PAGO DIGITAL: ¿MODERNIDAD U OBLIGACIÓN Y CONTROL?
“La revolución digital puede hacer que el dinero sea más eficiente y accesible, pero también puede cobrarnos un precio en privacidad y libertad.”
Eswar S. Prasad
¿DERECHO U OBLIGACIÓN?: México avanza con rapidez hacia una economía cada vez más digital. Transferencias electrónicas, pagos con tarjeta, aplicaciones móviles, códigos QR y plataformas bancarias se han incorporado a la vida cotidiana de millones de personas. Se trata de una evolución tecnológica lógica que ofrece múltiples ventajas, mayor rapidez en las transacciones, reducción del uso de efectivo, mayor seguridad y un mejor control de las operaciones económicas. Hasta aquí, la modernización merece reconocimiento.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental que hay que leer entre líneas; no es lo mismo optar que obligar. Una sociedad moderna debe ampliar las alternativas disponibles para los ciudadanos, no sustituir unas opciones por otras hasta convertir la nueva alternativa en la única posibilidad práctica.
La discusión adquirió relevancia después de que el gobierno federal planteara impulsar los pagos digitales y reducir gradualmente el uso de efectivo en sectores específicos como las gasolineras y las carreteras. Aunque las autoridades aclararon que no existe un plan para eliminar o prohibir de manera general el efectivo, la propuesta abrió un debate legítimo sobre los límites de la digitalización.
Los pagos electrónicos reducen tiempos de espera, disminuyen costos operativos, dificultan ciertas prácticas de evasión fiscal y mejoran la trazabilidad de las operaciones. Además, permiten una fiscalización más eficiente y ayudan a formalizar actividades económicas que históricamente han operado fuera del sistema financiero.
Ah, solo que cuando una política pública modifica la manera en que millones de personas utilizan su dinero, es necesario analizar no solo sus beneficios tecnológicos, sino también sus posibles efectos sociales y económicos. Es obvio que no todos los ciudadanos están en condiciones o tienen el deseo de utilizarlos.
La digitalización financiera exige una serie de requisitos previos. Para pagar electrónicamente suele necesitarse una cuenta bancaria, una tarjeta, un teléfono móvil, acceso a internet, electricidad, conocimientos tecnológicos básicos y confianza en las plataformas digitales. Para una gran parte de la población estos elementos son habituales, pero para otra siguen representando obstáculos importantes.
Una persona puede poseer un teléfono inteligente y utilizarlo diariamente para comunicarse, tomar fotografías o navegar por internet, pero no necesariamente sentirse cómoda administrando desde él sus recursos financieros.
La simple posesión de un dispositivo no garantiza la inclusión financiera efectiva y sí incrementa el temor al hackeo o al mal uso de los datos, mal uso del que no se responsabiliza el gobierno, ni las compañías telefónicas, ni los dueños de las plataformas.
Además, no debe confundirse la falta de interés en utilizar pagos digitales con un supuesto retraso tecnológico. En muchos casos se trata simplemente de una preferencia personal. En una sociedad libre, la tecnología debería ofrecer nuevas opciones sin imponer una única forma de participación económica.
OBLIGACIÓN QUE CUESTA: Y en una sociedad y época exageradamente incluyente, una obligación puede convertirse en una medida excluyente. Si para utilizar una carretera, pagar combustible o acceder a determinados servicios resulta indispensable contar con una aplicación o un medio electrónico, entonces quienes carezcan de ellos enfrentarán una barrera que antes no existía. La modernización dejaría de ser inclusiva para transformarse en una condición de acceso.
La exclusión puede afectar particularmente a adultos mayores, habitantes de zonas con menor conectividad, personas con discapacidad digital o ciudadanos que simplemente prefieren manejar parte de su economía mediante efectivo. Paradójicamente, aquellos que se encuentran más alejados del sistema financiero podrían resultar los más perjudicados por una transición mal diseñada.
Existe además otro aspecto frecuentemente ignorado, la tecnología falla. Los teléfonos se descargan, las aplicaciones presentan errores, las redes se interrumpen y los sistemas bancarios entran en mantenimiento. Se trata de eventos comunes en cualquier ecosistema digital. Todos hemos sido víctimas de las famosas “caídas del sistema”.
Así, llegamos al absurdo, la persona, usted, nosotros, ellos (y ellas) tenemos dinero, deseamos pagar y el proveedor desea cobrar. Sin embargo, la operación no puede completarse porque una plataforma tecnológica no funciona o porque el usuario no tiene acceso temporal a ella. El problema ya no es económico, sino tecnológico.
El efectivo posee una ventaja sencilla pero extraordinariamente valiosa, no depende de baterías, señal telefónica, servidores informáticos ni conexión a internet. Su funcionamiento es inmediato y autónomo. Precisamente por ello sigue siendo relevante incluso en economías altamente digitalizadas.
Sin idealizar al efectivo, su uso implica costos de transporte, almacenamiento, seguridad y conteo. También facilita determinadas actividades informales -57% del empleo en México es informal- y dificulta ciertos mecanismos de fiscalización. Por ese motivo, el avance de los pagos digitales representa una mejora importante para la economía en su conjunto.
Las tecnologías realmente superiores suelen imponerse por mérito propio. El automóvil desplazó gradualmente al caballo, el correo electrónico redujo el uso del correo tradicional y los teléfonos inteligentes absorbieron las funciones de numerosos dispositivos. Ninguno de estos cambios requirió prohibiciones masivas u obligaciones legales para consolidarse.
La misma lógica debería aplicarse a los medios de pago. Si los sistemas digitales resultan más rápidos, seguros y económicos, los consumidores los adoptarán voluntariamente. La permanencia del efectivo no debería verse como una amenaza para la innovación, sino como una alternativa de respaldo mientras la transición se completa.
Desde esta perspectiva, la verdadera inclusión financiera consiste en agregar opciones. Cuando se elimina una opción existente, el número de alternativas disminuye. Si el efectivo desaparece como medio práctico de pago, la digitalización deja de ampliar libertades, comienza a restringirlas y se vuelve indubitablemente excluyente.
Peligra nuestra privacidad. Cada pago electrónico genera información, cuánto gastamos, dónde compramos, a qué hora realizamos una operación y con qué frecuencia frecuentamos determinados establecimientos. Estos datos pueden ser útiles para prevenir fraudes, otorgar crédito y mejorar servicios financieros, pero también constituyen información valiosa sobre nuestros hábitos cotidianos, ya controlados con los registros telefónicos.
Por ello, cualquier estrategia de expansión de pagos digitales debe ir acompañada de sólidas garantías de protección de datos, ciberseguridad, transparencia y límites claros respecto al uso de la información personal, condiciones que no existen en la actualidad. Modernidad y privacidad no deberían considerarse objetivos incompatibles.
DE FONDO
Para la economía, otro tema recurrente es la preocupación sobre una posible relación entre dinero digital e inflación. En teoría, el dinero digital, por sí mismo, no genera inflación. Si una persona paga cien pesos en efectivo o transfiere esos mismos cien pesos desde una aplicación bancaria, la cantidad de dinero existente en la economía permanece igual. Solo cambia el medio utilizado para efectuar la transacción.
Lo que sí puede ocurrir es que ciertos instrumentos digitales vinculados al crédito aumenten temporalmente la capacidad de gasto de consumidores y empresas. Tarjetas de crédito, financiamiento instantáneo o líneas de préstamo pueden estimular el consumo sin aumentar la producción.
México necesita avanzar hacia un sistema de pagos más moderno, eficiente y accesible. La digitalización es una herramienta poderosa para impulsar la productividad, mejorar la inclusión financiera y reducir costos económicos. Negarse a ello sería ignorar una transformación tecnológica que ya está ocurriendo.
DE FORMA
El éxito de esta transición no debería medirse por la desaparición del efectivo, sino por la capacidad del sistema para ofrecer mejores alternativas sin excluir a nadie. El principio podría resumirse de manera sencilla, digital primero, efectivo disponible. Promover la tecnología, ampliar la bancarización, reducir comisiones, fortalecer la educación financiera y garantizar conectividad, sin eliminar de forma prematura una herramienta que millones de personas todavía necesitan.
Al final, la verdadera señal de progreso no será que el efectivo desaparezca por decreto o con fines de control o de expansión monetaria disfrazada. Una democracia exige que millones de ciudadanos decidan dejar de utilizarlo porque encontraron opciones mejores, más seguras, más cómodas y más confiables. La modernización auténtica no obliga, convence. Y una tecnología alcanza su madurez cuando las personas la adoptan porque les resuelve problemas, no porque ya no les queda otra alternativa.
DEFORME
Antes el problema era no tener dinero. Ahora puede ser tenerlo, pero sin batería…