+ Raymundo Martínez Carbajal, los hechos, los dichos y los días; los términos legales en el Ayuntamiento de Toluca y la toma de posesión de Juan Maccise Naime; los vericuetos legales
La frase
A la ciudadanía de Toluca, ¿usted aceptaría a un presidente municipal en libertad condicionada?
ES PREGUNTA
RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL, LOS HECHOS, LOS DICHOS Y LOS DÍAS
Fue el viernes 24 de noviembre de 2023, cuando se armó el escándalo en Toluca, ya que un despliegue impresionante de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, buscó al entonces alcalde Raymundo Martínez Carbajal en palacio municipal, para ejecutar una orden del juez que solicitaba su aprehensión, acusado por el delito de secuestro exprés en la modalidad de extorsión contra su ex suegro, así como de violencia familiar por su ex esposa.
Al no encontrarlo, quedaron guardias en palacio municipal, mientras que el grueso del grupo de la fiscalía fue en su búsqueda en el lujoso fraccionamiento San Fermín en los linderos de Toluca y Metepec, donde tampoco lo encontraron, porque salió huyendo y dice el dicho que quien nada debe nada teme, pero…
Inclusive la Fiscalía pidió a la Dirección General de Asuntos Policiales, Internacionales e Interpol México, la emisión y publicación de la ficha de búsqueda y evitar que saliera del país, además solicitó al Instituto Nacional de Migración que se expida una alerta migratoria a fin de detenerlo.
Se anunció también que el aún presidente municipal iba a dar una conferencia de prensa el mismo día en que se ordenó su aprehensión, pero esta fue cancelada.
LOS TÉRMINOS LEGALES EN EL AYUNTAMIENTO
Ante una ausencia de 55 días en que se mantuvo prófugo de la justicia, Raymundo perdió en automático el cargo de presidente municipal, ya que sin permiso sólo puedo tomar una licencia de 15 días, pero se mantuvo sin localizar por espacio de 55 días más, hasta que fue detenido el 18 de enero del presente año, en la colonia Lindavista en la ciudad de México.
Antes había sido detenido su jefe de asesores Andrés Vergara Mañón el 19 de diciembre en Nuevo León y un segundo servidor público involucrado fue Aldo Federico N, quien era secretario particular de Andrés.
Lo anterior, originó que el Ayuntamiento de Toluca aplicara la ley y durante 15 días nombró alcalde a Marco Antonio Sandoval González como encargado del despacho; al terminar los 15 días tomó posesión el primer regidor Jorge Omar Velázquez Ruiz, quien renunció al cargo, después de lo cual procedió a hacer una votación legal entre los integrantes del Cabildo tras lo cual se dio la toma de posesión del doctor Juan Maccise Naime, quien era presidente municipal sustituto y con ello se cumplieron todas las especificaciones legales al respecto. Tomó posesión el 12 de diciembre de 2023.
Por decisión del Ayuntamiento, Juan Maccise Naime se mantendrá al frente en el cargo de presidente municipal hasta concluir el trienio el próximo 31 de diciembre, prácticamente se descarta el retorno de Raymundo, ya que al igual que muchas chachas, abandonó el cargo sin explicación alguna.
Y si se toma en cuenta que como alcalde, era empleado de la ciudadanía, tres días bastan para justificar abandono de empleo.
Cabe hacer notar que la legislación vigente establece que procede la designación del alcalde por ministerio de ley cuando media una solicitud de licencia del propietario por un periodo no mayor de 100 días. En este caso, no existe solicitud de licencia, y el marco legal dispone que si la ausencia de titular de la alcaldía es superior a los 100 días, asume la encomienda el presidente municipal suplente.
Durante 15 días, hay que recordarlo, el entonces secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González se mantuvo como encargado del despacho de la presidencia municipal, ante el furtivo abandono de Raymundo Martínez Carbajal.
La toma de protesta de Maccise Naime fue rendida ante el consejero jurídico del gobierno estatal, Jesús George Zamora, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante la 40ª sesión extraordinaria del cabildo municipal.
LA CUESTIÓN LEGAL DE RAYMUNDO
El 19 de enero del presente año se llevó a cabo la primera audiencia judicial, donde se le impuso a Raymundo la medida cautelar de prevención de prisión preventiva justificada, hasta el pasado 26 de marzo (66 días de ausencia más) en que extrañamente el Poder Judicial del Estado de México cambió de jueza a juez y éste le permitió la libertad bajo fianza y con el brazalete correspondiente en el tobillo izquierdo, para poder continuar con el juicio en libertad condicionada.
Aquí es donde surgió la ayuda y complicidad del gran amigo de Raymundo, el ex gobernador Eruviel Ávila Villegas, que seguramente intercedió ante Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia para cambiar la situación legal de Raymundo en cuanto a prisión.
DENUNCIA COMPLEMENTARIA
A todo lo anterior hay que agregar la denuncia que presentó el Décimo Regidor de Morena Mario Hernández Cardoso, quien dijo: La denuncia es un deber jurídico de todos y en mi caso lo hago como regidor y como ciudadano del municipio de Toluca; la denuncia en contra del ciudadano Raymundo Martínez Carbajal se basa en el señalamiento de cinco delitos por hechos de corrupción tipificados en el Código Penal del Estado de México a saber:
Abuso de autoridad, artículo 335 que va de dos a nueve años de prisión; uso ilícito de atribuciones y facultades artículo 340, que va de seis meses a 12 años; ejercicio abusivo de funciones, artículo 344 de tres meses a doce años de prisión; peculado, artículo 351 de tres meses a 10 años de prisión y agravio de la hacienda pública municipal, artículo 146, de tres a cinco años de prisión.
El importe de esos delitos según cálculos del propio Hernández Cardoso, suman la cifra de 237’585,042 pesos. Recordó que en las tres auditorías que realizó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) en el ejercicio fiscal del año 2022 de la administración municipal de Toluca se encontraron diversas anomalías como: adjudicaciones directas plagadas de irregularidades y sin documentación, desvío de recursos, funcionamiento ilegal del comité de adquisiciones, servicios, contrataciones y adjudicaciones indebidas, compras fraccionadas, pago de gasolina a vehículos no oficiales, inoperabilidad de obras así como simulación de las mismas.
Todos estos delitos, de confirmarse y no ser desechados por un juez de consigna, implicarían 64 años de prisión.
Habrá que esperar a que la justicia diga algo al respecto.