+ Ana Muñiz Neyra, se sacó la rifa del Tigre con la seguridad de nuestro valle; ¿Qué inteligencia utilizaron para atrapar al “Jardinero”? ¿Quién paga la “Manita de gato” del Pasaje Curi?
La frase:
Hoy más que nunca cobra vigencia aquello de que no sólo es bueno poner el huevo sino también cacarearlo.
REFRÁN POPULAR
EL DETALLE: El Gabinete de Seguridad Nacional reconoció que la captura de Audias Flores, alias El Jardinero, se apoyó en intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses, pero subrayó que el operativo fue ejecutado exclusivamente por fuerzas mexicanas, según el titular de Seguridad en México, Omar García Harfuch.
No sé por qué pero me recuerda el relato de Armando Ramírez quien señala que en la banqueta, entre burlas y medias sonrisas con su inseparable teporocha en la mano, Chin Chin cuenta su historia de cuando aún se llamaba Rogelio, se trata del relato dispar basado en el habla popular, sin embargo Omar García Harfouch me lo recuerda y también el título del libro: Chin Chin el teporocho y todos juntos, comieron chicharrón.
LA PREGUNTA: El famoso pasaje Curi en el centro de Toluca es un lugar privado. Cierto que tiene una historia en la ciudad, pero es privado. El alcalde Ricardo Moreno anunció que casi se terminó la renovación de dicho pasaje para impulsar al comercio local.
¿Cuánto le costó al Ayuntamiento que preside? ¿Acaso no es obligación de los dueños de los locales, que para eso cobran rentas, por cierto, no muy baratas?
Si pagó el Ayuntamiento, a ver qué día pasa a las casas particulares, aunque no sean emblemáticas, pero que se requiere una manita de gato. Digo, para que todo sea parejo.
ANA MUÑIZ NEYRA Y EL MIURA QUE LE DEJARON
La designación de Ana Muñiz Neyra como presidenta del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 14 Toluca para el periodo 2026, realizada durante la Quinta Sesión ordinaria en Ciudad Mujeres, San Mateo Atenco, expone la dualidad que enfrenta el Valle de Toluca: la consolidación de estructuras institucionales frente a una realidad de violencia persistente.
Si bien la Mesa Directiva, ahora integrada por Muñiz Neyra en la presidencia y Jazmín Delgado López, alcaldesa de Chapultepec, en la vicepresidencia, destaca una reducción regional del 23% en delitos de alto impacto, según el balance de las administraciones municipales las cifras oficiales contrastan con la percepción ciudadana y la naturaleza de los delitos que siguen lacerando a la región.
El cónclave, que reunió a los ediles de Toluca, Metepec, Calimaya, Mexicaltzingo y Almoloya de Juárez, se enfocó en resaltar los avances en la disminución de delitos comunes, pero mantuvo en la sombra la incidencia de homicidios y feminicidios que continúan documentando en diversos medios de comunicación.
Esta omisión sistemática en los reportes públicos de seguridad se suma a una problemática creciente y alarmante: la desaparición de personas, que afecta con especial saña a la población joven de la zona metropolitana.
Así, mientras la coordinación entre los tres niveles de gobierno se presenta como un logro administrativo regido por la Ley de Seguridad del Estado de México, el reto para la presidencia del Consejo trasciende la gestión de estadísticas favorables; la verdadera deuda de este órgano de coordinación para 2026 radica en transparentar y atender frontalmente los crímenes de género y las ausencias forzadas que las narrativas oficiales prefieren no mencionar.
La política mexiquense atraviesa un momento de prioridades contrastantes que despiertan un debate legítimo sobre la jerarquía de las crisis estatales.
Mientras el Estado de México se consolida como un referente en legislación animalista bajo el impulso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el respaldo de figuras como José Alberto Couttolenc del PVEM, la ciudadanía percibe un vacío peligroso en la atención a los delitos de alto impacto.
La reciente aprobación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal no es un avance menor; integra 17 iniciativas y establece castigos severos que van desde multas de 35 mil 193 pesos por tortura hasta penas de 15 años de prisión en casos graves.
Esta respuesta legislativa busca mitigar una realidad cruda en una entidad con 2.5 millones de animales de compañía en situación de calle, intentando revertir el deshonroso lugar que ocupa el país en maltrato animal.
No obstante, esta eficiencia parlamentaria choca frontalmente con la parálisis o el oportunismo político en temas de seguridad humana. Resulta contradictorio que, mientras se celebra la protección a los seres sintientes, iniciativas cruciales como la ley ciudadana contra la violencia química se vean frenadas por disputas de autoría entre legisladoras de Morena y organizaciones civiles como la Fundación Carmen Sánchez.
Esta desconexión sugiere que la clase política ha encontrado en la causa animalista un terreno fértil para el consenso y la buena prensa, mientras que los temas que desangran a la sociedad, el secuestro, la extorsión, el homicidio y, especialmente, el feminicidio, permanecen en una espiral de impunidad.
La urgencia de proteger a los animales es innegable, pero no debe servir como un distractor ni como un sustituto de la obligación primaria del Estado: garantizar la vida y la integridad de las mujeres y ciudadanos que hoy, ante la burocracia y el celo partidista, parecen valer menos que la narrativa del bienestar animal.