¿Está Justicia Mexicana en Manos de Personas Sin Experiencia?

Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, define que 2025 fue el año que lesionó gravemente a la justicia en México, pues Personas sin experiencia, con antecedentes delictivos, sin compromiso con la justicia y que más bien representan intereses políticos o abiertamente partidistas ahora son quienes tienen la justicia en sus manos. Y narra: 

Cerramos 2025 con la imagen que pinta de cuerpo entero el estado de la justicia en México: un juez de lo penal, recientemente electo por el voto popular, apuntando con una pistola a una mujer y a sus vecinos en Quintana Roo. ¿Cómo es que alguien capaz de ese amago de violencia ocupa el cargo de juzgar a otros, es decir, de impartir justicia?

Aunque la reforma judicial se anunció como la solución contra abusos de poder y corrupción, lo que se está demostrando es exactamente lo contrario. Si bien no se debe generalizar, lo cierto es que se abrió una puerta muy peligrosa: personas sin experiencia, con antecedentes delictivos, sin ética, sin compromiso con la justicia, que no pasaron por filtros estrictos y que más bien representan intereses políticos o abiertamente partidistas ahora son quienes tienen la justicia en sus manos. Una justicia que nos debía mucho y ahora puede ser aún peor.

2025 será recordado como el año en que se implementó una reforma judicial que implicó una purga contra todos los jueces del país —fueran o no buenos juzgadores—. Reforma que impuso una elección judicial en la que sólo una minoría del electorado participó y cuya jornada electoral se caracterizó por la trampa de los acordeones. Una elección de candidatos que implicó tómbolas en las que los cargos y la vida profesional de jueces de carrera rodaron por el piso del Congreso y que ignoró las diversas manifestaciones y voces que señalaron los riesgos de esta forma de escoger a nuestros jueces. Una elección que luego fue convalidada por el Tribunal Electoral, encargado de la “justicia” electoral.

El año que cerramos también implicó una restricción al acceso a la justicia a través del amparo. No bastaba con tener jueces a modo o comprometidos con intereses partidistas, había que cerrar las vías para que ningún juez se atreviera a ir en contra del “interés común”, sobre todo si este interés se identifica con el de las autoridades. El interés del Estado sobre los derechos de las personas.

En todo el mundo, las naciones democráticas utilizan la prisión preventiva para asegurar que los procesos judiciales se lleven a cabo, pero en ningún caso se impone de forma automática, como sí lo establece la Constitución mexicana para una lista de delitos.

Considera que en 2026 se tienen que sentar las bases normativas para que en 2027 se elijan por voto popular a aproximadamente 800 jueces federales y, en 25 entidades, a todos o hasta a un 75 % de los jueces estatales. El año que inicia es una oportunidad para reconocer las deficiencias más graves de la reforma judicial. Que al menos en la Constitución y en las leyes secundarias se establezcan estándares más elevados y legítimos para elegir mejor a las personas candidatas a cargos judiciales. Que los congresistas atiendan la recomendación de que la elección judicial de 2027 no sólo no debe partidizarse, sino que necesita separarse de la elección de cargos políticos de ese mismo año.

En fin… 2026 podría ser diferente y un poco más justo para México.

*Licenciado y Maestro en Periodismo    

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