ANALIZAN REFORMA INTEGRAL EN VIOLENCIA QUÍMICA
Por Fátima Chávez
En un acto de trascendencia legislativa para el Estado de México, se llevó a cabo la presentación y análisis de una reforma integral en materia de violencia química, la cual contó con la participación y el testimonio de la activista y sobreviviente Carmen Sánchez.
La iniciativa, impulsada por la Diputada Local Nelly Brígida Rivera Sánchez, surge como una respuesta directa a la necesidad de justicia para las mujeres, buscando transitar de una simple agravante a la creación de un tipo penal autónomo.
Esta propuesta reconoce que los ataques con sustancias corrosivas no son lesiones comunes, sino actos que buscan la «muerte civil» y el borrado de la identidad de las víctimas.
Al respecto, la legisladora de Morena precisó que «los pilares de la reforma proponen modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir la violencia química como una manifestación de desigualdad estructural en su Artículo 7».
La reforma plantea la modificación del Código Penal para derogar la fracción XI del artículo 238 y crear el Capítulo Primero Bis, estableciendo sanciones severas que contemplan una pena básica de 20 a 35 años de prisión.
La diputada morenistas, dijo que este castigo podría incrementarse si el ataque afecta el rostro, cuello, órganos sexuales o funciones vitales; si se realiza frente a familiares o hijos; o si existe un vínculo sentimental o de parentesco entre el agresor y la víctima.
Asimismo, la congresista añadió que en aquellos casos donde el ataque derive en la muerte o el suicidio de la mujer, la pena podrá alcanzar hasta los 65 años de cárcel.
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón indicó que la tipificación autónoma es fundamental para combatir la «invisibilización del daño» y evitar que el Ministerio Público clasifique estos eventos como «lesiones simples».
Según la legisladora del PT, «esto garantiza a las víctimas una atención integral que incluye cirugías reconstructivas y apoyo psicológico de largo plazo, además de una reparación del daño que considere el impacto de vida y la pérdida de oportunidades laborales».
Leyva Piñón, afirmó que la iniciativa contempla regular la comercialización de sustancias de alto riesgo mediante un registro y protocolos de responsabilidad para los vendedores, subrayando que en el capítulo de Atención a Víctimas y Refugios se debe discutir el acceso gratuito y continuo a insumos médicos y reconstructivos.
Además, indico que la relevancia de esta medida se sustenta en datos de la Secretaría de Salud Federal, que reportan 3,354 mujeres atendidas por agresiones con sustancias corrosivas entre 2011 y 2022, lo que representa un promedio de 270 casos anuales.
El análisis legislativo cobró una dimensión humana con la intervención de Carmen Sánchez, quien relató que hace 12 años, el 20 de febrero de 2014, fue atacada con ácido y enfrentó el escepticismo de las autoridades a pesar de la gravedad de sus heridas.
«Me robaron la identidad, me arrancaron la libertad, el estado me desprotegió y el agresor, Efrén, estuvo siete años libre tras la impunidad, mientras yo estuve ocho meses en el hospital alejada de mi familia», comentó la activista.
La presidenta de la Asociación Civil que lleva su nombre enfatizó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no le brindó acompañamiento integral ni medidas de protección, obligándola a pasar de víctima a activista para defenderse.
Con más de 80 cirugías realizadas y el uso de fármacos psiquiátricos de por vida, Sánchez insistió en que su fundación seguirá luchando por las secuelas físicas y emocionales que ella y otras mujeres enfrentan, apelando siempre a la voluntad política para lograr un cambio real.