UNPF advierte que prohibir celulares no bastará sin el apoyo familiar
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó como un primer paso indispensable la nueva restricción al uso de teléfonos celulares en las aulas, y reconoció que se trata de una intervención necesaria para proteger el entorno escolar. No obstante, dejó en claro que esta directriz corre el riesgo de volverse insuficiente si no se acompaña de una participación activa de los núcleos familiares, así como de acciones gubernamentales de mayor alcance.
Esta postura surge tras la emisión oficial del Acuerdo número 09/09/26, un marco normativo diseñado para regular el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales tanto en escuelas públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional.
La UNPF aplaudió que las autoridades educativas, tanto federales como estatales, fundamentaran este decreto en el principio del interés superior de la niñez.
Celebraron que se tomara en cuenta evidencia internacional y los resultados de diversos diagnósticos, los cuales coinciden en un punto crítico: los teléfonos inteligentes no representan un avance significativo para el aprendizaje de los alumnos ni para la labor pedagógica de los docentes. Sin embargo, el organismo lamentó que, a pesar de la relevancia de la medida, las opiniones de los padres de familia no fueran escuchadas de manera estructurada ni suficiente.
Al concentrarse la consulta nacional casi exclusivamente en el personal docente y en foros de carácter técnico, las familias quedaron al margen de la definición del problema y de sus posibles soluciones, una exclusión que, advierten, limita gravemente la eficacia práctica de la norma en la vida cotidiana.
Si bien las disposiciones del acuerdo son vistas como razonables y alineadas con las tendencias globales y las experiencias previas de algunos estados de la República, la organización enfatizó que la regulación de los dispositivos no es una solución mágica. Por sí sola, la prohibición no resolverá las profundas dificultades de atención, retención de memoria, desarrollo de la creatividad, interacción presencial y autorregulación emocional que afectan a los estudiantes, ni bastará para cerrar las brechas pedagógicas actuales.
Tomando en cuenta que el acuerdo entrará en vigor de forma oficial el próximo 3 de noviembre de 2026 —otorgando un plazo de 180 días naturales para que las entidades federativas armonicen sus leyes locales—, la UNPF hizo un llamado urgente a construir una normativa complementaria e integral. Este marco adicional deberá definir con total claridad las limitaciones y responsabilidades de todas las partes involucradas, orientándose de manera prioritaria a blindar y fortalecer la autoridad de los maestros dentro del salón de clases.
Consideró indispensable involucrar a las familias, debido a que el uso de dispositivos trasciende el horario escolar y alcanza los hogares, las redes sociales y los momentos de ocio. También propuso generar espacios permanentes de diálogo entre escuela y hogar para establecer reglas sobre horarios de uso, restricciones de redes sociales y límites al uso de pantallas antes de dormir.
La organización pidió que las autoridades proporcionen a las familias información, materiales y orientaciones prácticas, y que fortalezcan la capacitación docente. Señaló que la autoridad de los maestros también depende del respaldo de las familias y de un marco común de expectativas sobre el uso de la tecnología.
En materia educativa, la UNPF planteó establecer una ruta pedagógica y didáctica con programas, contenidos y libros de texto adecuados para mejorar las condiciones de aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas, así como informar sobre las acciones para garantizar equipos, capacitación docente y programas educativos que permitan atender los rezagos pendientes.
Asimismo, la organización llamó a las autoridades a abrir canales de participación efectiva y evaluar periódica y transparentemente los resultados de la medida, además de articular políticas que atiendan no solo el uso de dispositivos, sino también las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de los estudiantes, mediante una corresponsabilidad entre Estado, escuelas y familias.