Protestan y acusan maquineros irregularidades en el Operativo “Dos de Bastos” de la Fiscalía
Por Fátima Chávez
Más de cien integrantes de la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA) se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca para solicitar una audiencia con el titular de la dependencia.
Encabezados por su presidenta, Aracely Gutiérrez Caballero, los inconformes exigieron transparente legalidad tras el operativo “Dos de Bastos” realizado en julio pasado, mediante el cual se aseguraron cerca de 3 mil máquinas tragamonedas.
Durante la movilización, Gutiérrez Caballero acusó supuestas irregularidades e imprecisiones en la integración de las carpetas de investigación, señalando que en diversos expedientes se omiten los delitos investigados y se busca vincular injustificadamente a los comerciantes con la delincuencia organizada.
Asimismo, denunció violaciones a los derechos humanos y la negativa de las autoridades para permitir a los afectados acreditar la propiedad legal de sus equipos, asegurando que los negocios cumplen con regulaciones como licencias, horarios, restricciones a menores de edad y distancia mínima respecto a centros educativos.
“Contamos con los requisitos para ejercer la actividad como permisos, horarios establecidos, estar a ciertos metros de distancia de escuelas y la restricción del uso de máquinas para menores de edad”, afirmó la presidenta de UNAMA.
Entre los señalamientos presentados durante la protesta, la dirigencia denunció la existencia de grabaciones en las que presuntamente se observa a elementos de la Policía de Investigación (PDI) sembrando sustancias ilícitas para justificar los cateos, además de reportar agresiones físicas y verbales contra los propietarios.
Se advirtió también sobre el uso de una misma orden de cateo para ingresar a múltiples locales, lo que ha derivado en la promoción de juicios de amparo para recuperar el material asegurado y restituir las actividades comerciales de las familias afectadas.
«Detrás de cada máquina existen diferentes personas involucradas, como operadores, arrendatarios y vendedores, por lo que el aseguramiento de un equipo puede representar una afectación para alrededor de diez personas», afirmó Gutiérrez Caballero.
La representante del gremio rechazó de manera categórica que los dispositivos pertenezcan a células criminales o que exista coerción para su instalación, detallando que operan mediante esquemas de comisión con proveedores formales y bajo el pago de contribuciones fiscales.
“Es mentira que se les obliga a tener las máquinas, pues hay proveedores que trabajan por comisión como las máquinas expendedoras de refrescos o papas, ya que nosotros pagamos impuestos; pues es mentira que las máquinas pertenezcan a un grupo criminal”, manifestó.
Por otro lado, la dirigente cuestionó la efectividad y validez del operativo al remarcar que los cateos no derivaron en ninguna puesta a disposición ni procesamiento penal.
“Una acusación sería contra alguna persona física. No hubo detenidos, no hubo investigados, mucho menos imputados; ¿con qué fundamentos hicieron el operativo?”, cuestionó.
Finalmente, la organización refirió contar con dictámenes periciales orientados a la prevención de la ludopatía para salvaguardar a la población adulta, reiterando que el acceso está estrictamente prohibido a menores.
Los agremiados a la UNAMA sostuvieron que continuarán la ruta legal y mantendrán la exigencia de entablar una mesa de trabajo directa con las autoridades ministeriales para revisar expediente por expediente y verificar la legalidad de los procedimientos.