URGE CEDAW A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES A FAVOR DE LAS MUJERES
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo un llamado al Estado mexicano a implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones. En este tenor, emitió 90 recomendaciones finales tras evaluarlo en su Décima Revisión Periódica, celebrada en Ginebra, mismas que visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el país.
Y es que el informe, señala que la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, y es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluyendo al crimen organizado.
La violencia contra las mujeres abarca desde desapariciones, tortura y violencia sexual, hasta feminicidios, a menudo con armas de fuego, y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado mexicano y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
En las 90 recomendaciones emitidas, refiere que la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo a la comunidad LGBTI, indígenas, desplazados, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas, considerando la interseccionalidad y el impacto del crimen organizado, además de exigir la implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones.
De acuerdo con el Comité, la violencia patrimonial y las limitadas oportunidades económicas ponen a las mujeres, especialmente de grupos marginados, en riesgo de trata y trabajo forzoso. De ahí que instó a sancionar a funcionarios que incumplan la ley, y a establecer mecanismos contra la corrupción, recomienda aumentar recursos para inspecciones laborales y reforzar la atención a víctimas, con datos sobre perfiles y eficacia de las intervenciones.
Por otro lado, señaló que si bien hay avances legislativos en México en la materia, ha aumentado la violencia de género, incluidos feminicidios, desapariciones y violencia sexual, debido a fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional, además de la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género, por lo que se deben armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras, así como reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones.
Por ello, advirtió que a pesar de las reformas legales, el acceso al aborto sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal porque prevalece el estigma y la resistencia del personal de salud para garantizar el acceso a un aborto, por lo que recomienda armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación.
Por otro lado, debido al elevado número de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, desaparecidas y atacadas a través de amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, urgió al Gobierno de México a abordar las graves deficiencias de instancias oficiales como el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, realizar análisis de riesgo con perspectiva de género e interseccionales, con financiación adecuada, coordinación entre instituciones federales y locales, investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales que garanticen reparación integral y enjuiciamiento de los actores responsables de los ataques.
En cuanto a los desafíos que el Estado mexicano debe asumir, el informe del CEDAW refiere: atender con urgencia la violencia feminicida como una prioridad nacional al armonizar la legislación penal en todo el país, garantizar investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.
Advierte también que debe garantizar justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y tortura al Implementar mecanismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadora, incluyendo acceso a servicios en zonas rurales e indígenas.
Finalmente, exige voluntad política y transparencia en un contexto donde por primera vez una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal, pues el cumplimiento de las recomendaciones emitidas debe marcar un cambio histórico y una oportunidad para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de presentar información precisa sobre los avances logrados.