COMPLICIDAD DE AUTORIDADES AGRARIAS Y TRAFICANTES DE SUELO, SON SINÓNIMO DE DESPOJOS DE TIERRA: CHAVARRÍA SÁNCHEZ

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Arturo Chavarría Sánchez, cuarto regidor de Toluca, advirtió la importancia de que la federación, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional realicen una reforma a la legislación agraria, con el objetivo de dar certeza jurídica a campesinos y ejidatarios, y retomar el aprovechamiento de tierras, aguas y bosques, “para poder tener un mejor desarrollo en nuestra nación, y a la vez, garantizar la alimentación para todos los mexicanos a través del campo”.

Adicionalmente, destacó, es fundamental realizar constante examen a los juzgadores en los Tribunales Agrarios, “para que no se vuelva un asunto parcial a favor de los que tienen el dinero, y en perjuicio de los que son dueños de las tierras, pero son de escasos recursos y terminan siendo despojados”.

Chavarría Sánchez apuntó que el 50 % del territorio se constituye en tierra social, con 196 millones de hectáreas que son propiedad de la nación y 97 millones de hectáreas que son propiedad social, en el sureste, centro y norte de la República Mexicana.

Así, pese a que existen decretos presidenciales, gacetas y planes definitivos, estos quedan en la letra, pero no se cumplen físicamente, lo que da pie a problemas agrarios. “Cuando hay problemas o conflictos, hay que irnos a los tribunales agrarios, entonces hay que hacer un escrito inicial de demanda ante el Tribunal Agrario, luego se emplaza al demandado, viene la contestación de la demanda; luego se tiene que abrir la audiencia de parte de los tribunales; el recibimiento de pruebas y la sentencia por parte del Tribunal Agrario”, señaló Chavarría Sánchez.

No obstante, aunque suena sencillo se convierte en un “viacrucis”, pues “lo que debe ser muy objetivo, concreto y directo, se alarga porque, como se dice en el medio, se chicanea o se botea para que se vaya a más largo los asuntos y así perjudica mucho a los afectados”, advirtió

Otra de las problemáticas, señaló, se presenta cuando se abre la audiencia por parte del Tribunal y las partes exponen sus pretensiones, pues desafortunadamente, autoridades de diferentes niveles o hasta notarios, se prestan a cuestiones apócrifas para hacer grandes simulaciones que terminan en despojos.

Por otro lado, aunque el Tribuna exhorta a las partes a una composición amigable, lo más común es que se presenten conflictos en la interpretación de la ubicación. Así, debido a las impugnaciones, estos asuntos se llevan muchísimo tiempo, vienen las invasiones y los despojos, “y a veces el que tiene más dinero, es el que mueve los aspectos jurídicos, pero de manera ilegal”.

En este sentido, a fin de frenar los despojos, Chavarría Sánchez refirió que es fundamental que intervengan profesionales con mayor ética, desde técnicos, así como proyectistas y abogados, “para que realmente defiendan el patrimonio de muchos campesinos que heredaron estas tierras”.

Chavarría Sánchez también destacó el papel del Municipio, pues refirió que los Planes de Desarrollo Urbano de los Municipios deben establecer la tenencia de tierras, respetando terrenos ejidales y comunales, a fin de que el crecimiento urbano se dé con orden, con certeza jurídica y bienestar para todos, logrando a su vez, frenar invasiones, compras silenciosas y despojos.

Citó como ejemplo el propio municipio de Toluca y los colindantes como Zinacantepec, Almoloya, Temoaya, Otzolotepec, Metepec y Lerma, en los cuales hay mucho ejido y se ha detectado que traficantes de suelo abusan de ejidatarios y campesinos, “llegan a comprar sus tierras, que no pueden venderse porque no son para ese fin, y desafortunadamente surgen los grandes desarrollos habitacionales, comerciales, turísticos, industriales y educativos. Desgraciadamente, mucha gente pierde así su patrimonio por falta de información y por falta de una buena defensa”, lamentó.

Y es que aunque existe la opción de contar con el apoyo de un defensor de la Procuraduría Agraria, este resulta insuficiente para dar atención a todos los asuntos, pues existen más de 32 mil 150 núcleos agrarios en toda la república; 29 mil 770 ejidos; 2 mil 394 comunidades y 5.5 millones de ejidatarios y comuneros posesionarios avecindados.