ALFREDO DEL MAZO, GOBIERNO AUSENTE QUE NO CUMPLIÓ

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El gobierno estatal de Alfredo del Mazo, concluye detonando un nulo interés e indiferencia hacia los mexiquenses en temas sustanciales como la seguridad, hay impotencia de saberse vulnerable ante el avance de la delincuencia y la ausencia de un gobierno que no cumplió con su obligación de garantizar la vida afirmó el diputado Gerardo Ulloa Pérez, al plantear su posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, en el análisis del sexto informe del exgobernador.

Durante sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio Constitucional, el legislador expresó, después de 6 años queda poco por decir, año con año, en la Glosa del Informe se dice que las cosas están mejorando, se enseñan números e indicadores que pretenden evidenciar que existía una reducción en la incidencia delictiva, pero en la percepción de los mexiquenses sigue prevaleciendo la sensación de miedo y de inseguridad, así como la impotencia de saberse vulnerable ante el avance de la delincuencia y la ausencia de un gobierno que no cumplió con su obligación de garantizar la vida, la integridad y libertad, los bienes y el patrimonio de la población, así es como concluye el gobierno.

En el pleno, enfatizó es necesario revisar y constatar el estado que guarda la administración pública, porque un gobierno basado en apariencias, ocurrencias o improvisaciones, nunca tendrá resultados fuertes. Muestra de ello, en lo que se refiere al fortalecimiento de infraestructura médica y hospitalaria, en el informe se reportan 960 unidades rehabilitadas, pero no se dice nada de la omisión a la infraestructura médica que consta de 8 hospitales inconclusos en diferentes municipios.

Subrayó, el equilibrio de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para la democracia y la estabilidad de las instituciones, el diálogo como hilo conductor de la política permite la retroalimentación y fortalece los acuerdos, la función como legisladores es y debe ser siempre representar a los ciudadanos en un marco de concordia y respeto.

En torno al último año de gestión del ex mandatario estatal, la situación financiera de la administración pública no se encuentra como lo señala el sexto informe de gobierno, tan solo, la deuda financiera ha sido cuestionada por acelerar su crecimiento, opacidad y poca transparencia en el destino de los recursos que se han obtenido por este medio, que tendría que destinarse a la inversión pública productiva, dijo.

El legislador de la 4T, también hizo referencia al rezago educativo con impacto en la pobreza laboral, a la queja de la venta de plazas y la asignación arbitraria de estas, son acciones que resonaron con mayor frecuencia este año y el magisterio advertía con temor a ser perseguidos por denunciar las injusticias sobre el cuestionable ingreso y promoción. A la vez que, cuestionó las condiciones y falta de claridad en el avance en el compromiso de las 4 mil 909 escuelas afectadas por el sismo 2017.

Gerardo Ulloa, señaló que a pesar de la estrategia de seguridad en el transporte público que implementó la administración estatal 2017-2023 basada en la utilización de GPS, botón de pánico y videocámaras en más de 21 mil unidades del transporte público y la implementación de 49 mil operativos los mexiquenses siguen teniendo miedo en utilizar los colectivos.

Enfatizó, en materia de seguridad solo se adoptaron medidas paliativas de respuesta tardía y de escaso alcance con los centros de refugio, así como su fallido esquema de ciudades de las mujeres que no cuentan con el acompañamiento interinstitucional permanente para la defensa real en todos los casos, parece que el interés del gobierno solo fue mostrar metas, pero no resultados.

En el último año, el Sistema Penitenciario presentó casos de abuso de autoridad, falta de atención a las circunstancias bajo las que se encuentran los internos, no hay evidencia ni se describe el destino de los recursos asignados para realizar labores de mantenimiento y se vio envuelto en violaciones a los derechos humanos de parte de los servidores públicos que allí laboran, falta de inversión para mejorar las condiciones en las que se encuentran los penales, la extorsión a los familiares en el día de visita, así como restricciones para impedir que la Comisión Especial del Sistema Penitenciario realizara visitas de trabajo, concluyó.