+La llamada a seguridad en Donato Guerra; si no fue cierto, que lo digan; si fue cierto, que lo aclaren, los vacíos de información generan incertidumbre
La frase:
El mayor candado es el miedo, la peor barrera es la inseguridad y la mejor llave es escribir que siempre hay una salida para todo.
UN OPTIMISTA
Mientras el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda presume la incorporación de un helicóptero Black Hawk como parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de la entidad en el combate a la delincuencia, en tierra ocurre un episodio que vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las propias instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
De acuerdo con la información que ha trascendido, el día martes, en el municipio de Donato Guerra, un sector de la Policía Estatal habría recibido una llamada atribuida presuntamente a un comandante, mediante la cual se ordenó al Policía Primero Marco Antonio desalojar las instalaciones, bajo el argumento de que el inmueble era propiedad municipal y debía ser entregado a la brevedad.
Lo que ocurrió después resulta todavía más delicado, según los reportes, el elemento habría sustraído todo el armamento que se encontraba bajo resguardo y lo habría colocado en la unidad policial con placas ME-193-A3, para posteriormente dirigirse hacia la Ciudad de México.
El traslado, no habría pasado desapercibido, pues el policía estatal fue detenido por elementos preventivos de la capital del país, quienes presuntamente le cuestionaron las razones de su presencia en la Ciudad de México y, particularmente, el origen y destino del armamento que llevaba consigo.
La respuesta atribuida al Policía Primero habría sido que entregó las armas a una persona por instrucciones de su comandante. Y ahí comienza el verdadero problema.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México mantiene hermetismo respecto de este caso, por lo que permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuántas armas fueron sustraídas?, ¿qué tipo de armamento era?, ¿quién tenía bajo resguardo la armería?, ¿quién ordenó realmente retirarlas de las instalaciones?, ¿a quién fueron entregadas y dónde se encuentran actualmente?
Versiones atribuidas a mandos de la Policía Estatal señalan que el teléfono celular del comandante de la región de Donato Guerra habría sido clonado y que, mediante este mecanismo, se habrían girado instrucciones al elemento policial para retirar y entregar el armamento.
Si esta versión se confirma, no estaríamos únicamente frente a un posible problema de control interno o de resguardo de armas, sino ante una vulnerabilidad de seguridad que podría comprometer directamente las cadenas de mando de una institución policial.
Porque la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede una orden de semejante trascendencia ejecutarse únicamente mediante una comunicación telefónica? ¿Existieron protocolos para verificar la autenticidad de la instrucción? ¿Se notificó a otros mandos? ¿Hubo algún documento, oficio o registro que respaldara el supuesto desalojo y la entrega del armamento?
Y, sobre todo, ¿quién pagará los platos rotos?
También queda abierta otra interrogante, si efectivamente hubo comunicación entre mandos de la Policía Estatal y el Policía Primero, ¿por qué el elemento procedió a retirar el armamento y trasladarlo fuera de la entidad? ¿Fue engañado? ¿Fue amenazado? ¿Recibió una instrucción que consideró legítima? ¿O existe otra explicación que hasta ahora no ha sido revelada?
Resulta difícil pensar que un elemento policial, consciente de las consecuencias administrativas, legales y penales que podría enfrentar por sacar armamento de una armería, decidiera hacerlo sin algún tipo de instrucción, presión, engaño o circunstancia externa.
Precisamente por ello, será indispensable que las autoridades determinen con absoluta claridad qué ocurrió y quiénes participaron.
El contexto tampoco puede ignorarse, los hechos habrían ocurrido en Donato Guerra, municipio ubicado en una región del Estado de México que enfrenta problemas de seguridad y donde autoridades han reconocido la presencia y actividad de grupos criminales.
En ese escenario, cualquier vulnerabilidad relacionada con el control, custodia y traslado de armas oficiales adquiere una dimensión todavía mayor.
Porque mientras se habla de tecnología, aeronaves, inteligencia y nuevas capacidades operativas para enfrentar a la delincuencia, resulta preocupante que el propio sistema de seguridad pueda ser vulnerable a una llamada telefónica, a la clonación de un dispositivo o a una orden cuya autenticidad aparentemente no habría sido verificada.
La incorporación de un Black Hawk puede representar una herramienta importante para las corporaciones de seguridad, pero ningún helicóptero puede compensar fallas en los controles internos, en la cadena de mando o en la protección del armamento institucional.
Si las versiones que circulan son falsas, la Secretaría de Seguridad tiene la oportunidad y la obligación de aclararlo, si son ciertas, la sociedad merece saber quién ordenó la extracción, cuántas armas salieron de la armería, dónde terminaron, quién las recibió y qué medidas se tomaron para recuperarlas.
Porque aquí no sólo está en juego el patrimonio de una corporación policial, está en juego la seguridad de los propios elementos y de la población.
Y mientras las autoridades guardan silencio, las preguntas siguen acumulándose: ¿cuántas armas fueron sustraídas?, ¿quién las tiene?, ¿cómo fue posible sacarlas de una instalación policial?, ¿se trató de una operación criminal, de una instrucción legítima mal ejecutada, de un engaño o de una amenaza contra un elemento?
En materia de seguridad, los vacíos de información también generan incertidumbre. Y cuando hablamos de armas oficiales que presuntamente salieron del control de una institución encargada precisamente de combatir a quienes las utilizan para delinquir, la explicación no puede esperar.