+ Entre Menos Voces, Más Limitada es la Libertad de Expresión; El Bando en Toluca prioriza justicia cívica y deja atrás las divisiones; Foros de Consulta en destinos turísticos en Yucatán
La frase:
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
VIRGINIA WOOLF
EL DETALLE: Este martes 6 de febrero se inician en Mérida, Yucatán, los Foros de Consulta en los destinos turísticos, con el objeto de escuchar las propuestas de los empresarios locales y su visión para sus destinos, comandados por la responsable de ese rubro Bettina Benítez González, en el trabajo político que desarrolla Xóchitl Gálvez.
EL BANDO MUNICIPAL DE TOLUCA
En lo político, el Bando Municipal de Toluca 2024: prioriza por primera vez, la visión de la justicia cívica, promueve el respeto a las tradiciones indígenas, “incluso el representante indígena tendrá derecho a voz en el Cabildo, cuando se traten asuntos de su competencia”, dijo el presidente Municipal de Toluca Juan Maccise Naime.
En lo social, dejar atrás las divisiones y trabajar juntos por el bien común, representa un homenaje a la herencia que nos precede, que se convierte en un testimonio tangible de la importancia de la participación ciudadana.
En lo económico, un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos, aprobado por unanimidad y casi con un mes de anticipación, un presupuesto más responsable, social y realista y no contempla ningún endeudamiento.
Además, en el evento de promulgación del Bando, Maccise reconoció la valiosa contribución de los integrantes del Cabildo quienes, con su vocación de servicio, honraron cabalmente el espíritu democrático, lo que motivó a que este ordenamiento jurídico y humanamente perfectible, resulte adecuado a la realidad de la ciudad y se revela como pilar de la modernización de las instituciones municipales de esta gran capital.
Entre Menos Voces, Más Limitada es la Libertad de Expresión
Una de las expresiones más claras de los gobiernos autoritarios, es buscar limitar al máximo las voces que se expresen en el espectro de la comunicación social, para imponer su voz como la única verdad y la realidad que debe ser aceptada por la mayoría, lo cual, a final de cuentas, se traduce en una clara limitación a la libertad de expresión a los comunicadores y a la sociedad en general.
Al respecto, Camila Leite y Agneris Sampieri; la primera, abogada experta en Derechos Digitales y Telecomunicaciones en el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec); y la segunda, analista de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe en Access Now, explican que, en un contexto en que las plataformas son controladoras del acceso a la información y moderadoras de lo que se permite o no, como discursos en sus espacios, necesitamos medidas para equilibrar ese poder que permita asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial, la libertad de expresión.
Recordaron que, antes del auge del Internet, en México y en América Latina, había una problemática generalizada para la democracia: sólo unos cuantos medios de comunicación, muchos de ellos influidos por la manera en que se asignaban los recursos de publicidad oficial por parte del Estado, concentraban poder de informar a las personas.
Estos vicios han dejado una huella pesada en momentos históricos determinantes. Basta con recordar cómo los medios de comunicación abordaron la matanza de Tlatelolco (1968) desde la versión oficial en la que se negaban las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes y manifestantes por parte de militares; pero, ¿qué tiene que ver la concentración del poder de informar con las medidas de competencia económica?, se preguntan.
Explican que la evolución de las tecnologías de la información y comunicación han permitido restar los efectos y alcances del oligopolio de la información de los medios trasnacionales de comunicación y han modificado la forma en que, como sociedad, nos informamos y accedemos a la información.
Ya no son diálogos unidireccionales donde las personas sólo reciben y consumen información a través de la radio y la televisión; ahora es a través de las plataformas digitales –como las redes sociales– que las personas podemos responder y ser agentes activos en la creación, diseminación y discusión de la información.
Es así que los contenidos generados por la ciudadanía mediante estos espacios digitales muchas veces contrastan y permiten hacer frente a las narrativas oficialistas difundidas por el poder económico y político.
No obstante, ante la relevancia que algunas plataformas de redes sociales tienen en la arena pública y posicionando la información que puede (o no) circular a través de ellas, es importante que éstas asuman responsabilidades determinantes para garantizar un mejor servicio a las personas usuarias, dado que las plataformas tienen un gran poder sobre la diseminación de contenidos y han establecido sus propias reglas del juego a través de sus términos y condiciones. Es por ello que, con ese gran poder sobre la información, deberían venir grandes responsabilidades.
Las especialistas precisan que el derecho de competencia económica se ha centrado tradicionalmente en una visión enfocada casi exclusivamente en la eficiencia, asegurando que los mercados operen libremente y que las personas consumidoras tengan opciones de productos y servicios para elegir libremente aquellos que más les convengan.
Reconocen, sin embargo, que este enfoque puede ser insuficiente, limitado al impacto económico o no contemplar las implicaciones sociales del ejercicio abusivo del poder económico. Eso también ocurre con relación al dominio de las grandes plataformas digitales que moderan contenidos en el análisis de posibles abusos de su poder económico, además de que las lentes tradicionales del derecho de la competencia desprecian su impacto al respecto y a la garantía de los derechos humanos.
Por todo ello, recomiendan medir nuevos parámetros de interpretación de las leyes en materia de competencia económica, dado que el poder de las grandes plataformas digitales afecta la dinámica competitiva de los mercados e incide, también, en el ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, si buscamos mercados más dinámicos, competitivos y respetuosos con los derechos humanos y la libertad de expresión, esos elementos de ejercicio de poder, también necesitan ser considerados.
Si damos una mirada global, en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por su siglas en inglés) representan un paso significativo hacia el reconocimiento de la intersección entre competencia y libertad de expresión, pues la DSA impone obligaciones de transparencia y libertad de expresión, exigiendo que divulguen sus políticas de moderación de contenido y sus sistemas de clasificación algorítmica; en tanto que la DMA pretende frenar las prácticas anticompetitivas de las plataformas digitales preponderantes, como la auto preferencia y limitaciones en el compartimiento de datos.
Con estas nuevas regulaciones europeas pretenden fomentar un ecosistema digital más equilibrado, en el que las grandes plataformas digitales sean responsables de sus acciones y que sus usuarios tengan mayor protección y libertad para expresarse.
Concluyen que necesitamos medidas para equilibrar ese poder que permita asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial de la libertad de expresión; pero mientras la Unión Europea camina en sentido correcto, en México tanto las plataformas digitales, pero en especial un gobierno centralista y autoritario parecen empeñados en controlar, ¿no le parece a usted, estimado lector?