+Redes de corrupción invaden al gobierno estatal con venta de plazas y aviadurías; Macarena dejó en ruinas al ISEM; Mario Santana un priista con fuerza
La frase
El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia.
BESS MYERSON
EL DETALLE: Mario Santana Carbajal, actual presidente municipal de Villa Victoria, es un personaje como ya hay pocos, que tiene firme convicción priista, no en balde ha sido cinco veces presidente municipal en el curso de los últimos 30 años, además de tres ocasiones en que ha logrado ser diputado local y es una de las cartas fuertes del priismo para las elecciones del año próximo y por qué no también para la dirigencia del PRI estatal.
Con mucha convicción afirma que el PRI puede recuperar terreno en el 2027, sobre todo por el hartazgo social con los malos gobiernos municipales procedentes de Morena y de sus partidos satélites.
De los priistas que han abandonado las filas y se han ido a recluir a los partidos satélites de Morena, afirma que son ingratos y que sólo quieren el poder por el poder mismo sin tener convicciones políticas.
Forjado como político en las oficinas de diversos gobernadores de nuestra entidad, Mario además de carácter tiene la destreza política para saber tratar al ciudadano y también para lidiar con políticos que no son de su partido. Hay que seguirle la huella.
LA VENTA DE PLAZAS Y OTRAS TRANSAS, PROVOCAN HARTAZGO
El Estado de México atraviesa una de las crisis de integridad administrativa más severas de las que se tenga registro reciente.
Bajo el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, la promesa de una transformación ética parece estarse estrellando contra una realidad de redes de corrupción, aviadores y venta de plazas que han permeado las arterias más vitales de la entidad: la educación y la salud.
Lo que inicialmente se presentó como un cambio de régimen, hoy se ve asediado por estructuras que, lejos de desaparecer, parecen haberse sofisticado para drenar el erario público con una impunidad alarmante.
Lo que comenzó como una esperanza de empleo se ha transformado en una pesadilla de fraude y amenazas para al menos 250 ciudadanos.
Una red de corrupción operada desde la Secretaría General de Gobierno ha sido expuesta, señalando directamente a altos funcionarios por utilizar datos personales para extorsionar a aspirantes a servidores públicos.
El modus operandi revela una vulneración sistemática de la privacidad: las víctimas entregaron sus currículums de buena fe para vacantes en la Secretaría de Educación y la de Gobierno, solo para que su información terminara en manos de una red de tráfico de influencias.
Los afectados fueron integrados en grupos de WhatsApp donde, mediante videos que utilizaban el nombre de la gobernadora para dar legitimidad al engaño, se les prometían plazas, computadoras y bonos, terminando en un esquema de extorsión y deudas.
En paralelo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha pasado a la ofensiva legal tras el hallazgo de presuntos aviadores. La denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, bajo la carpeta TOL/TOL/CSD/107/039307/26/02, documenta un desfalco sistemático.
Una auditoría interna en la Dirección de Secundarias Generales y Técnicas reveló que, al 5 de febrero de 2026, existían 324 docentes cobrando puntualmente en Claves de Centros de Trabajo (CCT) inexistentes o sin vigencia.
Este drenaje de recursos sugiere una colusión interna donde funcionarios con acceso privilegiado dieron de alta plazas ficticias para beneficiar a individuos que jamás se presentaron a laborar.
Mientras el sector educativo purga sus nóminas, el sistema de salud mexiquense se encuentra en un estado crítico inducido por la negligencia.
La salida de Macarena Montoya Olvera de la Secretaría de Salud dejó al ISEM en ruinas. Durante su gestión, la prioridad se desplazó hacia la vestimenta extravagante y un robusto equipo de seguridad personal, mientras los hospitales enfrentaban saturación y desabasto crónico de medicinas y materiales de curación.
Aunque en su entrega se presumieron logros como el control del dengue y la basificación de personal, la realidad es de protestas constantes.
Esta presión social forzó la salida de Godwin González Estrada, ex titular de Atención Médica, señalado por la venta de plazas, uso de personal para fines particulares y un esquema de moches con proveedores.
Se investigan compras de medicamentos por más de 1,500 millones de pesos, donde se habrían aceptado insumos próximos a caducar, agravando la crisis sanitaria.
La sombra de la corrupción alcanza incluso la esfera política de Huixquilucan, con investigaciones sobre extorsión y falsificación de documentos que involucran a familiares de representantes populares.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)tiene ahora la tarea de desmantelar una estructura que operó bajo una protección política que hoy empieza a agrietarse.
La administración de Delfina Gómez se encuentra en una encrucijada: o permite que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar los nombres que surjan, o se resigna a ser recordada como el periodo donde la corrupción solo cambió de manos, dejando a la educación y a la salud en la orfandad absoluta.
Los movimientos en el equipo cercano de la mandataria estatal parecen ser una estrategia para terminar con las indagatorias y evitar que el costo político siga escalando, aún lacerando la política de la 4T de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Asimismo, a principios de este año la sombra de la corrupción parece haberse instalado en las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, en su sede de Toluca.
Lo que debería ser un espacio dedicado a la justicia y el equilibrio entre empleadores y empleados, hoy es señalado por sus propios trabajadores y usuarios como un foco de irregularidades que van desde el lucro con el servicio público hasta la imposición de gastos injustificados.
Ciertos funcionarios de la dependencia estatal establecieron un esquema de cobros que ascienden a varios miles de pesos a cambio de puestos administrativos y operativos, sin distinguir entre contrataciones eventuales o de base.
Esta práctica no solo vulnera la integridad institucional, sino que representó un insulto para quienes han agotado los procesos formales y cumplido con cada requisito legal solo para ver cómo sus expedientes son ignorados en favor de quien puede costear su ingreso.
Aunado a este tráfico de influencias y cargos, los empleados denunciaron una presión adicional sobre sus bolsillos: la obligación de adquirir uniformes institucionales exclusivamente con proveedores señalados por los mismos directivos.
Esta triangulación de beneficios sugiere un negocio privado orquestado desde el poder público, donde el trabajador es visto como un cliente cautivo.
Mientras el malestar crece en los pasillos de la sede en Toluca, la exigencia de una investigación profunda se vuelve urgente para evitar que el órgano encargado de conciliar los conflictos laborales se convierta, irónicamente, en el escenario de la mayor de las injusticias.