectora de la Universidad de las Américas Puebla, ha estudiado extensamente el impacto de los programas sociales en América Latina. En sus trabajos, enfatiza que “Las transferencias monetarias son necesarias, pero no suficientes.  Y agrega: Sin oportunidades económicas sostenibles, perpetúan la dependencia.”

Lustig advierte que cuando los subsidios no se acompañan de educación, empleo formal y productividad, se convierten en mecanismos que maquillan la pobreza sin resolverla, y la agravan.

NECESARIOS PERO DESVIRTUADOS O CORROMPIDOS: Los programas sociales nacen con una justificación legítima: apoyar a los sectores más vulnerables de la población. En países con profundas desigualdades, es imposible negar su necesidad inmediata. Proveen alivio, amortiguan choques económicos y, en muchos casos, son la diferencia entre comer y no comer.

Sin embargo, el problema surge cuando dejan de ser un mecanismo de transición y se vuelven permanentes. Al no estar ligados a la producción ni a la creación de riqueza, solo estimulan la demanda. Esto puede provocar inflación, dependencia del gasto público y, con frecuencia, aumento de la deuda. Ejemplos sobran: en Cuba, los subsidios masivos terminaron asfixiados por la falta de productividad; en Venezuela, las “misiones” comenzaron como banderas de inclusión y acabaron siendo moneda de cambio electoral y caldo de cultivo de la pobreza.

DE FONDO

El gran error fue convertir el apoyo social en un fin en sí mismo y no en un puente hacia la productividad. Cuando los programas se usan para cosechar votos, o para acallar protestas, pierden el enfoque de justicia social y se convierten en mecanismos de control político. Además, perpetúan la idea de que el Estado es proveedor infinito de recursos, aunque estos provengan de deuda o de inflación disfrazada.

En el mejor de los casos, garantizan una base mínima de consumo; en el peor, destruyen incentivos para producir, generan informalidad enquistada y abren la puerta a la corrupción en el reparto.

El “apoyo”, en el caso venezolano y nicaragüense, terminó siendo un autoengaño colectivo. El gobierno presume sensibilidad social, el beneficiario cree que es un derecho ganado y la economía paga el costo en productividad perdida, inflación y deuda. A la larga, o no tanto, les tomó “solo” 17 años, la miseria es más profunda, porque se destruye el tejido productivo y se condena a generaciones a vivir de transferencias que cada vez valen menos y terminan por desaparecer.

DE FORMA 

Es obvio que la solución no consiste en abolir los programas, como insinúan los usufructuarios cuando se menciona su deterioro, se trata de redirigirlos. Existen alternativas que permiten apoyar sin condenar, pero como no contienen control político, no fueron tomadas en cuenta.

En casos semejantes (ojo, México), se pueden crear, por ejemplo, cooperativas artesanales y productivas y transformar transferencias en inversión semilla que fomente el trabajo comunitario y preserve tradiciones.

Sin perder cobertura, es posible y medible el apadrinamiento empresarial, que empresas productoras adopten comunidades para integrarlas en cadenas de valor reales. Si hay apoyos fiscales, los recursos se recuperan incrementados y no solo se pierden en un “te doy y no produces”. En Venezuela se optó por eliminar a las empresas productoras lo que incrementó sensiblemente la pobreza. Ojalá y México entienda lo que Venezuela ni siquiera contempló.

DEFORME

Otro punto que aún se soslaya, y pareciera que se promueve, es la falta de apoyo a la educación y a la capacitación vinculada al mercado laboral, en fin, que cada bolívar transferido tenga como contrapartida una puerta de salida hacia la independencia económica. Pero parece ser que el destructivo clientelismo aún es más importante que el futuro del tejido social. Que la nación se los demande y que el ejemplo no cunda.