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RECHAZA PRI EDOMEX PLAN B: “ES EL PLAN M: PLAN MAÑOSO», DICE CRISTINA RUÍZ

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Cristina Ruíz Sandoval, dirigente del PRI en el Estado de México, calificó la reforma electoral (Plan B) del gobierno federal como el «Plan M», por “Maduro” o «mañoso», pues busca perpetuar al partido en el poder bajo una falsa narrativa de austeridad. Y es que denunció que la reforma elimina contrapesos, y debilita a las instituciones electorales al recortar recursos al INE y organismos locales, mientras mantiene el gasto en sueldos de gobierno y proyectos federales.
«No hay ningún ahorro real, esto es una falacia, es una mentira. No están corrigiendo el sistema, lo están acomodando para que no se les vaya de las manos el poder», dijo.
En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por legisladores locales y representantes de sectores y organizaciones, Ruíz Sandoval afirmó que esta iniciativa no busca el ahorro ni la democracia, sino un rediseño del poder que favorece directamente a quienes hoy gobiernan.
Destacó que como respuesta a este “Plan B”, el PRI seguirá impulsando la estrategia “Defensores de México” para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y contrarrestar lo que, aseguró, es un retroceso democrático.
La también senadora detalló que la reforma pretende «quitar la escalera» de la democracia que permitió la alternancia en el pasado, a través del uso del aparato estatal, pues acusó que buscan adelantar la revocación de mandato para que el Ejecutivo federal aparezca en la boleta y realice campaña, es decir, que pueda promover abiertamente el voto utilizando recursos públicos.
En lo que se refiere a la reducción de la veda electoral, la propuesta busca bajar de 90 a 60 días el periodo en el que el gobierno debe suspender la promoción de programas sociales, lo que, según Ruíz, inclina la balanza a favor del oficialismo.
También consideró que hay un ataque al INE y órganos locales, “bajo una vil narrativa de austeridad”, toda vez que el recorte de recursos se enfoca exclusivamente en el Instituto Nacional Electoral, los tribunales y los institutos electorales locales (Oples), mientras que el gasto en obras federales y sueldos de funcionarios cercanos al Ejecutivo permanece intacto.
En este sentido, cuestionó la congruencia del discurso gubernamental sobre los topes salariales y su “falsa austeridad”, pues «dicen que nadie gane más que el presidente, pero ahí tienen embajadores o funcionarios como Hugo López-Gatell, que perciben sueldos inflados. La austeridad es selectiva: es para debilitar al árbitro, no para mejorar escuelas u hospitales», dijo.
Finalmente, la líder priista aseguró que su partido y sus representantes en el territorio, se mantendrán como «defensores de la patria» frente a lo que considera un retroceso de una década en la vida democrática del país.
Así resumió Ruíz Sandoval los diez puntos por los que el PRI rechaza la iniciativa denominada Plan B:
1. No es un plan de austeridad, es un plan de control total, tanto municipal como estatal, pues Morena no está recortando el gasto del gobierno federal.
2. Es un golpe al federalismo y al municipio libre, porque fijan desde la Constitución el número de regidores, quitando la paridad.
3. Reducir regidores se traduce en la eliminación de contrapesos.
4. El tope al presupuesto de los congresos locales es igual a legisladores dóciles y callados, para no mencionar nada, porque el límite del 0.70 % no es real.
5. Nulidad de pleno derecho es el garrote autoritario; es una forma de amenazar, de forzar obediencia presupuestal desde el centro.
6. Revocación adelantada es igual a una campaña permanente de “la presidente con a”.
7. La revocación representa un riesgo de contaminar elecciones, pues se organizarán desde la presidencia para ayudar a que Morena tenga la mayoría calificada, y así seguir impulsando cambios constitucionales que conducirán a una dictadura.
8. Permite que el gobernante promueva el voto a su favor es una ventaja indebida: “es permitir que desde el poder se haga campaña para conservar el poder”.
9. Reduce la veda implica menos neutralidad y más propaganda previa, a través de la entrega de apoyos cercanos a la elección.
10. Topes salariales y eliminación de prestaciones que debilitan a las autoridades electorales.