TRINAN CONTRA EL ALCALDE MANUEL VILCHIS POR EL FRACIONAMIENTO IRREGULAR “SAN AGUSTÍN”
Por Fátima Chávez
La administración de Manuel Vilchis Viveros en Zinacantepec enfrenta una creciente ola de indignación por parte de más de cien habitantes del Barrio de San Miguel, quienes denuncian la construcción irregular del fraccionamiento «San Agustín».
Los inconformes señalan que una constructora pretende edificar sobre terrenos que ya cuentan con dueños legítimos y viviendas habitadas, basándose en la presunta propiedad de Marisela Monroy Ponce sobre 148 hectáreas.
El conflicto se localiza en la vialidad Adolfo López Mateos, en los límites con San Lorenzo y San Francisco Tlalcilacalpan, zona donde ya se ofertan en redes sociales 29 condominios y 36 lotes, a pesar de que los residentes actuales poseen títulos de propiedad y comprobantes de pago de servicios como predial, agua y luz.
Aunque el alcalde aseguró haber tenido conocimiento del problema apenas el miércoles pasado, los afectados desmienten esta versión, afirmando que la disputa inició hace dos semanas y que en la Casa Ejidal ya se han identificado los polígonos afectados.
La situación ha escalado a niveles críticos tras reportarse que representantes de la inmobiliaria comenzaron a realizar mediciones en predios ocupados y lanzaron amenazas de desalojo forzoso.
Según los testimonios, a varios vecinos se les otorgó un plazo de apenas cinco días para abandonar sus hogares bajo la advertencia de que entraría maquinaria pesada para demoler las estructuras, bajo el argumento de que la empresa cuenta con los permisos municipales y documentos de propiedad en regla.
Ante el temor de perder su patrimonio y tras denunciar represalias contra quienes han manifestado su rechazo mediante lonas informativas, la comunidad exige una investigación inmediata y profunda.
Los manifestantes piden que se audite a los funcionarios de las áreas de Catastro y de la Dirección de Licencias de Construcción para determinar si hubo actos de corrupción o colusión que permitieran otorgar permisos de edificación sobre terrenos privados ya registrados.
Los vecinos del Barrio de San Miguel sostienen que no permitirán ser despojados de sus propiedades y demandan que el Ayuntamiento de Zinacantepec asuma su responsabilidad y detenga el avance de la inmobiliaria hasta que se esclarezca la legalidad de los predios.